Elementos para una valoración de la real situación en Venezuela

Publicado en Ago 10, 2017 - 8:07pm [1.511 lecturas] .

Programa Internacional Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL.

agosto de 2017

1         Origen del conflicto en Venezuela.

La fase actual del conflicto en la República Bolivariana de Venezuela se origina en la contundente victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015, en las que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se adjudicó 112 de los 167 diputados, con el 56.22% de votos, constituyendo así una mayoría cualificada. De esta forma, se produciría un conflicto de poderes del Estado, con el Poder Legislativo en manos de la MUD, y el Ejecutivo continuando bajo dominio del Gran Polo Patriótico o las fuerzas adscritas a la familia chavista.

Este es un fenómeno, conocido como “gridlock”; se da con frecuencia en los sistemas con separación de poderes y no reviste mayor complejidad, siempre que se cuente con una institucionalidad democrática. En Venezuela, esto no se cumple del todo y no por injerencia del Ejecutivo, sino por la decisión de la oposición, valiéndose de su mayoría en la Asamblea Nacional, de no respetar la separación de poderes y quebrantar la Constitución Bolivariana y el Estado de Derecho, generando una profunda crisis de la institucionalidad política.

Así, la Asamblea Nacional se encuentra actualmente en desacato continuado a las decisiones y sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, iniciado con la incorporación de 3 personas (diputados) sobre cuya elección pesa la impugnación por prácticas ilegales, y cuya proclamación fue suspendida por la sentencia 108 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Juicio. A pesar de ello, la Asamblea Nacional de mayoría opositora los incorporó en julio de 2016, contraviniendo las prohibiciones establecidas en las sentencias 808 y 952 de La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declarándose en rebeldía. Esto implica la invalidez de cualquier acto de la Asamblea Nacional mientras se encuentre en rebeldía, cesando en el momento en el que desincorpore a los supuestos Diputado por el Estado Amazonas.

Adicionalmente, la Asamblea Nacional realizó un proceso de “juicio político” a Nicolás Maduro, un procedimiento inconstitucional por cuanto esa figura no existe en la Constitución. Esta actuación tuvo como consecuencia, de nuevo, el pronunciamiento del TSJ, quien a través de la sentencia 948 prohibió continuar con ese proceso. Una vez más, la Asamblea Nacional obvió la decisión del Tribunal Supremo, incurriendo en desacato a las decisiones judiciales.

La estrategia de la oposición fue presionar para que se produjeran elecciones presidenciales adelantadas, envalentonados por la victoria en las parlamentarias y por la situación económica ciertamente difícil del país y que ha afectado la base social del chavismo.

El gobierno, sin embargo, apunta a mantener el cronograma legal, que marca como término del actual mandato principios de 2019, con la esperanza de que suba el precio de petróleo y se pueda paliar la crisis, lo que generaría más apoyo en un proceso electoral.

Aquella decisión de la oposición de incorporar los diputados y artificialmente crear esta crisis constitucional representó la continuidad de su comportamiento antidemocrático habitual, con el cual pretendía sacar del poder al presidente con métodos extra-constitucionales. Ha apelado a EEUU y a la OEA con esta crisis para presionar al Presidente Maduro con los poderes externos de una forma que no puede hacer usando los poderes internos propios de la institucionalidad democrática.

La agenda injerencista de Estados Unidos ha existido desde el día uno de la llegada al poder de Hugo Chávez en 1998. Cristalizó claramente con el golpe de Estado de 2002, llevado a cabo y avalado, por cierto, por los mismos personajes políticos que hoy son proclamados defensores de la democracia en Venezuela. En la actualidad, escaló con la aplicación de sanciones por parte de la Administración Trump a Venezuela y a algunos funcionarios venezolanos, incluido el Presidente Nicolás Maduro. A ello se unen las declaraciones realizadas el 2 de agosto de 2017 por el Secretario de Estado Rex Tillerson, en las que reconoce abiertamente que las diversas agencias de inteligencia de Estados Unidos están estudiando la forma de obligar al Presidente Nicolás Maduro a abandonar el poder. Sin embargo,  siguen considerando al Gobierno bolivariano como único interlocutor válido. Incluso, el Congreso de los Estados Unidos solicitó al Presidente Trump que reconsidere las posibles sanciones energéticas con las que se ha amenazado sancionar a Venezuela, debido al potencial impacto económico que representarían esas medidas, teniendo en cuenta que Venezuela es el tercer mayor proveedor de petróleo de EEE.UU.

2         Objetivos de la Asamblea Nacional Constituyente

Los objetivos que mediaron para la convocatoria de la Asamblea Constituyente se pueden resumir en los siguientes:

  • Ganar la paz y reafirmar los valores de la justicia a través de un diálogo nacional;
  • Ampliar y perfeccionar el sistema económico de Venezuela basado en la productividad, la diversificación y de carácter integrador, con el fin de avanzar al modelo postpetrolero;
  • Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones creadas por la Revolución Bolivariana;
  • Constitucionalizar los nuevos elementos de justicia severa en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en todas sus formas para garantizar la seguridad y protección del pueblo;
  • Constitucionalizar las comunas y consejos comunales;
  • Dar espacio a nuevas formas de democracia protagónica, participativa y directa;
  • Defender la soberanía nacional y rechazar el intervencionismo;
  • Agregar un capítulo sobre derechos y deberes de la juventud venezolana;
  • Trabajar para prevenir los efectos del cambio climático.

No se trata, por tanto, de modificar los pilares esenciales de la Constitución de 1999, sino de buscar su ampliación a través de la incorporación de elementos constitutivos del corazón de las conquistas del pueblo venezolano de los últimos 17 años.

Los primeros días postelectorales están mostrando la eficacia interna de la estrategia constituyente. La violencia política en las calles ha cesado, no se han registrado mayores incidentes. La oposición está fuertemente golpeada y dividida ante los caminos a tomar, sobre todo cara a las próximas elecciones regionales a Gobernadores. El plan de constituir un gobierno paralelo desde la Asamblea Nacional fracasó. El partido opositor  Acción Democrática ya anunció que va a inscribir a 23 candidatos el martes 8 de agosto a las elecciones regionales.

Adicionalmente, y tras ser llevado de nuevo al centro penitenciario como consecuencia de quebrantar las condiciones de su arresto domiciliario, que incluyen la prohibición de realizar apariciones y llamados públicos, el líder opositor Leopoldo López, fue trasladado de regreso a su casa, lo cual representa un claro indicio de que el diálogo entre Gobierno y oposición  se está retomando.

3         Fiabilidad de los datos entregados por el CNE

El actual sistema electoral venezolano ha sido calificado en numerosas ocasiones como el más confiable del mundo, por parte de diferentes entes y organismos internacionales, entre ellos el Centro Carter, del ex presidente estadounidense Jimmy Carter, dedicado a la observación electoral.

El proceso cuenta con mecanismos de auditoría en todas sus fases, observados por el acompañamiento internacional también en esta ocasión de elecciones a la Asamblea Constituyente. Así lo ha manifestado la misión de acompañamiento electoral del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), emitido el 30 de julio de 2017.

Es importante destacar que la misión de acompañamiento estaba compuesta por ex presidentes de organismos electorales o tribunales electorales de El Salvador, Colombia, Perú y Honduras, es decir, países que a priori, no se encuentran alineados con la revolución bolivariana.

El informe aporta elementos importantes como fundamentos jurídicos y legales de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y el procedimiento electoral, mencionando los artículos 70, 236.1, 347 y 348 de la Constitución Política, así como el objetivo de garantizar la preservación de la paz del país ante las circunstancias sociales, políticas y económicas del país.

En cuanto a las últimas declaraciones del CEO de SMARTMATIC, afirmando la manipulación del dato de participación, es decir la no coincidencia entre los datos que arroja el sistema y los datos publicados por el CNE, hay que destacar algunos  elementos:

  • Smartmatic no ha entregado ni una sola prueba que respalde su afirmación.
  • La empresa tiene intereses en EEUU, donde ha estado a cargo de las elecciones primarias del Partido Republicano en varias circunscripciones.
  • Jorge Rodríguez, en representación del comando chavista, solicitó al CNE la auditoría del 100% de los votos.
  • El CNE ha negado cualquier posibilidad de manipulación y ha exhortado a la empresa a mostrar las pruebas.

4         Balance de víctimas fatales a consecuencia de la violencia política provocada por la oposición

Actualizada a fecha 28 de julio de 2017, se puede consultar en la página del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información la investigación periodística titulada “Víctimas fatales de la violencia política abril-julio 2017”, cuyo objetivo es “con base en fuentes oficiales y medios de comunicación social contribuir a clarificar la verdad que esconden las cifras y declaraciones lanzadas al voleo en el debate político.” Esta no se refiere a lesionados, ni heridos ni daños materiales y psicológicos a la población.

A grandes rasgos, la investigación recoge la existencia de un total de 137 víctimas mortales, y establece dos categorías de estas:

  • (A) Víctimas que hacían parte activa de manifestación contra el Gobierno, las cuales ascienden a 43 o el 31%.
  • (B) Víctimas ubicadas fuera de manifestación contra el Gobierno, las cuales ascienden a 94 o el 69%.

En esta segunda categoría se establecen varias subcategorías: víctimas quemadas vivas (2); víctimas de linchamiento (1militar retirado); víctimas de impacto de objeto contundente (1); víctimas en viaducto Campo Elías (3militantes del PSUV); víctimas de sicariato (5), entre estos un ciudadano chileno; víctimas en barricadas (17); víctimas electrocutadas en saqueo (9); víctimas que el Ministerio Público no describe como manifestantes (16); víctimas que no manifestaban contra el Gobierno, según familiar o testigo (29); víctimas degolladas (1).

Por ocupación, las víctimas fatales se distribuyen de la siguiente manera: cincuenta (50) eran trabajadores, veintiún (21) estudiantes universitarios, nueve (9) estudiantes de educación media, catorce (14) comerciantes, nueve (9) integrantes de cuerpos de seguridad del Estado, tres (3) deportistas, cinco (5) profesionales, tres (3) servidores públicos, un (1) juez de la República, dos (2) militares retirados, tres (3) jubilados y diecisiete (17) personas de las cuales no se ha podido precisar su ocupación.

Las fuentes utilizadas en la investigación periodística son los datos oficiales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (informes, notas de prensa twitts y declaraciones de prensa.

5         Decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente durante su primera sesión.

La Asamblea Nacional Constituyente realizó el sábado 5 de agosto de 2017 su primera sesión, durante la cual tomó las siguientes decisiones:

  • Conformar una comisión que definirá el estatuto de funcionamiento de la Asamblea Constituyente, con base en el que rigió para la Asamblea Constituyente de 1999.
  • Poner un máximo de dos años para el funcionamiento de la ANC.
  • Designar a Delcy Rodríguez como presidenta de la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas, encargada de investigar los crímenes cometidos bajo las acciones sediciosas de la derecha. Recuérdese que Delcy Rodríguez jugó un papel importante en las negociaciones que llevaran a la excarcelación de Leopoldo López con el beneficio de cumplir condena con arresto domiciliario.
  • Aprobar la destitución de Luisa Ortega Díaz como Fiscal General de la República, tras recibir la comunicación del Tribunal Supremo de Justicia, que suspende la funcionaria de ese cargo para que se someta al proceso judicial establecido legalmente,
  • Designar provisionalmente al hasta ese momento Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, como nuevo Fiscal General del Ministerio Público y aprobar por decreto de emergencia la reestructuración de esa entidad.
  • Rechazar la declaración emitida por países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur) contra Venezuela, calificada de ilegal e injerencista, junto con la resolución que suspende al país de forma indefinida del MERCOSUR.

6         A modo de conclusión

Venezuela atraviesa una situación política de alta complejidad, caracterizada por la extrema polarización. Atravesando el país una coyuntura económica hostil y desfavorable, el Gobierno de Nicolás Maduro ha visto debilitada su base social, golpeada por las condiciones económicas y sociales de mucha dificultad. Sin embargo, hastiada por estrategia de creación de caos y violencia desarrollada por la oposición – agrupada ésta en la Mesa de Unidad Democrática- la población salió masivamente a ejercer su derecho al voto en la convocatoria de elecciones a representantes en la Asamblea Nacional Constituyente, viendo en esta una oportunidad para frenar la naturalización de la violencia política, después de 100 días continuos de esta y 137 víctimas fatales.

Más allá de un número concreto, y las especulaciones sobre su precisión, es un hecho inapelable la altísima participación ciudadana en los comicios del domingo 30 de julio de 2017, auditados, acompañados y verificados por expertos electorales del continente. Algo, de lo que no puede presumir la oposición y su convocatoria de plebiscito contra la Asamblea Constituyente, realizada sin padrón electoral, sin mecanismos de seguridad, llegando incluso a la quema de todo el material electoral tras ser contabilizado, eliminando cualquier posibilidad de verificación.

Como también es un hecho cierto la campaña de manipulación que desde instancias mediáticas, económicas y políticas ha estado orquestando Estados Unidos para desacreditar en primera instancia al Gobierno bolivariano, y con el objetivo claro de provocar una salida prematura de Nicolás Maduro, por la vía que electoral o anti-democrática. Se cumplen así las palabras del senador estadounidense Hiram Johnson, quien en 1917 afirmaba que la primera víctima cuando llega la guerra es la verdad.

La verdad en este caso, es que la República Bolivariana de Venezuela ciertamente está atravesando una crisis multidimensional, cuya solución no puede ser la erradicación del otro. Por ello, cualquier actor internacional interesado en superar el conflicto debe apostar decididamente a la restitución del diálogo político. La lógica de sanciones desde la perspectiva de EE.UU, OEA o MERCOSUR no solo es injusta, sino esencialmente inútil para sus propósitos declarados, puesto que no hará sino profundizar el conflicto, así como fortalecer a lo interno al campo chavista, el cual se moviliza y consolida alrededor del Gobierno ante semejantes ataques a la soberanía del país y al proyecto bolivariano, independientemente de las diferencias internas que existan.

Por tanto, el papel que debiera jugar Chile a través de su Gobierno no es, como lo ha hecho, tomar posición en el conflicto, sino impulsar la vía constructiva del diálogo político serio, que genere condiciones de coexistencia pacífica más allá de las diferencias políticas. Un precedente notorio para ello es el rol que jugo Chile en el acompañamiento del proceso de paz en Colombia, donde, con guerra civil de por medio, Gobierno y FARC-EP consiguieron sentarse en una mesa, trazar una hoja de ruta política y llegar a un acuerdo de paz, que hoy, se está ejecutando en beneficio de millones de colombianos.

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¿Quién es Luisa Marvelia Ortega Díaz y por qué fue destituida como Fiscal General de Venezuela?

Luisa Ortega Díaz, es una abogada venezolana de 59 años, oriunda de Valle de la Pascua, estado Guárico. Durante muchos años se dedicó a la docencia  en la Universidad Santa María (privada) y al ejercicio libre del derecho. Está casada con el Diputado German Ferrer, no tiene hijos propios.

Ortega Díaz ingresa al Ministerio Público (Fiscalía General), tras el Golpe de Estado de abril de 2002 al Comandante Hugo Chávez, de la mano de su coterráneo, colega y amigo, el ex Fiscal General Isaías Rodríguez, encargándose entonces de algunos de los casos de mayor relevancia política nacional, especialmente después del vil asesinato del Fiscal Danilo Anderson (cuya causa fue archivada por orden de la ex Fiscal Ortega Díaz dejando impune ese crimen). Antes de su ingreso a la Fiscalía, Ortega fue Consultora Jurídica del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Una vez finalizado el periodo constitucional de Isaías Rodríguez al frente del Ministerio Público, este propone al Comandante Chávez y el alto mando de la Revolución Bolivariana la designación de Ortega Díaz como su sustituta, lo cual es aprobado por la Asamblea Nacional en diciembre de 2007, siendo reelegida para continuar en ese cargo en diciembre de 2014, después de completarse su primer periodo constitucional de 7 años.

Luisa Ortega Díaz, es ahora un nombre que resuena en medios internacionales que intenta imponer su pos verdad sobre Venezuela. Esto debido a que desde finales de marzo de este año 2017, se ha mostrado públicamente contraria al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, sumándose como actriz política a las filas de la oposición de derecha.

En estas ansias de figurar políticamente y de ganar indulgencias con la oposición venezolana y más aun con Estados Unidos, Ortega se empeñó en realizar u omitir acciones constitutivas de delitos y/o faltas (violaciones) graves al ordenamiento constitucional y legal vigente, por lo que terminó siendo destituida del cargo por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), una vez que el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena hubiese decidido su enjuiciamiento penal.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), presidida por el magistrado Maikel Moreno, declaró ha lugar la solicitud de antejuicio de mérito interpuesta por el Diputado Pedro Carreño contra Luisa Ortega Díaz en su condición de Fiscal General de la República, para su enjuiciamiento, por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo, de conformidad con lo previsto en el artículo 279° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22° de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y 23° numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que comprometen su responsabilidad ético-moral.

La sentencia, con ponencia de la magistrada Marjorie Calderón Guerrero, decreta la suspensión de la mencionada ciudadana como titular del cargo y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier función pública, de conformidad con el artículo 380° del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), mientras dure el proceso, a los fines determinar la existencia o no de ilícitos graves en el ejercicio de su cargo.

El Diputado Pedro Carreño, solicitó al TSJ antejuicio de mérito contra la ahora ex Fiscal por la comisión de delitos graves, a saber: “atentar, lesionar, o amenazar la ética pública y la moral administrativa”; “actuar con grave e inexcusable ignorancia de la Constitución”; y de “violar, amenazar o menoscabar los principios fundamentales establecidos en la Constitución”.  Carreño también solicitó al TSJ la prohibición de salida del país de la Fiscal y congelamiento de sus bienes como medidas cautelares que fueron acogidas por el máximo tribunal. Ortega Díaz era defendida por un equipo de abogados liderado por Ángel Zerpa Aponte, quien días después fue nombrado de manera ilegítima y espuria como Magistrado por la Asamblea Nacional (en desacato), lo que evidencia la relación existente entre Ortega Díaz y la oposición que controla la mayoría en la Asamblea Nacional.

En la Audiencia Oral de Antejuicio de Méritos, además del entonces Defensor del Pueblo Tarek Willian Saan (actual Fiscal General designado por la ANC), el Diputado Pedro Carreño expusieron sus alegatos como demandantes para fundamentar la solicitud del antejuicio de mérito contra la fiscal Ortega Díaz. Carreño insistió en que la actuación de la fiscal Ortega Díaz está ceñida al plan antagonista de presentar a Venezuela como un Estado fallido. “Se busca generar la sensación de que en Venezuela hay un conflicto de poderes, esa es la primera tarea que vino a cumplir la Asamblea Nacional, en desacato, y que recogió la señora Luisa Ortega Díaz”, expresó Carreño.

 

1.- Mentir al negar haber participado en proceso de selección de candidatos a Magistrados y cuestionar la legitimidad de la elección realizada por la Asamblea Nacional en diciembre de 2014.

Un año y medio después de que la Asamblea Nacional designase 12 magistrados principales y 20 suplentes para cubrir los cargos vacantes en el del TSJ en diciembre de 2014, la ex Fiscal Ortega Díaz señaló que esos nombramientos eran ilegítimos puesto que ella no habría participado ni dado su aval en el proceso de selección de los candidatos a Magistrados realizada por el Consejo Moral Republicano (órgano colegiado del Poder Ciudadano compuesto por los titulares del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la República).

Ortega Díaz señaló que ni ella ni la entonces Secretaria Ejecutiva del Consejo Moral Republicano habría firmado el acta de sesiones de dicho órgano en la que se habría realizado la preselección de los candidatos a Magistrados, incluso negó que el Defensor del Pueblo que presidía dicho Consejo hubiere firmado el Acta, lo cual fue desmentido por el referido funcionario quien mostró el Acta debidamente firmada por él y afirmó que Ortega Díaz si participó en dicha sesión y que si no firmó el Acta fue porque ella misma manifestó al término de la misma que estaba apurada y que se la enviasen a su Despacho para firmarla con posterioridad.

Ortega Díaz llegó incluso a impugnar la elección de estos Magistrados ante el TSJ, acusándolos de ilegítimos después de que por más de un año ella y sus funcionarios subalternos habían reconocido su legitimad al introducir distintos recursos ante ese mismo TSJ. Además de intentar anular la elección de estos Magistrados, Ortega también intentó frenar el proceso de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente con un recurso que fue declarado no ha lugar por “inepta acumulación de pretensiones”, lo que implica un desconocimiento malicioso de la Constitución y las leyes de la República.

El Defensor del Pueblo, quien presidió el Consejo Moral Republicano demostró suficientemente la participación de Ortega Díaz en la sesión ya referida e incluso en una sesión posterior que tuvo por objeto aclarar dudas y cuya acta fue efectivamente firmada por Ortega Díaz, Saab pidió entonces al TSJ que se sometiese a la ex Fiscal a un detector de mentiras o polígrafo para demostrar que mentía en sus afirmaciones de no haber participado en dicho proceso, a lo que esta se negó argumentando que no se sometería a un “TSJ ilegítimo”.

Ortega Díaz además aupó la violación del marco jurídico por parte de otras instituciones, alentando a la Asamblea Nacional a que siguiese en desacato a las decisiones del TSJ y que incluso en esa situación de contumacia efectuase designaciones ilegales e ilegítimas como la de un Vice Fiscal que ya había designado ella misma irregularmente o de 33 Magistrados que incurren a su vez en delitos de usurpación de funciones entre otros. La misma Ortega Díaz, comete el delito de desacato reiterado al negarse a acatar las sentencias del TSJ como la designación de la Vice Fiscal, su destitución del cargo y enjuiciamiento, entre otras.

Vale destacar que Ortega Díaz pretendió impugnar por supuesta ilegitimidad la elección de magistrados realizada por la misma Asamblea Nacional que la reeligió a ella como Fiscal General, incluso en el mismo mes.

 

2.- Denegación de Justicia para actos criminales y abominables en manifestaciones violentas de la oposición.

Cuando en 2014 se produjeron manifestaciones violentas impulsadas por la oposición denominadas guarimbas, se iniciaron justamente en una protesta contra Luisa Ortega como Fiscal General a las afueras de la sede del Ministerio Público (que incluso fue incendiada), a incitación de Leopoldo López y que culminaron con un saldo de 43 personas fallecidas y cerca de 1.000 heridos (víctimas de la guarimba y el golpe continuado). La entonces Fiscal persiguió equilibrada penalmente las responsabilidades de quienes hubieren cometido delitos en estos actos, así como en los vinculados al Plan golpista “La Salida”, por los que se encuentran privados de libertad Antonio Ledezma y otros dirigentes opositores además de López. También se enjuició a funcionarios policiales y militares a los que se les comprobaron responsabilidades individuales por uso excesivo de la fuerza e incluso violación de los Derechos Humanos.

Es actitud no se vio en los hechos violentos registrados en 2017 y que han cobrado la vida de más de 100 ciudadanos. Ahora que Ortega Díaz se ha cuadrado con la oposición, la actitud de la Fiscalía ha sido otorgar total impunidad a los abominables actos violentos y vandálicos impulsados por la oposición, incluyendo el linchamiento y quema de personas por ser o parecer chavistas. Ante detenciones efectuadas por cuerpos de seguridad del Estado incluso en situaciones de flagrancia la actuación de la Fiscalía al mando de Ortega Díaz fue la de pedir la libertad plena de los acusados, lo cual constituye un acto de denegación de justicia y por tanto una violación de Derechos Humanos. Ortega Díaz solamente se interesó en acusar a cuerpos de seguridad del Estado de cometer violaciones de Derechos Humanos en las acciones de control de manifestaciones, que política e interesadamente comenzó a llamar como “represión”. Gracias a la inacción de Ortega Díaz, la mayoría de los autores tanto materiales como intelectuales de tan atroces crímenes siguen libres.

Entre las acciones planteadas por el nuevo Fiscal General Tareck Willian Saab para la reestructuración del Ministerio Público se incluye el relanzamiento de la Oficina de Atención a las Víctimas, la cual estuvo cerrada durante un mes y medio, mientras se efectuaban acciones violentas por sectores de la oposición que han provocado más de 100 fallecidos. La reactivación de esta oficina permite brindar una atención urgente y necesaria a las víctimas directas de delitos, trabajar de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Supremo de Justicia, el Ejecutivo y la sociedad en general.

3.- Negarse a Auditorías Administrativas ordenadas por la Contraloría General de la República.

El Contralor General venezolano Manuel Galindo, denunció que la entonces Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, entorpeció las medidas de control fiscal que inició la Contraloría al Ministerio Público (MP), en conformidad con la Constitución y las leyes venezolanas. “La Contraloría General de la República, haciendo uso de sus atribuciones constitucionales y legales ha iniciado una actuación fiscal en el MP, a las 23 fiscalías superiores a nivel estadal, al igual que entes descentralizados o fundaciones adscritas al MP, lo cual la Fiscal ha entorpecido”, afirmó Galindo.

Ante la negativa de Luisa Ortega Díaz a las acciones de control fiscal, el Contralor, explicó que el comportamiento de esta ciudadana “trae como consecuencia un procedimiento de multa, el cual será notificado a la ciudadana y demás integrantes del Ministerio Público en los próximos días”.

Como parte de las atribuciones y obligaciones que ordena la Constitución, la Ley de Controlaría General y el Sistema Nacional Control Fiscal y su reglamento, el Contralor activó el 3 de julio medidas de control fiscal al MP, con el objeto de verificar la legalidad, exactitud, sinceridad y corrección de las operaciones administrativas, financieras y presupuestarias de este ente.

La negativa a aceptar que la Contraloría General de la República haga su labor de control, hace presumir fundadamente que se pudiese estar intentando ocultar algún hecho irregular o de corrupción que la ex Fiscal no quiere que se conozca públicamente.

Una de las primeras acciones del nuevo Fiscal General, Tareck Willian Saab también será la revisión de las más de 50 direcciones que tiene el Ministerio Público, lo que representa una enorme burocratización de dicha institución y una importante carga financiera para el Estado, lo cual posiblemente era una de las múltiples razones por las que Ortega Díaz se negaba a ser auditada por la Contraloría General de la República.

Otra denuncia que es investigada es la de negociación incompatible por cuanto, una empresa del esposo de la ex Fiscal habría manejado los seguros de la institución, según ha denunciado la Constituyentista Iris Varela.

4.-  Apropiación Indebida de Avión Privado y abuso de poder.

El Poder Judicial venezolano debate actualmente sobre un avión que está bajo custodia del Ministerio Público tras haber sido incautado, ya que supuestamente es un bien adquirido con dineros de dudosa procedencia. Desde hace tres años es el avión de uso particular de la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, según fuentes del propio Ministerio Público.

En un material audiovisual, presentado por el periodista Boris Castellanos de Venezolana de Televisión, el pasado 15 de junio, se pueden apreciar los lujos disfrutados por la titular del Ministerio Público y sus allegados para asuntos personales y familiares, aun cuando un Tribunal del estado Miranda le ordenó, durante dos años, regresarlo a sus legítimos propietarios la empresa privada Inversiones Delta Sierra 2012 C.A,. Asimismo, los dueños de la aeronave denunciaron que la Fiscal había gastado más de 250 mil dólares en horas de vuelo de esta aeronave privada.

Por este caso, la ex Fiscal General Luisa Ortega Díaz habría cometido numerosos delitos mediante su investidura como funcionaria, como apropiación indebida calificada, desacato de una orden judicial y abuso de poder. Otra de las irregularidades comprobadas fue la de haber cambiado las siglas y pinturas del avión sin notificar al Tribunal competente en el caso.

Ante estos hechos, la ex Fiscal también puede ser objeto de juicio en su contra, lo que en opinión de diferentes analistas sería el motivo de las acciones judiciales interpuestas por esta en contra del máximo juzgado del país.

5.- Red de Extorsión y Chantaje de Fiscales y Directivos del Ministerio Público.

En el proceso de reestructuración del Ministerio Público de Venezuela, el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció una presunta red de extorsión y chantaje que funcionaba en este órgano del Poder Ciudadano.

Durante una rueda de prensa ofrecida en la sede principal de la institución en Caracas, reveló que fiscales y directores de la Fiscalía al mando de Luisa Ortega Díaz, cobraban determinadas tarifas en dólares o bolívares para no imputar a delincuentes o culpar a personas inocentes. Los bienes materiales también eran aceptados como pago por estos servicios fraudulentos.

“Eso lo vamos a investigar porque atenta contra la justicia y corroe el Estado de derecho”, anunció Saab, quien explicó que estas averiguaciones formarán parte de las medidas de reestructuración del MP.

“El Ministerio Público no será un Estado dentro del Estado, sino que será una casa abierta al pueblo y a la cooperación interinstitucional” con el resto de los poderes públicos, indicó. Además, expresó que buscará “restablecer la paz ciudadana” y promoverá la justicia con equidad.

Saab expresó que “la función del MP en esta nueva etapa” es para “mejorar” y “avanzar”, así como para recuperar la “credibilidad de la institución”, que en su opinión, se perdió en los últimos meses.

En días reciente el constituyentista Diosdado Cabello reveló que la Fiscalía General de la República adquirió un edificio en Maturín, estado Monagas, por la cantidad de 19 millones de bolívares en el año 2011, cuyo vendedor denunció que estaba siendo extorsionado por funcionarios de esta institución, quienes le pidieron una comisión de 3 millones de bolívares.

La también Constituyentista, Iris Varla señaló que “hay mucho dinero de por medio, son multimillonarias las sumas que ha manejado con la mafia que tiene en la Fiscalía para amparar narcotraficantes, bandidos, corruptos”. “Allí se habla de extorsión, personas afectada que denuncian a fiscales que conforman esa mafia”, amplió Varela, quien alabó a las personas decentes que existen en el MP y están luchando contra esta corrupción.

“Esa señora dirige una banda organizada, el marido de ella (el Diputado German Ferrer) con un poco de fiscales cobran vacuna, extorsionaban a la gente; eso es un secreto a voces dentro del Ministerio Público”, reveló sin ningún tapujo Varela en el programa La Hojilla de Venezolana de Televisión, luego de que esto se comprobara gracias a los testimonios de afectados por los chantajes realizados por los cabecillas de esta vergonzosa organización.

Varela confirmó que por eso es importante el proceso de auditoría que la Contraloría inició en el Ministerio Público, alertando que durante 6 meses el diputado Germán Ferrer, esposo de la Fiscal, estuvo manejando los seguros de la institución. “Germán Ferrer es un barragano, saltó la talanquera y utilizó dinero del Estado para financiar una organización política de maletín que está siendo investigada”, señaló Varela.

Por otra parte, Saab en su declaración a la prensa informó de otro hallazgo que hizo en el corto tiempo que tiene al frente de la institución. “Aquí se habla mucho del retardo procesal. Les voy a dar un dato con cifras, una gran cuota de responsabilidad del retardo procesal se debe a la inacción del Ministerio Público porque los fiscales no asisten a las audiencias”.

 

6.- Practicas Racistas.

No son pocas las denuncias de racismo que se han conocido contra Luisa Ortega Díaz, comenzando por ex funcionarios del Ministerio Público que afirman haber sido despedidos o relegados por su color de piel o apariencia física, debido a que la rubia ex Fiscal aborrece a personas de piel oscura.

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