La aprobación de legislar en educación superior

Publicado en Abr 26, 2017 - 1:38pm [404 lecturas] .

flores-240x180/AldoFlores, encargado del programa de educación de ICAL/ ¿Quién podría negar la importancia que reviste para el país la reforma de la Educación Superior? Probablemente nadie. Por eso, no solo el gobierno salió cabizbajo luego del traspié enfrentado en la votación en general del Proyecto de Educación Superior, el pasado martes once de abril, en la sesión de la  Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La secretaria de Estado y algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría ofrecieron duras palabras contra la abstención de la diputada Camila Vallejo y el rechazo del diputado Giorgio Jackson, que terminaron por costar la aprobación del proyecto entre aplausos de la CONFECH y una quimérica serenidad de los titulares de Educación y Segpres.  

Debido a la urgencia de discusión inmediata que dio el Ejecutivo al proyecto, éste fue discutido en sala el lunes recién pasado, donde por 67 votos a favor, 3 abstenciones y 41 votos en contra, finalmente fue aprobado. Esta era la última instancia cierta de avanzar en materia de educación terciaria para este gobierno, motivo por el cual no se entiende que gente que ha hecho de la educación su bandera de lucha, que ostentan un escaño gracias a ser los receptáculos electorales de la lucha estudiantil se resten y exhiban promiscuidad política votando con la derecha el frenado de la reforma. En Sala, vestidos de etiqueta lingüística, los parlamentarios del Frente Amplio esgrimen pomposas frases que dan vida a anémicos argumentos capaces de sacar un par de aplausos de la gradería estudiantil presente, impulsando erróneamente transformaciones más cercanas a la agitación y propaganda que a los consensos tan necesarios para dar respuesta a las voces del movimiento social por la educacion.

En nuestro caso: ¿Los comunistas teníamos espacio para seguir rechazando la idea de legislar? Pues no, bajo ningún motivo podríamos interrumpir el tránsito de la reforma. Pese a las críticas recibidas tras la abstención en primera instancia de la diputada Camila Vallejo, no se puede negar que con ésta decisión  jaqueó al Ejecutivo y posibilitó configurar un escenario de mayores certezas al interior de la Comisión de Educación de la cámara de diputados, sobre todo tras los anuncios de la Presidenta de la República y posterior exposición de la ministra Adriana del Piano, en Sala, previo a la votación.

Fueron diez meses de trabajo legislativo, un extenso periodo de audiencias públicas que  contó con más de cien actores invitados, de distintos sectores ideológicos y políticos, que fueron poniendo a prueba, adicionando y restando elementos a través de sus exposiciones e intervenciones. A pesar de las críticas por la división del proyecto, hoy se apuesta por superar la mediocridad con elementos concretos que permitan avanzar en la regulación del sistema y configuren un escenario adecuado para incorporar los elementos que, sin estar considerados en el texto, fueron comprometidos a través de la presentación de indicaciones y proyectos paralelos durante el tiempo que ofrecerá la discusión en particular.

Concretamente, el proyecto de ley aprobado busca regular el sistema mediante la creación de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, organismos encargos de entregar un adecuado marco para la reconcepción de un sistema donde se prohibirá efectivamente el lucro y se exigirá  la acreditación obligatoria. Justamente en materia de acreditación, además de obligatoria para todas las instituciones, el plazo presentado inicialmente para que las instituciones alcancen los estándares en las 5 dimensiones consideradas será reducido significativamente, siendo tarea de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados  pronunciarse en torno a número exacto de años que se establecerán para tales efectos.

Pese a no establecer ni especificar el mecanismo, el compromiso del gobierno es incorporar en el texto definitivo la prohibición de prácticas abusivas en las que incurren actualmente algunas instituciones que recargan indiscriminadamente los aranceles a los estudiantes pertenecientes a los deciles que no reciben gratuidad, haciéndoles pagar un costo injustificado y de paso, favoreciendo la segregación entre los propios estudiantes.

En materia de financiamiento las expectativas son altas, no tan sólo porque se comprometió el fin del CAE para este año, sino porque, además, la gratuidad en los términos que actualmente está planteada no pone fin al  financiamiento por estudiantes (voucher), por el contrario lo mantiene. Lo lógico sería que se presente una propuesta de financiamiento basal de proyectos institucionales, que permita avanzar en esta materia y profundizar la desmercantilización de la educación superior que se inició con la gratuidad. En relación al CAE lo comprometido es poner a disposición un nuevo instrumento financiero a contar de 2018, sin participación de la banca, además, de estudiar la incorporación de un plan de contingencia para los ya endeudados por el CAE.

La nueva estructura que cobijará y distinguirá la educación estatal fue anunciada por la ministra. En Sala y frente a un centenar de diputados, la ministra comentó que las líneas generales de la nueva estructura estatal ya habían sido entregadas a los jefes de bancada para su estudio y difusión. Es de esperar que el desarrollo de este proyecto de ley logre poner sobre la mesa aspectos relativos a la democratización de las instituciones y atienda el cometido de reconfigurar el rol de la Universidad como un elemento de la estructura social de cada país, aportando al diseño e implementación de un plan nacional de desarrollo que a la postre dé sentido a las transformaciones y movimientos sociales que se vienen gestando en los últimos años y dieron vida al programa de la Nueva Mayoría.

Finalmente debemos hacer carne la consigna que el fin último de la reforma no es entregar gratuidad, ni mucho menos condicionarla al crecimiento económico, sino que por el contrario, es garantizar la educación superior como bien público destinado al desarrollo de un Estado soberano. Lo anterior, supone considerar a la educación superior como un derecho individual garantizado para las personas ¿Es realmente esto lo que refleja el texto votado?  No, por eso, ante la acción de voces interesadas en mantener el statu quo del negocio educativo, como es el caso de la derecha o el Frente Amplio actuando por omisión, sólo queda exigir el cumplimiento de los compromisos que, apadrianados por la fe pública, posibilitaron la aprobación en general del proyecto bajo la promesa de avanzar hacia la consagración la educación como un derecho inalienable a las personas y al servicio del país.

 

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