Argumentos para desmunicipalizar

Publicado en mar 16, 2017 - 6:29pm [551 lecturas] .

-fZTw5jh/Mario Domínguez Castro. Director Área de Desarrollo Social y Participación. ICAL/. El proyecto de Nueva Educación Pública (NEP) es sin dudas la reforma clave de este periodo de transformaciones estructurales que está viviendo la educación chilena. Sus implicancias son más amplias que en educación superior y de mayor vínculo con la realidad urgente de miles de familias chilenas. La municipalización hecha en dictadura agudizó las desigualdades, junto con golpear a los sectores de mayor vulnerabilidad socioeconómica condenó al mundo rural a la falta de oportunidades.

La propuesta que hoy se discute en el Senado es un mínimo absolutamente necesario. Una nueva institucionalidad descentralizada y de giro único, cuya labor exclusiva es la administración educacional, sin dependencia de los ciclos electorales y con atribuciones técnicas y financieras para la intervención en las escuelas, liceos y jardines infantiles VTF. Los 67 Servicios Locales de Educación (SLE), que en promedio abarcarán 4 comunas cada uno permitirán una mejor distribución de los recursos, economía a escala necesaria mientras no se haya cambiado el perverso sistema de financiamiento por asistencia media que no discrimina entre lo público y el privado subvencionado.

Especial relevancia tiene la Dirección de Educación Pública (DEP) -alojada en el MINEDUC-, ente orientador del sistema, que, si bien busca incorporar a las comunidades a las definiciones educativas del territorio, tiene la labor de desarrollar convenios y planes para el mejoramiento del sistema en su conjunto. Mediante la DEP existe la posibilidad avanzar hacia la creación de un “sello” diferenciador de la educación pública respecto del resto del sistema, cuestión que hoy es imposible dadas las 345 realidades repartidas entre DEM y corporaciones de dependencia municipal. Elaborar un sistema de provisión y contratación de profesionales de la educación transparente y ajustado a las necesidades culturales y de desarrollo de cada SLE y destinar los recursos necesarios para el desarrollo equilibrado del sistema son facultades de la DEP que vincula el aporte técnico-financiero con la decisión política oportuna en casos de emergencias nacionales o revitalización y promoción de la matrícula pública.

El proyecto es un paso de gigante en materia de institucionalidad; tiene el potencial de corregir desequilibrios estructurales y mejorar transversalmente las escuelas y liceos del mundo rural y urbano. Su estructura descentralizada resuelve también la tensión entre el carácter nacional del sistema y las particularidades de los territorios. No obstante, se hace necesario asegurar los aspectos relativos a la participación; el rol de las comunidades -docentes, estudiantes, apoderados, asistentes de la educación- debiera mantenerse para asegurar cohesión y compromiso con los proyectos educativos. No basta con devolver al Estado la responsabilidad de educar, las escuelas del siglo xxi precisan de una relación democrática, participativa y plural para lograr sus objetivos. Es la nación en su conjunto la que renueva sus votos con la educación pública, ahora la responsabilidad será de todas y todos los ciudadanos, esta nueva institucionalidad tendrá que dar garantías para facilitar este compromiso.

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