Nuevo Trato para Reconstruir Educación Pública

Publicado en Ago 26, 2016 - 3:24pm [1.055 lecturas] .

alumno

/Área de Comunicaciones. ICAL/ Se presenta íntegro el documento.

Los abajo firmantes somos rectores y directivos, académicos y profesores, dirigentes estudiantiles y sindicales, estudiantes y no docentes, de establecimientos estatales y no estatales, tradicionales y de más reciente creación, en todos los niveles, en todas las regiones del país. Junto a nuestras comunidades nos hemos venido movilizando por decenas de miles a lo largo una década. Llamamos a redoblar los esfuerzos ahora más que nunca para lograr unidos un avance decisivo que decidirá el curso de la educación chilena en los años venideros.

Demandamos ser parte de la reconstrucción de un sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad. Su recuperada esencia será formar generaciones de profesionales calificados cuyo trabajo creativo constituya la base principal de la riqueza y grandeza del país. Asimismo e indisolublemente, albergará de manera digna a quienes nos dedicamos primordialmente al cultivo de las ciencias, las humanidades y las artes, inspirados en los valores que conforman el espíritu de la civilización moderna y cuyo Norte sea Chile y las necesidades de su Pueblo.

El nuevo sistema educacional pugna por nacer enfrentando tenaz resistencia del actual. Desde sus orígenes, éste siempre ha sido impuesto por medios antidemocráticos y hoy ha perdido todo viso de legitimidad. No puede continuar un día más.

Fue engendrado principalmente mediante un esquema de financiamiento que de manera creciente ha venido canalizando la mayor parte del presupuesto público bajo la forma de subsidios a la demanda, que han transformado la educación en una mercancía y estimulado el lucro abierto y encubierto de empresas privadas, que reciben estos dineros públicos mediante una supuesta compraventa y no rinden cuenta a nadie. Demandamos el término inmediato de dicho esquema. Exigimos que todos los recursos públicos disponibles para educación se destinen a extender ahora mismo la gratuidad a la mayoría del estudiantado en todas las instituciones acreditadas, de todos los niveles educacionales, que adhieran al nuevo sistema y sus nuevas reglas.

Afirmamos que los recursos existentes permiten dar educación gratuita hoy a más de la mitad del estudiantado. Denunciamos que altas autoridades gubernamentales han tergiversado deliberadamente los plazos requeridos para extenderla de manera universal, omitiendo en sus proyecciones las principales partidas hoy disponibles en el presupuesto fiscal.

Demandamos el cambio y complementación de los proyectos de reforma educacional presentados por el gobierno al parlamento, que en su forma actual no cambian la naturaleza de dicho esquema sino muy por el contrario, lo consolidan al continuar destinando la mayor parte de los recursos públicos a estimular un mercado educacional, que es precisamente la causa de la crisis.

Demandamos un nuevo trato para todas las instituciones acreditadas que con pleno respeto a su autonomía adhieran al nuevo sistema basado en la gratuidad. Requerimos un plazo razonable y el apoyo necesario para adaptarnos a sus nuevas exigencias, que necesariamente deben ser más estrictas de modo que garanticen efectivamente la reconstrucción del sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad que el país necesita, la ciudadanía exige y la Presidenta comprometió.

Roxana Pey, ex rectora Universidad Estatal de Aysén Pablo Venegas, rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano
Juan Pablo Rojas, coordinador nacional del movimiento Deuda Educativa Patricio Medina, presidente de la FEUSACH
Nicolás Fernández, ex presidente Federación de Estudiantes Universidad Diego Portales y ex vocero CONFECH Jaime Gajardo, presidente Colegio de Profesores de Chile
César Bunster, director Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz, ICAL Hugo Fazio, presidente Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, CENDA

 

Agosto, 2016

Por un Nuevo Trato para Reconstruir la Educación Pública

 

Índice

 

Por un Nuevo Trato para Reconstruir la Educación Pública

Índice

Nuestras demandas

La causa de la crisis educacional es la política estatal introducida por la dictadura y continuada hasta hoy, la que debe cambiarse con decisión

Demandamos que se convoque con respeto a todos los actores a incorporarse voluntariamente al nuevo sistema público

Demandamos un Nuevo Trato basado en la Gratuidad

La gratuidad es posible hoy para la abrumadora mayoría y para todos en pocos años

Los recursos para la gratuidad están en el presupuesto público.

Denunciamos ante el país que se ha tergiversado la proyección de recursos adicionales y plazos requeridos para lograr la gratuidad total

Demandamos un plazo razonable para adaptarnos a los requisitos del Nuevo Trato, los que se deben elevar de manera gradual a partir de los que hoy se exige para acceder a fondos públicos

Demandamos cambiar y complementar los proyectos de reforma presentados por el gobierno

Demandamos:

Anexo: Financiamiento de la educación superior 2015-16 (millones de pesos c/año)

Nuestras demandas

 

Los abajo firmantes somos rectores y directivos, académicos y profesores, dirigentes estudiantiles y sindicales, estudiantes y no docentes, de establecimientos estatales y no estatales, tradicionales y de más reciente creación, en todos los niveles, en todas las regiones del país. Junto a nuestras comunidades nos hemos venido movilizando por decenas de miles a lo largo una década. Llamamos a redoblar los esfuerzos ahora más que nunca para lograr unidos un avance decisivo que decidirá el curso de la educación chilena en los años venideros.

Demandamos ser parte de la reconstrucción de un sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad, cuya recuperada esencia sea formar generaciones de profesionales calificados cuyo trabajo creativo constituya la base principal de la riqueza y grandeza del país. Asimismo e indisolublemente, albergar de manera digna a quienes nos dedicamos primordialmente al cultivo de las ciencias, las humanidades y las artes, inspirados en los valores que conforman el espíritu de la civilización moderna.

El nuevo sistema educacional pugna por nacer enfrentando tenaz resistencia del actual. Desde sus orígenes, éste siempre ha sido impuesto por medios antidemocráticos y hoy ha perdido todo viso de legitimidad. No puede continuar un día más.

Fue engendrado principalmente mediante un esquema de financiamiento que de manera creciente ha venido canalizando la mayor parte del presupuesto público bajo la forma de subsidios a la demanda, que han transformado la educación en una mercancía y estimulado el lucro abierto y encubierto de empresas privadas, que reciben estos dineros públicos mediante una supuesta compraventa y no rinden cuenta a nadie.

Demandamos el término inmediato de dicho esquema. Exigimos que todos los recursos públicos disponibles para educación se destinen a extender ahora mismo la gratuidad a la mayoría del estudiantado en todas las instituciones acreditadas, de todos los niveles educacionales, que adhieran al nuevo sistema y sus nuevas reglas.

Afirmamos que los recursos existentes permiten dar educación gratuita hoy a más de la mitad del estudiantado. Denunciamos que altas autoridades gubernamentales han tergiversado deliberadamente los plazos requeridos para extenderla de manera universal, omitiendo en sus proyecciones las principales partidas hoy disponibles en el presupuesto fiscal.

Demandamos el cambio y complementación de los proyectos de reforma educacional presentados por el gobierno al parlamento, que en su forma actual no cambian la naturaleza de dicho esquema sino muy por el contrario, lo consolidan al continuar destinando la mayor parte de los recursos públicos a estimular un mercado educacional, que es precisamente la causa de la crisis.

Demandamos un nuevo trato para todas las instituciones acreditadas que con pleno respeto a su autonomía adhieran al nuevo sistema basado en la gratuidad. Requerimos un plazo razonable y el apoyo necesario para adaptarnos a sus nuevas exigencias, que necesariamente deben ser más estrictas de modo que garanticen efectivamente la reconstrucción del sistema nacional de educación pública gratuita y de calidad que el país necesita, la ciudadanía exige y la Presidenta comprometió.

La causa de la crisis educacional es la política estatal introducida por la dictadura y continuada hasta hoy, la que debe cambiarse con decisión

Tras el golpe de 1973, la dictadura desmanteló drásticamente el sistema nacional de educación pública que el país había construido a lo largo de un siglo mediante la acción de gobiernos de todas las orientaciones políticas. El objetivo militar fue desalojar del mismo a quienes consideraba su “enemigo interno”.

Luego, a partir de los años 1980, siguiendo la inspiración de los mismos ideólogos extremistas que privatizaron los principales servicios sociales, y con la complicidad de quienes más tarde han consolidado su obra bajo formas más moderadas, se ha buscado sistemáticamente forzar la conformación de un mercado educacional, mediante subsidios cada vez más cuantiosos destinados a crear una demanda solvente, la que supuestamente debería haber generado una oferta eficiente.

Al cabo de cuatro décadas, el sistema de educación engendrado por estas políticas se encuentra en crisis terminal. El endeudamiento de familias e instituciones, y la insatisfacción de sus actores y la ciudadanía, son generalizados e insostenibles. Así lo han venido manifestando masivamente a lo largo de una década.

Quizás, lo que mejor resume el fracaso de la política educacional del Estado de las últimas cuatro décadas es el hecho contundente que en 1973 había tres millones de estudiantes matriculados en establecimientos públicos gratuitos y de buena calidad en todos los niveles educacionales, sobre una población de diez millones de habitantes. Actualmente estudian poco más de cuatro millones en todos los establecimientos, estatales y privados, en todos los niveles educacionales, los que representan una proporción significativamente menor de la población que hoy supera los 17 millones de habitantes.

De este modo, el aumento de cobertura que se exhibe como el gran logro del período se explica principalmente porque la proporción de niños y jóvenes se ha reducido desde más de la mitad a poco más de un tercio de la población total. Adicionalmente, las familias deben pagar la mitad de la cuenta, la relación laboral en el sector es precaria y la calidad de la educación deja mucho que desear.

Estas políticas estatales han fracasado rotundamente y son la causa principal de la crisis general de la educación pública chilena. No pueden continuar “por mucho tiempo más” y menos “por toda la vida” como pretenden algunas autoridades de gobierno. No asumirlo evidencia ceguera o irresponsabilidad inaceptables dados los niveles actuales de desconfianza ciudadana en las instituciones políticas.

Exigimos proceder a la reforma con toda decisión.

Demandamos que se convoque con respeto a todos los actores a incorporarse voluntariamente al nuevo sistema público

La abrumadora mayoría de los actores del sistema, sus instituciones y quienes trabajamos o estudiamos en ellas, hemos puesto nuestros mejores esfuerzos para intentar adecuarnos a estas equivocadas políticas del Estado, con enorme sacrificio colectivo, personal y familiar.

Hemos logrado que sobrevivan la mayoría de las instituciones tradicionales, estatales y particulares, aunque severamente disminuidas y dañadas. En muchos ámbitos y sobreponiendonos a enormes dificultades, hemos logrado mantener al menos en parte el merecido prestigio y nivel académico que habían logrado en el pasado. Al mismo tiempo, hemos construido una red de nuevos establecimientos que han logrado recuperar y luego incrementar el acceso a la educación, aunque a ritmos inferiores a los que el país logró en el siglo pasado y con niveles de calidad, y cobertura en el caso del nivel terciario, que distan mucho de lo que Chile requiere para consolidarse como una sociedad moderna.

Ninguno de los actores dispuestos a incorporarse a la nueva educación pública y nada de lo que hemos logrado preservar y construir en estas décadas puede ser desechado. Para muchos de nosotros resulta injusta e injuriosa la actitud de algunas autoridades que, sin mayor conocimiento del sector y en tono arrogante e irrespetuoso, han pretendido eludir la responsabilidad del Estado y en algunos casos la suya propia en la crisis, atribuyendo su causa principal a la falta de probidad de algunos actores.

Como sucede en todos los ámbitos de la actividad humana y también en la política y los negocios en general, algunos empresarios educacionales no han actuado siempre de manera correcta, lucrando ilegalmente con fondos públicos y brindando servicios cuya calidad no se condice con los aranceles cobrados, los que se han elevado muy por encima de lo razonable.

Han sobornado funcionarios para obtener las certificaciones requeridas para acceder al financiamiento público (conocido es el caso que involucró a cinco instituciones de Educación Superior en pago de coimas a alto funcionario de la Comisión Nacional de Acreditación). Ahora mismo, con motivo de la preparación del proyecto de ley, ha sido notorio y abusivo el “lobby” desplegado por ex autoridades públicas que actualmente ejercen altos directivos con remuneraciones desmedidas en instituciones de educación privadas.

Todo ello resulta especialmente condenable si se considera que la educación ha venido siendo costeada de manera creciente y con gran sacrificio por las familias chilenas, la abrumadora mayoría de las cuales sobrevive con dificultad e ingresos muy modestos. Con toda razón estas condenables actitudes han merecido el repudio generalizado de la ciudadanía.

Sin perjuicio de lo anterior, la responsabilidad principal de la crisis radica en las políticas impulsadas desde el Estado. Resulta especialmente contradictorio que se pretenda culpar al lucro empresarial en educación, y penalizarlo severamente lo cual respaldamos, mientras al mismo tiempo se insiste en políticas de autofinanciamiento que obligan a las instituciones y sus actores a emprender actividades comerciales, vendiendo servicios educacionales que de este modo se convierten en mercancías, cuya demanda se subsidia generosamente con la mayor parte de los recursos públicos destinados a la educación. Evidentemente, éste es el principal estímulo al lucro en esta actividad.

Rechazamos la idea de restringir la reforma sólo a los establecimientos estatales y en menor medida los no estatales tradicionales, manteniendo para el resto de las instituciones lo esencial de un esquema cuyo fracaso es evidente. Muestra rasgos de sectarismo o una mal entendida moderación política, que pudo haber sido adecuada al salir de la dictadura, pero que resulta por completo inapropiada en la bullente situación actual.

Somos decididos partidarios de un Nuevo Trato del Estado —expresión acuñada hace unos años por el entonces Rector de la Universidad de Chile y que hoy asumimos en toda su dimensión— con sus propios establecimientos y también con los no estatales del CRUCH, y con quienes laboramos y estudiamos en ellos. Siguen siendo los establecimientos de mejor calidad y que con gran dedicación sostienen el prestigio internacional de Chile en este ámbito. Muchos de nosotros fuimos formados y actualmente enseñamos o estudiamos en el antiguo sistema público, al que nos ligan profundos lazos afectivos.

Todas las instituciones del antiguo sistema público, estatales y particulares, sufrieron un violento desmantelamiento durante la dictadura. Luego fueron deliberadamente constreñidas para evitar que ejercieran una supuesta competencia desleal en contra de quienes se estimulaba a invertir en empresas comerciales educacionales. En el caso de la educación superior, se vieron forzadas a reducir drásticamente a sus académicos e investigadores de jornada completa y a estimular actividades empresariales en su seno para adecuarse a la política de autofinanciamiento.

Solidarizamos decididamente con todas ellas. Nos parece indispensable que el nuevo sistema de educación pública se instale de modo principal en un ampliado y renovado sistema de instituciones del Estado, en todos los niveles y todas las regiones. Saludamos la reciente creación de nuevas universidades y centros de formación técnica estatales. Nos indigna que haya transcurrido más de un cuarto de siglo sin que el Estado haya recuperado la propiedad efectiva de uno de sus establecimientos más importantes, que la dictadura en su hora undécima transfirió a sus administradores designados a título gratuito.

Con la misma decisión respaldamos la justa demanda de las universidades tradicionales no estatales, para que su condición de excelencia y vocación pública sean plenamente reconocidas en el Nuevo Trato por parte del Estado. Su transformación en instituciones modernas, gratuitas y plenamente integradas al sistema de educación pública se logró tras la reforma de los años 1960, que incorporó todo su financiamiento al presupuesto público. Esto señala un camino para el Nuevo Trato del Estado con todas las instituciones educacionales que hoy día se adhieran al sistema público reconstruido de esta manera.

Apoyamos una reforma profunda del sistema estatal y tradicional, que sanee sus tambaleantes finanzas, reagrupe varios de sus componentes y amplíe significativamente sus actividades de investigación y extensión, asegurando un financiamiento adecuado, estable y creciente, que les permita contratar de manera asimismo estable a sus académicos e investigadores, lo que constituye la base esencial de la calidad. Deben contar también con los recursos necesarios para expandir fuertemente su matrícula, y eventualmente absorber algunos planteles privados que no estén en condiciones de continuar operando bajo las nuevas condiciones u opten por integrarse voluntariamente al sistema estatal.

Con la misma convicción, exigimos que el Nuevo Trato del Estado se haga extensivo a todas las instituciones educacionales privadas no tradicionales, en todos los niveles y regiones, que voluntariamente adhieran al nuevo sistema público y sus nuevas y más exigentes reglas. Actualmente, el 85 por ciento de los alumnos y personal docente y no docente del nivel terciario, y cerca de dos tercios de los niveles básico y medio, estudia y trabaja en instituciones no estatales. Además de las particulares integradas al CRUCH, algunas han logrado niveles de calidad que ameritan reconocimiento, del cual dan fe decenas de miles de egresados que se desempeñan en todos los ámbitos de la vida nacional.

Todos queremos ser invitados, sin sectarismos ni discriminación de ningún tipo, a un Nuevo Trato con el Estado que reemplace al fracasado esquema basado en el denominado “subsidio a la demanda”. Puede ser que en el caso de algunas pocas instituciones, sus concepciones ideológicas o religiosas o el exclusivo fin de lucro de sus motivaciones, las lleve a excluirse de participar en este fascinante e histórico desafío. Sin embargo, la abrumadora mayoría de nosotros estamos dispuestos y deseosos de incorporarnos y contribuir al mismo con nuestros mejores esfuerzos.

Demandamos un Nuevo Trato basado en la Gratuidad

La Presidenta Bachelet ha demostrado que es posible implementar un Nuevo Trato basado en el esquema de gratuidad, que a partir del año 2016 han implementado las instituciones de educación superior con los más altos niveles de acreditación y que ha beneficiado a decenas de miles de estudiantes que provienen de familias de menores ingresos.

La gratuidad ha sido un importante paso adelante, a pesar de haber sido restringida a poco más de la décima parte del alumnado, la mitad de lo presupuestado originalmente por el gobierno. Por primera vez en tres décadas, se revirtió drásticamente la tendencia a incrementar todos los años la proporción del presupuesto público destinado al subsidio a la demanda.

Por cierto, el nóvel esquema tendrá que ser perfeccionado sucesivamente en la medida y formas que vaya indicando la práctica para su mejor funcionamiento. Debe asegurarse que los recursos sean suficientes y estables, considerando especialmente el caso de las universidades estatales y tradicionales, que son las principales.

Pero se ha demostrado que es posible un Nuevo Trato del Estado con las instituciones educacionales, sin la mediación del mercado. Las conmovedoras expresiones de reconocimiento de los estudiantes y familias beneficiados demuestran su enorme impacto. La significación humana y política de extenderla ahora mismo a centenares de miles de estudiantes y a todos en pocos años, resulta inconmensurable.

Exigimos que, utilizando para ello todos los recursos fiscales actualmente disponibles, la gratuidad sea generalizada de inmediato a la mayor parte del estudiantado, y a todas las instituciones de educación superior acreditadas, que son las que actualmente reciben fondos públicos, a condición que éstas se incorporen a la reconstrucción del sistema nacional de educación pública y cumplan todas sus exigencias en un plazo razonable.

Demandamos que la gratuidad sea extendida a la totalidad del estudiantado en todas las instituciones del sistema público en el plazo de pocos años comprometido por el gobierno.

Las nuevas universidades y centros de formación técnica estatales deben iniciar su funcionamiento el 2017 bajo el esquema de gratuidad total.

Exigimos asimismo el cambio del sistema de financiamiento de la educación básica y media, reemplazando las actuales subvenciones por asistencia por el mecanismo de gratuidad, como ha acordado la Cámara de Diputados.

Todo ello es posible en el marco de los recursos existentes hoy y los que se proyectan para los años venideros. Debe realizarse sin demora. La gratuidad ha llegado para quedarse ha dicho la Presidenta. Así tiene que ser.

La gratuidad es posible hoy para la abrumadora mayoría y para todos en pocos años

Los recursos hoy disponibles permiten extender la gratuidad a la gran mayoría del sistema educacional en todos sus niveles.

Ello se puede lograr sin desembolso fiscal adicional significativo, sino redestinando a este esquema los cuantiosos recursos del presupuesto público actualmente destinados al subsidio a la demanda. De este modo, como suele suceder, los mismos recursos que por años han sido el principal instrumento para mercantilizar la educación, resultan ahora convertidos en la palanca que permite avanzar rápidamente en la ampliación del nuevo esquema de gratuidad a todas las instituciones acreditadas que voluntariamente se integren al reconstruido sistema educacional público, beneficiando de inmediato a la mayoría de quienes estudiamos y trabajamos en ellas.

En los niveles básico y medio se puede alcanzar rápidamente la gratuidad universal, reemplazando las actuales subvenciones escolares por asistencia, que representan casi todo el presupuesto respectivo, por un Nuevo Trato que asegure a todos los establecimientos que se quieran sumar a este nuevo esquema, un presupuesto adecuado y estable a cambio de su incorporación plena al así reconstruido sistema de educación pública.

En el nivel terciario se puede extender de inmediato la gratuidad a más de la mitad del todo el estudiantado, redestinando a esta partida los cuantiosos recursos fiscales que hoy se desembolsan en el desprestigiado, injusto y discriminador sistema de créditos y becas.

Muy especialmente, exigimos el término inmediato de los llamados “Créditos con Aval del Estado (CAE)”, que en realidad son créditos con dinero y aval del Estado. Este ítem constituye de lejos la principal partida del presupuesto respectivo, lo cual significa que en los hechos determina la esencia de la política actual.

Adquiere ribetes de escándalo puesto que desvía una parte significativa de los fondos públicos destinados a educación directamente a utilidades de los bancos, los que por otra parte aportan muy poco dinero al mismo, aspecto que incluso el gobierno anterior estuvo dispuesto a terminar.

Si bien estos mecanismos han proporcionado un porcentaje importante de los recursos que muchas de nuestras instituciones han necesitado para formarse y sobrevivir, ello ha sido a costa de endeudar a cientos de miles de estudiantes que provienen de familias modestas, lo cual resulta moralmente cuestionable si se considera que se trata de dineros públicos que bien pueden utilizarse en cambio para financiar el nuevo esquema de gratuidad.

Más de la mitad de los estudiantes que recibieron créditos no han podido cumplir los pesados compromisos financieros contraídos, proporción que supera los dos tercios entre quienes desertan antes de completar sus carreras y al hacerlo transfieren dicha carga a las instituciones a las cuales se ha obligado a avalar sus créditos, comprometiendo seriamente la situación financiera de la mayoría de éstas.

En el caso de los becarios, se les imponen más requisitos académicos que al resto, lo que constituye una discriminación inaceptable, aparte de la indigna obligación de demostrar en su postulación que sus familias son pobres. Demandamos el término inmediato de este mecanismo y su reemplazo por el nuevo esquema de gratuidad.

Exigimos que se atiendan las demandas de los endeudados mediante los distintos mecanismos de créditos estudiantiles financiados por el Estado. Los deudores del llamado “crédito solidario” y “créditos Corfo” suman decenas de miles y sus deudas individuales alcanzan a muchos millones de pesos. Si se agregan los deudores del CAE, el número de alumnos y exalumnos endeudados sube a centenares de miles y sus deudas acumuladas a más de cuatro mil millones de dólares.

Los recursos para la gratuidad están en el presupuesto público.

Los ingresos de todas las instituciones de educación superior (IES), estatales, particulares tradicionales y privadas; universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, alcanzarán en el año en curso poco más de 4,3 billones de pesos, dos tercios de los cuales están relacionados con la docencia y el resto con actividades de investigación y extensión, prestación de servicios y otras. El presupuesto fiscal financia actualmente más de la mitad de los ingresos por docencia y cerca de un tercio de los de investigación, extensión y otros (ver cuadro anexo).

Se estima que el año 2016, el 52 por ciento de los ingresos por docencia de todas las IES se financiaron mediante las denominadas ayudas estudiantiles del presupuesto fiscal, que incluyen el financiamiento público del grueso de los créditos con aval del Estado (CAE), las becas y, por primera vez desde el año 2016, también con la glosa de gratuidad; en proporción de cerca de la mitad el primero, poco menos de un sexto las segundas y poco menos de un tercio la última.

El 48 por ciento restante de los ingresos por docencia de todas las IES son aportados casi en su totalidad por las familias con dinero de su bolsillo, y otra parte corresponde a los aportes netos de la banca al CAE. De este modo, los ingresos por docencia de todas las IES son aportados en un 52 por ciento por el Estado, un 42 por ciento por las familias de su bolsillo y el 6 por ciento restante por el aporte neto de los bancos al CAE.

Medidos en dinero, según sus valores estimados para el año 2016, ese 48 por ciento de los ingresos por docencia de todas las IES que no son financiados por el Estado, que son los recursos adicionales requeridos para financiar la gratuidad universal, resultan ser un poco más de 1,3 billones de pesos anuales, lo que equivale a menos de dos mil millones de dólares. Ello dista bastante de las abultadas cifras que se requieren para la gratuidad presentadas por el Ministro de Hacienda. La gratuidad universal se puede alcanzar en pocos años destinando a este ítem una parte del incremento vegetativo del presupuesto de educación, que en años recientes ha superado los mil millones de dólares anuales.

El “Crédito con Aval del Estado, CAE” es un mecanismo perverso

Por su mismo nombre, se pretende dar a entender que el rol del Estado en estos créditos se limita a avalarlos, pero que el dinero sería aportado por los bancos. Nada más falso, puesto que el grueso del dinero es aportado por el Estado. Los bancos aportan una parte muy menor de los fondos del CAE y cobran por ellos intereses de mercado, los que son subsidiados por el Estado de modo que los estudiantes paguen una tasa no superior al dos por ciento anual. Cobran además un elevado sobreprecio por los créditos que revenden al Estado, el que ha promediado un tercio de los mismos.

En otras palabras, el Estado se compromete con los bancos a recomprarles una proporción elevada de los créditos que ellos hacen a los estudiantes en un año determinado, es decir, el dinero prestado en todos estos créditos “recomprados” en realidad lo pone el fisco. Adicionalmente, el Estado se compromete con los bancos a pagar un sobreprecio por los créditos recomprados, denominado “recarga”, el que ha promediado más de un tercio del valor recomprado, es decir, por cada millón de pesos prestados por los bancos a los estudiantes, el Estado ha recomprado esos créditos en un millón trescientos cincuenta mil pesos, en promedio. Finalmente, para los créditos financiados con recursos de los bancos, es decir, aquellos que no se recompran, el Estado subsidia la diferencia entre el interés de mercado y el 2 por ciento que se cobra a los estudiantes.

Así funciona el escandaloso negocio del CAE, en el cual según cifras de la Dirección de Presupuesto, entre los años 2006 y 2015, los estudiantes han contraído Créditos con Aval del Estado, CAE, por un total de 3,4 billones de pesos del año 2014 (más de 5.100 millones de dólares al tipo de cambio utilizado por Hacienda en su proyección de gratuidad), a los cuales el Estado ha desembolsado del presupuesto educacional un total de dos billones de pesos (más de tres mil millones de dólares) mediante la “recompra” de poco menos de la mitad de los créditos, con una “recarga” que ha promediado un 32 por ciento. A ello hay que agregar los subsidios de intereses, que no están considerados en estas cifras.

El presupuesto educacional del año 2016 asigna 635 mil millones de pesos al CAE, con lo cual el total de desembolsos fiscales acumulados desde la creación de dicho instrumento sube a más de 2,6 billones de pesos (más de cuatro mil millones de dólares), los que representan más de dos tercios del endeudamiento total de los estudiantes por este instrumento. El aporte neto de la banca, es decir, el total prestado a los estudiantes menos el aporte fiscal por recarga y recompra, es el tercio restante. A todo ello hay que agregar los desembolsos fiscales por subsidio de intereses a la banca, los que no están considerados en estas cifras.

El término del CAE significa aliviar de inmediato la situación de las familias de clase media, que dejarían de contraer nuevos créditos por un monto que el año 2016 alcanzó a 635 mil millones de pesos (unos mil millones de dólares), que fue el monto destinado a esta partida del presupuesto fiscal. Ello se puede lograr sin mayor desembolso fiscal significativo, aunque sí terminando con el maquillaje de las cuentas fiscales que supone que dicho desembolso anual en dinero contante y sonante no representaría gasto sino inversión, puesto que supuestamente sería reembolsado en algún momento por las familias, con intereses. Ello no es efectivo, puesto que la morosidad es muy elevada, lo que también se verificado en todos los países que han adoptado sistemas parecidos. Del mismo modo, sin desembolso adicional se puede proceder a condonar de inmediato todos los créditos que han sido recomprados por el Estado, lo cual aliviaría a centenares de miles de deudores.

Descontando la recompra de créditos con sobreprecio y los subsidios de intereses que les aporta el fisco, el aporte neto de los bancos equivale a menos del seis por ciento de los ingresos de las IES por docencia, mientras el Estado aporta el 52 por ciento de los mismos. Por su parte, además de endeudarse con los bancos que administran el CAE, las familias financian de su propio bolsillo alrededor de un 42 por ciento de los ingresos de las IES relacionados con el número de alumnos.

Al transferir al esquema de gratuidad los recursos destinados a CAE y becas, que representan dos tercios de las denominadas “ayudas estudiantiles”, se pueden triplicar de inmediato los recursos destinados al nuevo esquema. El número de alumnos beneficiados podría ampliarse mucho más aún, puesto que muchos de ellos estudian en institutos profesionales y centros de formación técnica cuyos aranceles de referencia, que son la base para determinar la asignación de recursos en el nuevo esquema, son muy inferiores a los de las universidades de alta calidad que ya han ingresado al mismo.

De este modo, si en la admisión 2016 fueron varias decenas de miles los estudiantes y unas pocas instituciones los beneficiados por el nuevo esquema, el 2017 su número se puede multiplicar de inmediato a algunos centenares de miles y a la mayoría de éstas. Las instituciones y quienes trabajamos en ellas seremos asimismo beneficiados con el nuevo esquema, puesto que éste proporciona recursos estables, sin el azar de la morosidad, lo que permite mejorar su situación financiera y nuestra precaria condición laboral.

En el nivel básico y medio se debe asimismo terminar con las denominadas subvenciones escolares, es decir, con el esquema de los denominados “vouchers” vinculados a la asistencia, reemplazandolos por un esquema de financiamiento similar a la gratuidad.

El grueso del endeudamiento estudiantil se puede condonar sin desembolso adicional significativo de recursos fiscales, y terminar retroactivamente con la política de dudosa moralidad que significa utilizar cuantiosos recursos públicos para subsidiar artificialmente un mercado educacional a costa de endeudar a familias modestas; utilizando los mismos recursos para financiar directamente a las instituciones que entreguen dicho servicio en forma gratuita.

En efecto, los créditos solidarios y CAE recomprados por el Estado, que representan la mayor parte de las respectivas partidas y comprometen a los deudores de menores ingresos, representan dineros fiscales ya desembolsados y pueden ser condonados, dando alivio inmediato a centenares de miles de profesionales y sus familias, precisamente a aquellos que más lo necesitan. Para quienes están endeudados directamente con los bancos, que son la menor parte, se debe buscar una solución razonable, compatible en el tiempo con los desembolsos adicionales de recursos que representan.

Denunciamos ante el país que se ha tergiversado la proyección de recursos adicionales y plazos requeridos para lograr la gratuidad total

La evidencia presentada demuestra que el avance a la gratuidad y desmercantilización no se encuentra limitado por los recursos, puesto que los que actualmente se desembolsan para subsidiar la demanda educacional son cuantiosos. Basta con entregar esos mismos recursos directamente a las instituciones a cambio de gratuidad y el resto de las condiciones que se exigen en un sistema público de calidad. Cubren la mitad de todos los ingresos por docencia, lo cual evidentemente permite concederla a la mitad del estudiantado. Cabe señalar que dicha mitad del estudiantado incluye con holgura a todos los que provienen de familias de los siete primeros deciles de ingresos que comprometió atender la Presidenta. La gratuidad se puede extender en pocos años al 100 por ciento del estudiantado destinando a este objeto parte del crecimiento vegetativo del presupuesto educacional.

¿Por qué no se hace entonces, si con ello se apunta directamente a resolver la crisis educacional desde su base misma? ¿Cómo es posible que nada menos que el Ministro de Hacienda haya presentado personalmente al Parlamento recientemente, so pretexto de las malas perspectivas de la economía nacional, un informe respecto del cual el Rector de la Universidad de Chile y Presidente del Consorcio de Universidades Estatales, que además es un destacado científico, ha afirmado que tergiversa la realidad?

En efecto, el Ministro ha presentado una proyección que exagera de modo grotesco los recursos adicionales y plazos requeridos para otorgar gratuidad a todos los estudiantes de educación superior, mediante el burdo expediente de no considerar la principal partida del presupuesto respectivo: nada menos que los desembolsos públicos destinados al Crédito con Aval del Estado, los que suman 635 mil millones de pesos (unos mil millones de dólares) del presupuesto 2016.

Su conclusión es que no habría recursos suficientes para extender la gratuidad, sino al ritmo de una enredada fórmula economicista incluida en proyecto de educación superior, que al condicionar los avances en gratuidad a metas inalcanzables de recaudación fiscal, lejos de garantizarla para un futuro, en los hechos busca atravesar trancas legales en su camino.

En cambio, si se corrigen sus propias proyecciones considerando este desembolso, ellas demuestran lo que hemos afirmado: al redestinar el financiamiento público CAE a gratuidad, ésta se puede extender a más de la mitad de los estudiantes, y el saldo restante para alcanzar el 100 por ciento se puede cubrir antes del 2020.

El Ministro afirma que dicha partida no es gasto sino inversión en “compra de instrumentos financieros”, como reza la glosa respectiva. Sin embargo, el desembolso se hace todos los años en dinero contante y sonante, una parte muy significativa termina en manos de los bancos y hasta el momento los deudores finales, es decir los estudiantes, no han reembolsado un monto de significación, que se sepa.

La morosidad alcanza a un 70 por ciento en el caso de los desertores y a un 30 por ciento en el caso de los egresados, y va en aumento, por lo cual es poco probable que se recupere nada. Es decir, con una martingala contable destinada a maquillar las cuentas públicas de un modo que nadie toma en serio, se justifica someter a cientos de miles de estudiantes y sus familias a la indigencia crediticia o financiera por muchos años.

Denunciamos que la resistencia a extender la gratuidad se debe principalmente a la coincidencia tras este objetivo del lobby de la “industria educacional”; con la convicción respetable de que un sector muy minoritario de la población, aunque más extendido entre la elite tecnocrática, social y política, rechaza la gratuidad por razones ideológicas.

El 90 por ciento del CAE va a parar a manos de empresas privadas, casi todas ellas con fines de lucro, abierto y legal en la mayoría de los casos y encubierto e ilegal en el resto; aunque también hay un grupo de instituciones sin fines de lucro, con inspiración más bien ideológica o religiosa, de amplio abanico. El grueso de ellas son más de un centenar de instituciones medianas y pequeñas, que viven una situación financiera muy complicada, en parte porque como avales están empezando a pagar por la morosidad de sus deudores CAE. La mayor parte de ellas sería de hecho beneficiada por la gratuidad y probablemente no pocas pueden a mediano plazo, confluir hacia algunas de las estatales.

Sin embargo, dicho lobby está hegemonizado por un puñado de no más de cinco grandes empresas educacionales, que actualmente se embolsan más de la mitad del CAE. Quienes lo dirigen sin recato alguno ejercen con sueldos elevadísimos como rectores en dos de ellas, ambos son ex ministros o altas autoridades del Estado, y militan -en un caso- en el mismo partido político al que pertenecen los ministros responsables de la reforma, y el de Hacienda. El otro es un destacado militante de otro partido de gobierno, al cual pertenece un senador que se ha caracterizado por su frenética oposición a la gratuidad.

Evidentemente, esta situación resulta impresentable en el clima de desconfianza generalizada de la ciudadanía en el sistema político, y no parece conveniente ni para el gobierno ni para la sana marcha institucional del país. No debe continuar un día más y exigimos que de inmediato se termine con la práctica de utilizar fondos públicos para endeudar a los estudiantes y se utilicen todos ellos para extender la gratuidad.

Demandamos un plazo razonable para adaptarnos a los requisitos del Nuevo Trato, los que se deben elevar de manera gradual a partir de los que hoy se exige para acceder a fondos públicos

Entendemos y apoyamos decididamente que, partiendo con la exigencia actual de acreditación en el caso de educación terciaria, y aquellas establecidas en la denominada ley de inclusión en los niveles básico y medio, el Estado establezca sucesivamente y verifique la satisfacción de requisitos adicionales.

Por cierto, los requisitos iniciales deben contemplar la regulación de los aranceles que sea necesario mantener durante el período de transición a la gratuidad completa. Asimismo, es razonable que los aumentos de matrícula estén ligados a los niveles de acreditación de cada institución.

Parece evidente la conveniencia de establecer un sistema único de acceso a todo el sistema educacional, que mediante reglas claras y generales canalice la admisión de todos los niños y jóvenes a un sistema integrado, que permita una adecuada movilidad entre sus componentes y garantice todo el apoyo que se requiera para asegurar la permanencia y término de cada carrera, reduciendo al mínimo las deserciones.

En los niveles básico y medio, parece deseable que ello se acompañe -además de los requisitos generales de no lucro ni discriminación de ningún tipo, y calidad basada en el contrato estable de sus profesores y funcionarios- con un compromiso de cobertura territorial, que asegure que en todos los barrios los niños puedan acceder caminando a un colegio público gratuito de calidad, lo que en ese nivel resulta indispensable para el ordenamiento de cualquier ciudad moderna.

Trasladar su financiamiento completo al presupuesto de la nación hace posible transformar  a todas las instituciones que ingresen al nuevo esquema, de su actual condición de proveedores educacionales, supuestamente guiados por el mercado; a actores plenos de un reconstruido sistema nacional de educación pública en todos los niveles, regiones y comunas.

El derrotero de dicha transformación será determinado democráticamente, en la discusión parlamentaria de las leyes de reforma, pero especialmente convocando una amplia participación de todos los actores y la ciudadanía. Esperamos participar plenamente en dicho debate, así como también que se determinen plazos razonables para proceder a las adecuaciones de todo tipo que implicará nuestra adhesión al Nuevo Trato.

Exigimos asimismo que, en el marco de dichas obligaciones, el Estado respete escrupulosamente nuestra autonomía, como ha sido tradición en las instituciones educacionales a lo largo de siglos y en todo el mundo. Del mismo modo, nos comprometemos a discutir y concordar con el conjunto de nuestras comunidades las formas más adecuadas de participación democrática de todos en el gobierno de las mismas, lo que constituye la mejor garantía que las mismas se alinearán de manera autónoma con los objetivos públicos, a su vez democráticamente definidos.

Demandamos cambiar y complementar los proyectos de reforma presentados por el gobierno

Los proyectos de ley presentados por el gobierno no acaban de conformar lo nuevo, mientras reconocen mantener lo esencial de lo viejo, ”para toda la vida”, como ha declarado el principal responsable de los mismos. Sin desconocer sus avances en regulación y otros aspectos, lo importante en estos proyectos como en cualquier ley, es la dirección resultante del conjunto de sus disposiciones; y en este caso, es hacia la mantención y consolidación de la educación de mercado, que es precisamente la causante principal de la crisis.

En educación básica y media no se ha abordado la reforma del esquema de subvenciones por asistencia, con lo cual la asignación de recursos continúa entregada en lo fundamental a un mercado creado con fondos públicos, lo que es la causa principal de la crisis del sistema en general y especialmente en los colegios públicos, que han perdido más de un tercio de su matrícula en pocos años a pesar de un importante incremento de las subvenciones.

El proyecto de educación superior presentado por el gobierno “asegura cuantiosos recursos a un mercado privado de educación, incluso con menores restricciones en su crecimiento y aranceles respecto de las demás en gratuidad”, “ofrece una fórmula para alcanzar la gratuidad universal en el largo plazo que no garantizaría su viabilidad”, “invisibiliza el aporte de las instituciones públicas no estatales del CRUCh” y “sitúa en forma exclusiva en las universidades del Estado la responsabilidad de velar por el bien público y el desarrollo de las regiones”, como ha sintetizado el Sr. Obispo de Temuco, Presidente del Área Educación de la Conferencia Episcopal.

“El proyecto tal como está se reduce a establecer ciertas regulaciones, no tendrá un efecto transformador en equidad e inclusión y presenta una amenaza gravísima. Lo que podría resultar es la institucionalización de una privatización que hasta ahora ha sido de hecho, además su expansión, pero con una agravante: ahora se asegura el financiamiento del Estado”, como ha declarado el Rector Aldo Valle, Presidente del CRUCH.

Por estos motivos, como ha dicho el Rector Sergio Lavanchy de la Universidad de Concepción, “aunque no siempre se puede dejar a todos contentos este proyecto ha logrado dejar a todos descontentos”. “Una cosa es que no aprueben, pero otra cosa es no proponer reforma”, ha agregado el Rector Ennio Vivaldi de la Universidad de Chile y Presidente del CUECH, quién ha convocado a sus tres estamentos a discutir y pronunciarse al respecto.

Demandamos del gobierno asumir sus compromisos de reforma e incorporarlos con claridad a este proyecto que, bajo su forma actual, los elude trasladando a una discusión sin urgencia y de resultados inciertos en el parlamento, las discrepancias que en dos años no lograron zanjar en el ministerio respectivo.

Demandamos:

  • Cambiar y complementar las leyes de reforma educacional presentadas por el gobierno, de modo que hagan posible la reconstrucción del sistema nacional de educación pública en todos los niveles y regiones, ofreciendo un Nuevo Trato a todos los actores que se incorporen al mismo.
  • Terminar ahora con el esquema de becas, créditos con aval del estado y subvenciones escolares, usando dichos recursos para extender ahora el esquema de gratuidad a todas las instituciones educacionales acreditadas que se incorporen al nuevo sistema público, en todos los niveles educacionales.
  • Extender la gratuidad al 100 por ciento de los estudiantes en los plazos comprometidos inicialmente por la Presidenta.

¡Por un Nuevo Trato del Estado para a todas las instituciones, para que junto a sus autoridades, docentes, investigadores, funcionarios no docentes y estudiantes, se incorporen al Sistema Nacional de Educación Pública en todos sus niveles!

 

Anexo: Financiamiento de la educación superior 2015-16 (millones de pesos c/año)

2015 2016
Items Ingresos (MM$) % (Aranceles + Gratuidad) % ingresos oper % aportes fiscales ES Ingresos (MM$) % (Aranceles + Gratuidad) % ingresos oper % aportes fiscales ES
Matrícula (# alumnos totales) 1.232.791 1.299.901
Ingresos operacionales instituciones de educación superior, según balances SIES 4.004.889 100,0% 292% 4.350.287 100,0% 239%
(MM$ / alumno) 3,25 3,35
Incluyen: Aranceles 2.601.446 100% 65,0% 190% 2.248.633 81% 51,7% 124%
(MM$ / alumno) 2,11 2,14
Incluyen: Becas y créditos 1.149.551 44% 28,7% 84% 1.070.248 38% 24,6% 59%
Incluyen: Becas 511.294 20% 12,8% 37% 262.556 9% 6,0% 14%
Fondo solidario 77.508 3% 1,9% 6% 6.457 0% 0,1% 0%
CAE 560.748 22% 14,0% 41% 801.235 29% 18,4% 44%
Incluye: Aporte fiscal a CAE 444.552 17% 11,1% 32% 635.206 23% 14,6% 35%
Incluye: Recompra 350.746 13% 8,8% 26% 501.170 18% 11,5% 28%
Recarga 93.806 4% 2,3% 7% 134.036 5% 3,1% 7%
Aporte bancos a CAE 116.196 4% 2,9% 8% 166.029 6% 3,8% 9%
Incluye: Préstamo bancos a familias 210.002 8% 5,2% 15% 300.065 11% 6,9% 17%
Recarga (menos) -93.806 -4% -2,3% -7% -134.036 -5% -3,1% -7%
Aporte bolsillo familias 1.451.895 56% 36,3% 106% 1.178.385 42% 27,1% 65%
Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior 536.620 19% 12,3% 30%
Otros ingresos instituciones 1.403.443 54% 35,0% 102% 1.565.034 56% 36,0% 86%
Incluyen: Aportes basales y fondos concursables 430.947 17% 10,8% 31% 480.566 17% 11,0% 26%
Extensión, donaciones, servicios, otros 972.496 37% 24,3% 71% 1.084.468 39% 24,9% 60%
0% 0% 0% 0%
Subtotal aporte fiscal a instituciones educación superior 1.372.087 53% 34,3% 100% 1.818.573 65% 41,8% 100%
Incluye: Subsidio fiscal a la demanda 1.033.355 40% 25,8% 75% 904.219 32% 20,8% 50%
Financiamiento del acceso gratuito a las Instituciones de Educación Superior 536.620 30%
Aportes basales y fondos concursables 338.733 13% 8,5% 25% 377.734 14% 8,7% 21%
Otros gastos fiscales educación superior 0 0% 0,0% 0% 0 0% 0,0% 0%
Total presupuesto fiscal educación superior 1.372.087 53% 34,3% 100% 1.818.573 65% 41,8% 100%
Fuente: CENDA-ICAL, en base a DIPRES y SIES, ver orignal en www.cendachile.cl

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