Programa de medio ambiente de MB: De la declaración de intensiones a los cambios estructurales.

Publicado en Dic 13, 2013 - 6:27pm [1.268 lecturas] .

Por

Pablo Chacón. Encargado del Área Medioambiente, ICAL

Durante los últimos días el debate público sobre medioambiente se focalizó en la discusión programática de las candidaturas de la Nueva Mayoría y de la Alianza. Por un lado el mundo de las ONG ambientales han referido sendas críticas en consideración al poco nivel de profundidad o a la ligereza con que se presentó la temática sectorial y particular de cada una de las medidas contenidas en los documentos programáticos. Por otro lado los actores privados, en particular los nichos empresariales de la minería en diversos medios de comunicación han marcado un contraste conceptual que diferencia el espíritu de ambos programas. Como complemento y fortaleciendo los ejes de la discusión crítica, recién ayer CIPERCHILE, publicó un reportaje que trata una radiografía histórica de la institucionalidad del Código de Aguas y como los distintos actores políticos de derecha y de la antigua concertación propiciaron una situación de escasez hídrica que no se explica solo por consideraciones de sequía climática. Hace pocos días también el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) publicó su informe anual 2013 donde dedica un capítulo al derecho humano al agua. Estos últimos dos documentos reseñados aportan valiosos datos y problematizaciones de diagnósticos relevantes para la discusión política sobre medioambiente como por ejemplo declarando el hecho de que en nuestro país se viola el derecho humano al agua.

Ahora bien, y en nuestra opinión las preguntas centrales del debate ambiental en Chile antes de una lectura de los programas son:

¿Cuáles son las tensiones medioambientales más urgentes y complejas del modelo de desarrollo que sigue Chile? ¿Cómo se ha desarrollado la política pública ambiental en cuanto a institucionalidad; control y normatividad, evaluación y fiscalización, gestión de los recursos naturales, cambio climático, participación ciudadana y conflictos ambientales? ¿Cómo determinamos el rol que han jugado los distintos actores políticos, sociales y ambientales en el deterioro o defensa del ambiente? ¿Recursos ambientales como bienes humanos o predominantemente económicos? ¿Cómo se ejecuta una mejor planificación ambiental del territorio? ¿Cuál es el mejor modelo de gestión ambiental local? Estas preguntas pueden llevar a otras interminables.

Luego  de estas cuestiones uno podría señalar que los programas presidenciales carecen de la profundidad necesaria para abordar el debate particular de la escasez hídrica o la sequía, el Proyecto Hidroaysén, o los conflictos por instalación de termoeléctricas, Alto Maipo, la expansión de Codelco Andina 244, o cualquier otra tensión entre el sector productivo v/s defensa y protección medioambiental. No obstante en el programa de la Nueva Mayoría se han señalado medidas concretas como por ejemplo el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas o el delegado presidencial para los recursos hídricos con dedicación exclusiva. Medidas que de alguna forma u otra se hacen cargo de la problemática entre otras.

Una línea de tensión que podemos definir más allá de lo programático es la contraposición entre comunidades, mercado (transnacionales) e institucionalidad (política pública); mediada por un conflicto socio-ambiental marcado por;

Un alza significativa de las pretensiones de inversión para extracción minera, agroindustria, forestales y salmonicultura;

La consecuente demanda de: recursos estratégicos para la producción en sí y la energética de sus procesos industriales (agua, carbón, gas y petróleo);

El alza consecuente de costos de la energía de los procesos (industriales y/o mineros).

La discusión parlamentaria de los cambios a la institucionalidad minera, eléctrica e hídrica.

La menor velocidad de incremento porcentual e implementación de ERNC en la matriz energética v/s el mayor aumento  de la matriz energética (MW).

Efectos ambientales de mayor impacto incrementados debido al cambio climático y una tensión-limitación creciente para desarrollar políticas públicas efectivas de adaptación y reducción de vulnerabilidades sociales sobre todo en aquellos sectores rurales victimas de escasez hídrica o sequía.

 La gran tensión socio-ambiental que el programa de Medioambiente de Michelle Bachelet presenta al país. Nosotros pensamos que el programa debe ser leído analíticamente como un todo más allá de sus consideraciones capítulo por capítulo. Así, como complemento a los énfasis de crítica técnica pormenorizada o puramente centrada en la conflictividad de los territorios que ha pauteado en general el mundo ambientalista, proponemos una lectura de complemento más política en la que podemos discutir con la problematización que el núcleo liberal de centros de pensamiento como Libertad y Desarrollo (LyD) y otros, identifican meridianamente como el centro de la disputa que está en juego en los próximos años; el modelo de propiedad y gestión privada de los recursos naturales en Chile y que representa paradigmáticamente el dique de contención del neoliberalismo en la región latinoamericana.

Ambiente y Constitución. Es indiscutible la relación que existe entre ambiente, sectores productivos (exportación de commodities) y marco constitucional. Por ejemplo en Chile existen sendas contradicciones o vacíos entre el código de Aguas y la Constitución que inclinan la balanza en favor de un fortalecimiento de un mercado de especulación y absolutamente desregulado de derechos de agua por sobre usos para consumos humanos de subsistencia.

Si miramos el programa de la Nueva Mayoría específicamente en el acápite “Nueva Constitución” podemos identificar por lo menos seis consideraciones esenciales que a nuestro juicio señalan una posición que puede propiciar en general un escenario de cirugía mayor sobre la propiedad de los recursos naturales en el horizonte de mediano plazo:

Primero; que la Nueva Constitución debe reconocer un “catálogo de derechos” amplio sustentados en el desarrollo de las normas y principios consagrados en las declaraciones y convenciones de derechos humanos establecidos en el ámbito internacional. Este elemento dicho sea de paso calza plenamente con la discusión contemporánea internacional (ONU) de consideración del agua como un derecho humano fundamental.

Segundo; que la nueva constitución en lo referido al derecho de propiedad, este debe estar delimitado en cuanto a su contenido, por la función social de este de conformidad a la ley.

Tercero; La nueva constitución debe reconocer el dominio público pleno, en conjunto con las demás consideraciones ya existentes en la actual constitución, sobre los recursos naturales (agua, minería, espectro radioeléctrico) y que además el Estado tiene derecho a percibir regalías por su aprovechamiento.

Cuarto; que la nueva constitución debe considerar al agua como bien nacional de uso público incluido los glaciares.

Quinto: que los derechos económicos sociales y culturales deben estar consagrados en un Estado social y democrático de derecho, que asume estos derechos como “verdaderas obligaciones” de la actividad estatal.

Sexto: que la nueva constitución debe garantizar el desarrollo y la efectividad del conjunto de derechos fundamentales.

Estas últimas dos consideraciones se condicen también con la consideración del debate de ONU acerca de la indivisibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

De tal forma que el actual entramado constitucional en lo referido a la explotación de los recursos naturales y que cruza todo el debate ambiental y el marco de la discusión que la Nueva Mayoría plantea en el programa señala la contradicción central del modelo de producción económica de nuestro país y que seguramente será uno de los nudos de mayor resistencia de los sectores conservadores de nuestra sociedad en los años venideros. En palabras de José Francisco Garcia (LyD) lo que está en juego es el “orden público económico” que por un lado está resguardado en la constitución y las leyes orgánicas constitucionales (para las que la Nueva Mayoría ya tendría el quorum de 4/7 para intentar modificar o derogar) y que por otro garantiza el derecho de propiedad en condiciones de mantención de los esquemas de desigualdad estructural y de concentración económica. Recordemos por ejemplo que en cuanto al modelo de gestión hídrica, Chile es el único país del mundo donde el recurso agua es considerado un bien predominantemente económico (y de gestión privada) por sobre la consideración de este como un derecho humano fundamental y que esta situación posibilita un mercado de derechos de agua que entre otras cosas mueve anualmente más de 1200 millones de dólares.

El entramado del agua-energía-minería y que puede extenderse al ejercicio de lo que ocurre con la gran agricultura intensiva de exportación, está siendo cuestionado profundamente desde las ideas programáticas de la Nueva Mayoría, más allá de que sea necesario entender que estamos hablando de un proceso (donde incluso esas tensiones dentro del futuro gobierno de Michelle Bachelet tendrá también detractores y resistentes) y  una declaración de intenciones.

Sin embargo está declaración de intenciones denominada Programa tiene la particularidad de ser declarada ante las aspiraciones de transformaciones de las grandes mayorías nacionales que en los últimos años han corrido el eje coordenado desde una sociedad que sigue dominada por el  mercado pero que pretende consagrar y garantizar derechos fundamentales.

Leave A Response