El papel de la Participación Ciudadana en el Programa de la Nueva Mayoría

Publicado en Nov 15, 2013 - 4:39pm [2.775 lecturas] .

michelchiledetodosLa concepción liberal de la democracia que ha existido en Chile desde los gobiernos post dictatoriales estableció durante más de 20 años una débil vinculación entre estado y sociedad, restringiéndola principalmente a la incorporación de la ciudadanía a la ejecución de programas sociales de carácter subsidiario (por ejemplo, los pavimentos participativos), y alejando a los actores sociales del diseño, planificación y toma de decisiones de las políticas públicas. Por lo tanto, la construcción democrática en el Chile neoliberal se ha restringido a un modelo elitista de democracia, en donde existe una  elite política que junto a diseñadores de políticas públicas (tecnócratas) y operadores políticos son los protagonistas de la acción y las decisiones políticas, dejando restringida y en un segundo plano a la ciudadanía. Esta es una de las deudas más grandes del sistema político chileno, heredada de la dictadura y modificada débilmente por los gobiernos de la concertación. Si profundizamos aún más el análisis, el fracaso de los gobiernos post dictatoriales en sus intentos por modificar esta realidad estuvo atravesado por la reafirmación durante los años 90 del modelo neoliberal y el énfasis en el crecimiento económico y una “sociedad de mercado”, que requería aislar las principales demandas sociales del espacio de decisiones políticas. De esta manera, se consolida a lo largo de estos años una concepción de participación ciudadana subordinada a la necesidad de darle gobernabilidad y estabilidad al país, dotada solo de un carácter instrumental, informativo y en el mejor de los casos, consultiva.

Durante los últimos dos años, como ICAL hemos aportado a este diagnóstico, consolidando a través de la realización de talleres sobre democracia y participación durante el presente año. En esos talleres, analizamos de qué manera durante todo el período post dictadura se desarrollaron escazas iniciativas de participación directa (mecanismos de democracia directa como plebiscitos vinculantes, iniciativas populares de ley o mandatos revocatorios no existen), un debilitamiento de los mecanismos de representación tradicionales (elecciones), una complejidad y tecnificación del proceso de toma de decisiones (participación de baja intensidad), fomento del clientelismo y la desarticulación del tejido social a nivel local, y finalmente una participación reducida a la ejecución de programas sociales, todo lo cuál nos ha llevado a caracterizarla como una “participación tutelada” o de “baja intensidad”, siendo uno de las características de la institucionalidad existente en la materia e incluso del propio sistema político vigente.

Este modelo entra en contradicción luego del creciente protagonismo de la movilización social a partir del 2006, en donde la participación ha desbordado los limitados canales establecidos institucionalmente, poniendo en cuestionamiento el “exitoso” modelo de gobernabilidad democrático chileno. Además, este proceso se inserta dentro de un contexto latinoamericano en donde se está produciendo una disputa por la construcción democrática en América Latina, post-autoritaria y post-transicional, destacando la emergencia de gobiernos que han resuelto esta contradicción proponiendo variantes al modelo neoliberal impuesto a finales del siglo XX.

Necesidad de profundizar mejoras a espacios de participación ciudadana

Desde nuestra perspectiva, consideramos que la superación de esta democracia elitista sustentada en una participación tutelada es una de las tareas principales de cualquier proyecto político transformador de la realidad actual, por lo que es importante revisar qué propone el programa de la Nueva Mayoría al respecto. De este podemos desprender algunos elementos que permiten avanzar en la dirección correcta hacia cambios reales en materia de participación. En este sentido, se valora el hecho de que en términos al menos discursivos se promueva la necesidad de abrir nuevos canales de participación, y se refuerce la idea de la participación ciudadana en la generación de políticas públicas como un derecho garantizado por la Nueva Constitución. Siguiendo esta línea es que se propone la incorporación de nuevos mecanismos de democracia directa o semi directa en distintos niveles de decisión pública. Si bien, algunos mecanismos de democracia directa fueron plasmados anteriormente por Bachelet en su Agenda Pro Participación el 2006, la correlación de fuerzas actual -tanto dentro como fuera de la institucionalidad- permite un panorama favorable para la ejecución de estas iniciativas.

También se propone la revisión de mecanismos de participación de los diferentes servicios públicos, como el SEIA. En este punto es importante establecer una mayor claridad sobre el concepto de participación, estableciendo criterios apropiados para orientar y producir los avances que se buscan en esta materia, con perspectivas a mejorar la gestión del Estado, para que no suceda como el fracaso del Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana elaborado el 2002, en donde los ministerios y servicios aplicaron de acuerdo a sus propios criterios la participación ciudadana en las políticas y programas que impulsaban.

Otro punto está relacionado con la revisión y fortalecimiento de la institucionalidad y mecanismos de participación ciudadana ya existentes, es decir, la ley 20.500. Este es uno de los puntos que como ICAL hemos venido desarrollando desde la promulgación de la ley el año 2011 hasta un reciente documento que recoge las propuestas de un encuentro de consejeros comunales realizados a principios de este año. La capacidad de organización de los COSOC, tanto a nivel comunal como nacional, será fundamental para generar una profunda revisión de la ley y visualizar los “cuellos de botella” que reproducen el carácter tutelar de la participación.

En este mismo ámbito, quizás uno de los principales avances es la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, que tendrá como tarea la difusión y promoción del derecho a la Participación Ciudadana y la fiscalización para que los órganos públicos cumplan adecuadamente con sus obligaciones en esta materia. El Consejo estará conformado por representantes de la Ciudadanía y el poder Ejecutivo, y coordinará un Sistema Integral de Participación Ciudadana del que formarán parte todos los Consejos de Sociedad Civil creados al alero de la ley 20.500. Tendrá presencia regional en el territorio para garantizar, entre otras cosas, procesos de Participación Ciudadana descentralizados.

La importancia de este espacio radica en distintos aspectos. En primer lugar, promueve el análisis y la producción de información sobre participación ciudadana en Chile a través de la elaboración de un Índice de Participación Ciudadana que de cuenta de los avances y dificultades en la materia, así como la difusión de buenas prácticas. Esto es importante para organizaciones que han buscado incidir en temas de participación ciudadana pero carecen de recursos para un levantamiento de la información riguroso y metódico, elementos fundamentales para caracterización de la realidad nacional. Queda como desafío para esas mismas organizaciones (ICAL, Mesa de Seguimiento Ley 20.500, Ciudad Viva, etc.) la necesidad de incidir en la discusión sobre la metodología de dicho índice.

En segundo lugar, se busca generar una estrategia de fomento de la sociedad civil, principalmente a través de la redefinición de los objetivos, los montos y formas de asignación del Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público. Esto resulta de suma importancia, ya que no solo basta con un aumento de recursos para los organismos estatales encargados de esta tarea, sino que es necesario rediscutir los objetivos de ese espacio que hasta el momento solo se ha dedicado al traspaso de escasos fondos a iniciativas y proyectos de la sociedad civil a nivel nacional, como es el caso del Fondo de Iniciativas Locales y Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.

Por último, se creara una División de Participación Ciudadana en la SEGEGOB, de tal manera de dar adecuado seguimiento y control del cumplimiento de metas ministeriales en materias de participación. En ello, falta profundizar aún más respecto del carácter de este espacio, ya que solo se refiere al fortalecimiento del liderazgo de dirigentes vecinales, sin adentrarse en la construcción de actores y sujetos sociales que permitan profundizar la vinculación entre problemas sociales y locales.

En este sentido, el municipio debería aparecer como un espacio propicio para canalizar la participación ciudadana y fortalecer la democracia. Estos y otros puntos son necesarios profundizar desde una perspectiva que busque modificar el sistema político vigente en nuestro país.

Por

Pablo Canelo, Sociólogo

Área de Desarrollo Local, ICAL

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