Silenciosa tramitación del proyecto que suprime el SENAME

Publicado en Abr 3, 2013 - 1:04am [2.655 lecturas] .

El siete de enero del presente año la comisión de constitución, legislación y justicia de la cámara de diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que suprime el actual SENAME (Servicio Nacional de Menores) y crea dos nuevas instituciones, cuyo objeto principal es la protección de la infancia y adolescencia, en cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado chileno, a través de la ratificación el año 1990 de la Convención de los Derechos del Niño y como resultado de la entrada en vigencia de la ley de Responsabilidad Penal Adolescente. En este sentido, se presenta una restructuración de un servicio que data de 1979 y cuyos cuestionamientos son el mejor argumento para su reformulación, en general la realizada por los trabajadores del servicio y organizaciones relacionadas al tema, pero particularmente las recomendaciones realizadas al Estado de Chile por el Comité de los Derechos del Niño el año 2007.

En concreto, el proyecto plantea la supresión del SENAME y en su reemplazo la creación de dos nuevas instituciones: el Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia y el Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente, ambos organismos descentralizados y desconcentrados territorialmente y que se relacionaran con el Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Justicia, respectivamente. La dirección superior de cada uno de estos servicios estará a cargo de un Director Nacional, donde además existirá un director por cada región del país. Se suma a esta estructura la figura del Comité Consultivo, tanto a nivel nacional como regional, órgano de carácter técnico – así lo plantea expresamente el proyecto – cuyo objeto es meramente informativo y que es convocado por cada director a lo menos dos veces al año. Sin duda, el gobierno espera su aprobación durante lo que queda de su mandato, interés que se manifiesta cada miércoles en trabajo de comisión con la presencia de ministros y autoridades.

Por otra parte, es destacable la participación de dos actores que han resultado relevantes en esta tramitación: la AFUSE y UNICEF. Es así como, los trabajadores del servicio, a través de la AFUSE (Asociación Nacional de funcionarios del SENAME), específicamente por intermedio de su presidenta Alicia Del Basto, no han dudado en  plantear sus criticas al proyecto, la que podemos resumir en tres puntos: la necesidad de contar con una ley de Protección General de la Infancia y Adolescencia, norma que no existe en nuestro ordenamiento jurídico; la flexibilización presupuestaria necesaria para asegurar mayores recursos al sistema en general, donde han señalado que el ejecutivo no ha puesto a disposición lo necesario para una adecuada restructuración del sistema; y por último, mecanismos de mayor participación de los funcionarios, a través de los propios órganos del servicio. Por su parte, UNICEF ha participado en la discusión a través de su consultor Nicolás Espejo, quien ha centrado su aporte en dotar al proyecto de un lenguaje propio y acorde a las convenciones internacionales, resguardando, además, que el proyecto en su contenido exprese los principios fundamentales de la convención, entre ellos: el interés superior del niño, el respeto a la autonomía progresiva y el derecho a ser oído. Respecto a este ultimo, en trabajo de comisión se dio una discusión interesante, por cuanto se planteo la razonabilidad de sumar al comité consultivo la participación de organizaciones de adolescentes como invitados permanentes, opinión que fue compartida por los trabajadores, proponiendo desde ya incluir a organizaciones estudiantiles y otras relacionadas, lo que claramente no gusto al ejecutivo.

En definitiva, todos estos detalles dan cuenta de la importancia de este proyecto, que en la práctica busca materializar la restructuración de una institución sumamente cuestionada y, donde, lamentablemente la iniciativa la tiene el ejecutivo, por lo que cualquier modificación al proyecto dependerá de la buena voluntad del mismo. Sin embargo, lo que más llama la atención es lo silencioso de su tramitación, más actores sociales debieran participar de este debate, ya que lo que esta en discusión es la protección de aquellos niños y niñas, de los adolescentes de nuestro país, que día a día se ven vulnerados en sus derechos más esenciales, abusos que, al parecer, como sociedad no siempre queremos ver.

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