La Universidad del Mar y el papel del Estado.

Publicado en Mar 13, 2013 - 4:37pm [2.975 lecturas] .

Carlos Arrué. Abogado.

El Estado subsidiario determina una naturaleza del rol estatal que progresivamente jibariza su actuar, expresado en competencias limitadas y fragmentación institucional. El sustento ideológico y filosófico de esto consiste en creer que el mercado y las relaciones entre privados pueden y deben básicamente auto regularse. En consecuencia, el Estado realmente juego un rol menor cumpliendo funciones regulatorias y fiscalizadoras. A mayor abundamiento, podríamos afirmar que el Estado está al servicio del mercado y actúa muchas veces conforme a las necesidades del mismo y no del interés nacional ni público.

Lo anterior devela la complejidad de la situación que afecta la Universidad del Mar. ¿Debe el Estado intervenir en una relación entre privados? En principio pareciera -en el caso específico- que sería lo más adecuado. Sin embargo, ¿por qué no podemos exigir lo mismo en relación a las Universidades que ya son estatales? Hemos visto en las últimas décadas el esfuerzo sostenido del Estado, guiado y motivado por principios neoliberales, de desmantelar el sistema público de educación y así  crear mejores condiciones para el crecimiento de la educación visto como bien de consumo. Por ende, el primer esfuerzo que la sociedad debe exigirle al Estado es defender y promover sus propias Universidades como expresión del interés nacional y público. Si eso no ha sucedido y se interviene el mercado para proteger la educación privada, estaríamos haciéndole un flaco favor a la educación pública.

Habría que añadir a lo anterior que los grandes problemas generados por el mercado y el lucro, como la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos, terminó con un Estado rescatando la banca, remediando con ello el actuar irresponsable de éstos últimos. O la Unión Europea rescatando también países y bancos, que igualmente actuaron de forma irresponsable. O  incluso la crisis de 1982 en Chile, que igualmente significó un desembolso fiscal de proporciones y que mas tarde fue condonado en buena medida. Todo lo anterior demuestra que el Estado puede intervenir, pero no por ello se pone remedio a la codicia y avaricia de los grupos económicos.

Es decir, si el Estado rescata a la Universidad del Mar lo que haría es ayudar a los grupos económicos, y con ello generaría un pésimo precedente.

Pese a todo, y tal como muchas veces el movimiento estudiantil a través del CONFECH vaticinaba, que el modelo chileno que propende al lucro generaba una mala calidad de forma estructural, derivado de la existencia del lucro como motor de su expansión y razón de existencia de muchas universidades privadas, no de todas. El Estado se limitaba a “blanquear” la operatoria y con ello, tarde o temprano, tendría quiebres.

Sin embargo, quizás nunca se pensó en lo trágico que pudiera llegar a ser porque realmente lo que conmueve es que quienes son responsables de esta situación no ven comprometidos sus futuros ni sus patrimonios. En cambio, los estudiantes y todos los demás chilenos, contribuimos al lucro que se han apropiado grupos de inescrupulosos, obtenido de aranceles que muchas veces se pagan a través del pago de impuestos que son destinados en parte a becas y créditos para que las universidades privadas puedan subsidiar la demanda y así  llenar sus aulas, y por cierto los bolsillos de sus dueños. Los grandes perdedores ahora son los estudiantes, que si bien yerran en solicitar la estatización y medidas similares, han sido abandonados como víctimas de sus anhelos que la propia sociedad le promueve.

A nuestro modo de entender, lo primero que debe hacerse es perseguir la responsabilidad civil y penal de los dueños de esta Universidad por contravenir la ley en relación al lucro. En la misma dirección, el Ministerio de Educación debe enviar una iniciativa que sanciona a los responsables de infringir esta normativa y no sólo depender de la fiscalización que puede hacer la Superintendencia. Estas sanciones deben tener en cuenta y expresar la importancia de resguardar la fe pública y castigar fundamentalmente el patrimonio de los socios dueños de las Universidades y sus empresas asociadas. En segundo lugar, debe crearse un mecanismo, no sólo para este evento sino a todo evento, que estipule la manera de cerrar una universidad, las consecuencias que implica y la forma de trasladar a los estudiantes. Por último, corresponde reformular el sistema nacional de acreditación con la mirada puesta en crear un diseño de Universidades complejas y de vocación pública.

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