La Inversión Extranjera en Chile y el despojo estructural.

Publicado en Ene 29, 2013 - 2:54pm [3.126 lecturas] .

Katia Molina

Encargada Área Laboral de ICAL

Sin lugar a dudas Chile sigue siendo “el mejor alumno de la región” según funcionarios del Fondo Monetario Internacional FMI; el más neoliberal del planeta. Y la economía chilena sigue siendo una de las economías más transnacionalizadas, según el índice de transnacionalización elaborado por UNCTAD[1], exportando su modelo en tiempos de crisis a Europa que se debate en el desmantelamiento de los últimos beneficios sociales que le quedan.

Hablar de Inversión Extranjera Directa IED, indudablemente nos remite a  estos elementos que son centrales y se relacionan claramente con la reestructuración capitalista ocurrida en los años setenta, y que en  Chile se inicia   a partir del golpe  de estado de 1973. De esta forma,   la entrada de las empresas transnacionales al país se corresponde con los planes de ajuste estructural hacia una economía exportadora, puestos en marcha durante la dictadura  militar (1973-1990), que   establece las  garantías y reformas legislativas favorables a la inversión extranjera. Desde ese momento, se ha favorecido la inversión de las trasnacionales, adecuando la  economía a la de libre mercado  y su legislación a esta lógica.

Las empresas transnacionales son los agentes del poder económico y político en esta etapa de la mundialización del capitalismo, que se caracteriza por alentar procesos de desregulación de sectores estratégicos de la economía a nivel mundial, por la irrestricta circulación de capitales y la liberalización del comercio.

Las políticas económicas implementadas en los últimos  cuarenta  años han transformado la inversión extranjera en lo fundamental, y esto está directamente relacionado con las iniciativas que privilegian los Tratados de Libre Comercio TLC con  Estados Unidos, la Unión Europea, China, Japón, entre otros.

La inversión extranjera se rige en Chile por el Estatuto de Inversión Extranjera DL 600 creado en 1974 por el Banco Central de Chile, siendo el Decreto Ley  600 el pilar del modelo en el ámbito de la llegada de los capitales transnacionales, pues le otorga al inversionista una gran certeza jurídica y facilidades tributarias.  Con este estatuto, los inversionistas extranjeros pueden optar al régimen tributario general  aplicable a las empresas nacionales. Un contrato Ley no puede ser alterado unilateralmente por el Estado chileno y tiene la fuerza jurídica de una ley.  Este marco legal da trato preferencial a la inversión extranjera. Así, el DL 600 ofrece garantías sin exigencias a las empresas transnacionales sin ninguna condición que pueda limitar sus ganancias

Si observamos  la  Inversión Extranjera según el país de origen, desde que se da inicio al modelo neoliberal en plena  dictadura militar hasta el año 2011, los países que  principalmente han invertido en Chile son  Estados Unidos con un 24.6%, seguido por España con 19.0%, luego  Canadá con 18.1%,  Reino Unido con 8.0% y  Japón con 5.5%

Esto debemos relacionarlo con la División Internacional del Trabajo, donde Chile es proveedor de materias primas, principalmente cobre. No podemos perder de vista que el sector de mayor inversión extranjera es minería. La nacionalización del cobre realizado en el Gobierno de la Unidad Popular (1971) es revertido por el proceso de apertura económica y la  concentración de capitales transnacionales en minería.

También, con el rezago de la inversión del Estado chileno en la Corporación Nacional del Cobre, CODELCO, lo que sigue privilegiando la llegada de capitales transnacionales al sector.

Después de la inversión  minera, que alcanza  un  34,1%  entre 1974 -2011,  la inversión en servicios pasó a ser el componente más dinámico,  alcanzando el 22,4% de los flujos, concentrándose   en telecomunicaciones y sector bancario de capitales españoles principalmente.

Para lograr que la inversión extranjera se fortaleciera, se realizó la privatización de todas las empresas estatales en la década del  noventa, entre ellas la de los servicios sanitarios, entregando a capitales extranjeros el manejo del agua y el alcantarillado, al igual que de otras actividades estratégicas del país, como  la generación eléctrica, que actualmente es liderada por las empresas transnacionales Endesa Chile,  AES Gener,  E-CL (GDF Suez), además de Colbun (grupo Matte).

Estas políticas implementadas han permitido que las empresas, en un contexto de crisis económica mundial, sigan obteniendo ganancias millonarias por sus negocios. Las exorbitantes utilidades se realizan  a costa de los trabajadores, mediante flexibilidad laboral, subcontrato, precarización en cuanto a derechos, y con un alto costo para  el medio ambiente.

El despojo opera legalmente en Chile,  y está basado  en la estructura misma del sistema, que  década tras década entrega nuestros recursos naturales y nuestro trabajo a las transnacionales lo que implica finalmente la pérdida de soberanía constante y permanente, y dibuja un incierto futuro ecológico.

 

 



[1] Boletín Económico de ICE Nª 2742

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