Presupuesto para combatir la Pobreza. Una institucionalidad aún insuficiente.

Publicado en Nov 23, 2012 - 5:55pm [1.442 lecturas] .

Por Claudio Rodriguez

El gobierno ha dado un marcado énfasis a lo que denominan el “combate a la pobreza”. El año pasado se aprobó la entrada en vigencia del Ministerio de Desarrollo Social, con lo que se intentó fortalecer la institucionalidad en la materia. Para tal objetivo, no ha escatimado esfuerzos políticos ni comunicacionales por dar a entender a la opinión pública que el nuevo estilo de gobernar, ha sido más eficiente y logrado reducir la pobreza. Incluso, mediante la manipulación y posterior desprestigio dela Encuesta CASEN, instrumento que mide la pobreza y sirve para la asignación  y focalización de políticas sociales. En este sentido, es relevante poder analizar algunos aspectos que han acompañado el debate presupuestario en la materia.

En tal sentido, la siguiente columna intenta develar algunos aspectos relevantes asociados al debate presupuestario y su correlato con el actual derrotero de las políticas sociales.

 

Propuesta Presupuestaria.

La Partida correspondiente al nuevo Ministerio de Desarrollo Social –MDS- presenta para el 2013 un Presupuesto Total Neto de $485.132.199 (miles de pesos). Esto representa un crecimiento del 6,22% en relación al presupuesto del año 2012, aunque es inferior al crecimiento total del presupuesto, que alcanza un  6,8%. Pese a este crecimiento, el porcentaje de esta partida en relación al presupuesto total de la nación sigue siendo muy bajo en relación a otros ministerios, ya que solo corresponde al 1,7% del Presupuesto de la nación.

La Partida se divide en una serie de Capítulos, que se están destinados al financiamiento de los distintos Servicios que tienen la tarea de diseñar y coordinar los distintos Programas Sociales destinados a la reducción de la pobreza y la inclusión social de distintos grupos. Esto incluye al FOSIS; SERNAM; INJUV; CONADI; SENADIS; SENAMA; además de la  recién creada Subsecretaría de Evaluación Social  -donde reside entre otros la Encuesta Casen y la Fichade Protección Social, y;  la Subsecretaría de Servicios Sociales  que articula el Sistema de Protección Social, que incluye el Chile Solidario, el programa Chile Crece Contigo y el reciente Ingreso Ético Familiar, como programas  eje de dicho sistema.

En cuanto al Chile Solidario, con la entrada en vigencia de la ley de Bonificación a Familias en situación de pobreza hay una reasignación de gastos entre FOSIS y la Subsecretaría.Resulta totalmente cuestionable que el presupuesto consagre una anomalía como la denominación de “Ingreso Ético Familiar”, lo que no tiene respaldo legal toda vez que la ley que entrega dichos recursos se aprobó con otro nombre. Por su parte, no se aprecia un aumento significativo en bonos, que ya venían entregándose bajo la denominación de Asignación Familiar. Sí, se constata un aumento en lo referido a gastos administrativos y de personal en el Programa Bonificación al Ingreso Ético Familiar. Esto debe ser justificado para su aprobación. En este sentido  la asignación a gastos administrativos y de personal pasa de $2.111.979 miles el año 2012 a  $ 4.451.999 miles para 2013, aumentando en $2.340.020 miles. A ello se le debe sumar el gasto de $1.509.398 miles que se asignan al Programa Eje en personal y administración.

Por su parte, el Chile Crece Contigo –Sistema de Protección Integral ala Infancia-presenta un aumento significativo del Programa de Fortalecimiento Municipal. Pensamos es necesario estipule el uso que pueda dar el municipio a tales recursos y quedar sujeto a Planes comunales de Infancia. Recordemos que en asignaciones efectuadas a los municipios, éstos –presionados por los problemas de financiamiento que arrastran- han sido más de una vez cuestionados por el uso de subvenciones que terminan utilizándose de manera ineficiente, como el caso de las derivadas dela LeySEP, para el apoyo de escuelas que trabajan con niños y niñas en condición de vulneración social.

 

Alcances a la propuesta.

Llama la atención lo bajo que representa la partida respecto del presupuesto de la nación. Ello le quita peso político al MDS, dependiendo de forma alta en la coordinación que pueda hacer de políticas y programas sociales sobre los cuales no tiene mayor control en sus procesos de diseño, gestión y evaluación. Cabe señalar, por otra parte, la necesidad de agilizar el traspaso de la parte preventiva y promocional de Sename al MDS, que tiene pendiente la operación de su proceso de transformación institucional y se encuentra aún en el Ministerio de Justicia.

El INJUV, en tanto, está claramente venido a menos y si bien no hay un recorte presupuestario ni de sus programas, su crecimiento está por debajo del IPC. Con este gobierno se recortó en el año 2010 esta partida en un  16, 2% y hoy se mantiene la tendencia hacia la baja anulando las políticas públicas hacia los jóvenes. Tal vez sea necesario abordar derechamente la reformulación de este Servicio, así como la pertinencia de su trabajo, buscando promover la calidad de vida y la actoría social de los jóvenes. Al respecto proponemos, en lo inmediato, el aumento de la partida al menos en 2.9%, valor IPC, con énfasis en programas de educación y participación cívica y política, con perspectiva comunitaria y orientado a jóvenes de sectores populares. Ello implicaría un aumento de $163.747 miles.

SENAMA, en tanto, es un servicio de corta data, aunque electoralmente importante, que con el gobierno de derecha ha tenido un permanente crecimiento y que para el año próximo buscará incrementar su trabajo con el adulto mayor, focalizando dicho crecimiento en programas asistenciales de acogida y residencia. En este sentido,  se debe poner atención en la vinculación que se genera con el sector privado y las casas de acogida y reposo para no replicar con este segmento de la población, las políticas de fomento al lucro existente en educación y salud. Deben existir estándares mínimos y el Estado debe velar por un servicio de calidad, con carácter promocional, que garantice un derecho humano básico y la dignidad del adulto mayor.

Respecto ala Subsecretaría de Evaluación Social creemos debe asegurarse un seguimiento y evaluación continua respecto a los efectos e impacto de la política de bonos que prima como estrategia con las familias más pobres e indigentes de nuestro país. Para evaluar programas sociales fue creada esta subsecretaría y hasta la fecha, se desconocen estas apreciaciones y, pese a ello, aumentan y disminuyen presupuestos al parecer, por mera discreción. En este sentido, el Informe de Política Social debiese tener un carácter más analítico y evaluativo de los principales Programas y Políticas Sociales, y no ser meramente descriptivo.

Por su parte, resulta necesario manifestar la preocupación respecto a los recursos destinados para la Encuesta CASEN.Mientras el gobierno anuncia una nueva institucionalidad que pueda desarrollar este estudio, existe una disminución de recursos para esta glosa, en alrededor de 342 millones, sin considerar la eliminación del panel-CASEN. De todas formas el ejecutivo propuso recientemente para paliar el retiro de la CEPAL de dicho proceso, el convenio con el INE, que bien podría ser para traspasarle a éste la responsabilidad de esta encuesta, cosa que no se estipula en la glosa correspondiente. No obstante, para ello requiere generar primero el INE autónomo, es decir una nueva institucionalidad, que difícilmente la pueda lograr en los plazos necesarios para que la Encuestase ejecute el año próximo. Este escenario no hace más que develar la falta de eficacia de la subsecretaría de evaluación social, la cual fue generada con el objeto de dar seguimiento a la política y programas sociales, siendo la CASEN el instrumento principal que orienta la política social y la asignación de los gastos. Se propone en concreto la necesidad de que la CASEN podría y debería ser convenida con una Universidad. Ello aseguraría una evaluación más integral y vincula la Universidad con una tarea país relevante. En términos concretos, proponemos que la realice la Universidad de Chile, reforzando de esta manera el sentido público de una Universidad, que debe estar vinculada a las necesidades de desarrollo del país.

Del análisis del Presupuesto en materia social surgen algunos desafíos para un mayor alcance de esta en el mediano plazo. El Presupuesto busca mantener y consolidar el carácter subsidiario del Estado por medio el control del gasto social y un crecimiento basado fundamentalmente en transferencias corrientes. Para ello, financia las limitaciones de la nueva institucionalidad, en cuanto a su bajo peso específico para articular la política social, la que se reduce principalmente a bonos, los que alcanzan cerca del 25% de la partida. Ello, solo contando los bonos y recursos para el funcionamiento del Ingreso Ético Familiar -de errónea denominación-, sin subsidios ni bonos de otros programas. Es necesario cuestionar la poca claridad y debilidad del rol evaluador dela Subsecretaría de Evaluación Social. Para ello se debe partir por mejorar el informe de política social –IPOS- que es meramente descriptivo, así como abordar con profundidad el impacto de la política de bonos como estrategia efectiva para la superación de la pobreza. Por último, corresponde tener una mirada crítica y atenta al rol de los privados como ejecutores. Por una parte, se deben generar  y asegurar marcos regulatorios y de control que aseguren una mayor eficiencia. A su vez, éste no debería ser un espacio que de cabida posible al lucro. En tal sentido, se debe remirar con ésta doble óptica el aporte de las consultoras y empresas sociales, que surgen como ONGs de segunda generación en el período de transición.

 

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