Estudio de ICAL develará las limitaciones del Presupuesto 2013.

Publicado en Oct 12, 2012 - 6:57pm [2.622 lecturas] .

Un equipo de profesionales de ICAL, encabezado por el  abogado Carlos Arrué, encargado del Programa Parlamentario del Instituto, se encuentra desarrollando un completo análisis crítico del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2013, mientras se discuten las partidas en las subcomisiones.

El trabajo consiste en el estudio técnico de algunas partidas consideradas más relevantes, evaluando también algunos temas que son transversales, es decir, que pueden estar presentes como ítemes en los distintos ministerios.

La mayor atención de este análisis se ha puesto en los ministerios de Educación, Trabajo, Desarrollo Social, Transporte, Salud, que han estado en el centro del debate nacional, y son materias que el Instituto ICAL investiga en forma permanente. También se analiza la partida del Tesoro Público que contiene un conjunto de recursos que no están en las otras partidas pero que aprovisionan recursos de uso público, como por ejemplo el Fondo de Educación que es una plata extra para comprar deudas de aquí a dos años.

De acuerdo a lo que ha indagado este equipo de estudio, el Fondo de Educación, que se llama técnicamente Compra de Títulos y Valores, está destinado para comprar deuda de estudiantes de la educación superior. Esto implica que la banca está bien asegurada en este Presupuesto, porque si bien se bajó la tasa de interés para los estudiantes, no así para la banca y ese costo lo está pagando el erario nacional. “El lucro en la Educación estará en menor medida sustentando por las familias y en mayor medida por el Estado”, enfatiza Arrué.

“El Presupuesto es una materia política y no solo un asunto de pesos más o pesos menos”, remarca Carlos Arrué, por lo que se debe caracterizar el tipo de gasto que se realiza.

Con respecto a los temas que se desprende de forma transversal en el Presupuesto, el análisis está centrado, por ejemplo, en el Transantiago y el Empleo Público. Este último, es una temática que está presente en todas las partidas, y aparece “muy golpeado” en el Presupuesto. Que esté golpeado quiere decir que “las normas que están contenidas en las glosas normalmente tiende a relativizar la aplicación del Estatuto Administrativo” que rige a los funcionarios públicos.

Por ejemplo, establecen las partidas “formas de sustituir la aplicación del Estatuto Administrativo con otro tipo de reglas”. Eso quiere decir que la normas exigidas “van a quedar pendientes o no se van aplicar respecto al aumento de dotación”, que es una forma de poder contratar personal a honorarios y no aplicar dicho estatuto. “De forma discrecional bien podría usarse para contratar operadores políticos en año de elección presidencial”, indica Carlos Arrué.

Entonces, uno de los aportes de este equipo es relevar aquellos temas que emergen, más allá del análisis técnico mismo del Presupuesto.

En el caso del Transantiago, para el abogado es importante dilucidar qué sucede con ese tema que aparece como un programa del Ministerio de Transporte, no obstante que hay platas para el sistema de transporte metropolitano en distintas partidas.

Este estudio, que ICAL viene desarrollando cada año, estará a disposición de las organizaciones sociales, sindicales, gremiales y estudiantiles, las ONG, incluso los propios parlamentarios, y los interesados en conocer cuáles son las políticas y como éstas se van a financiar en cada sector.

Uno de los dos principales objetivos del estudio es develar las limitaciones que tiene el Presupuesto 2013, como aplicación de la política fiscal que en este caso profundiza y desarrolla del modelo económico neoliberal. Por tanto sus limitaciones son de tipo económico y también jurídico, reafirma el especialista.

Sus limitaciones económicas hacen imposible, por ejemplo, que se modifiquen temas importantes como el financiamiento a la creación de empresas estatales o el fomento a la gratuidad de la educación superior como un derecho.

Otra limitación la origina la imposibilidad de los parlamentarios de solicitar aumento en los gastos, prerrogativa que solo tiene el Ejecutivo. Por lo tanto, dar a conocer estos antecedentes “permitiría ejercer una presión social importante sobre la autoridad en función de ciertas demandas”, que significarían logros programáticos para estas organizaciones, indica.

Como una demostración de que se pueden lograr cambios, el abogado relató la experiencia del año pasado, en que a instancias de una propuesta realizada por ICAL se acogió, tras una negociación de la oposición con el gobierno, la creación de un aporte basal a las Universidades del Consejo de Rectores, que había sido rechazada por el Parlamento. Ese ítem no existía, pese a que las universidades estatales lo habían pedido hace muchos años.

Para este año un objetivo importante sería la explicitación acerca de cuánta plata del Presupuesto se sigue destinando a financiar instituciones ajenas a la Educación, como es la banca privada que lucra con la educación.

Con este conocimiento, entregado a través del análisis crítico del Presupuesto, las organizaciones sociales pueden llegar a tener mayor cercanía con las dinámicas del Estado y por ende influir en la toma de decisiones y en la construcción de sus demandas, en el corto y mediano plazo.

Se anticipa que la próxima semana se publicará un primer informe de esta investigación. Y para inicios de noviembre, previo a la constitución de la Comisión Mixta, se acompañará a las organizaciones sociales para promover indicaciones que puedan presentar a los diputados. También, prepararlos si son invitados a las sesiones de la subcomisión.

Este equipo de estudio lo integran, el ingeniero civil, Jerónimo Verdugo; Fernando Flores que son parte del Taller de Educación de ICAL; Diego Polanco, economista y estudiante de Magíster en Economía; Daniel Espinoza, sociólogo, entre otros expertos.

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