El debate presupuestario puede reorientar los recursos.

Publicado en Oct 15, 2012 - 1:04pm [1.329 lecturas] .

Felipe Valenzuela S. Sociólogo Área Laboral ICAL

Cuando hablamos de presupuesto, nos estamos refiriendo a lo que el Estado destina al gasto dentro de un período determinado,  es decir a lo que se conoce como gasto fiscal. Gasto que forma parte de  la llamada política fiscal que junto con la política monetaria (que es la destinada a la generación de la oferta monetaria por parte del Estado), constituyen las herramientas principales para la conducción de la economía. El gasto forma  parte de la demanda agregada interna, factor importante del producto interno bruto.

Desde hace varias décadas  nuestro país mantiene un gasto fiscal moderado y manejado con un criterio basado en la inexistencia de déficit e incluso generando -desde el gobierno de Lagos- un superávit año tras año con características de ‘’superávit estructural’’. Esta situación responde a la aplicación de la formula correspondiente a la economía neo-clásica, que contrariamente a su antecesora clásica que se dedicaba al estudio de la formación del capital,  plantea que la existencia de la flexibilidad de los precios, que contempla los precios de los bienes, servicios y de la fuerza de trabajo, provocará como consecuencia un equilibrio que producirá un empleo pleno de los recursos productivos. Supone que el valor total de lo que se produce en la sociedad es equivalente a los ingresos del conjunto de los agentes económicos (individuos y empresas)  y por lo tanto no es posible que se deteriore la demanda agregada. Esta perfección implica que no es necesaria la participación del Estado en la economía y si existe debe ser de carácter marginal, lo que significa -entre otras cosas- que la política fiscal debe preocuparse de mantener un gasto de baja intensidad, y que la asignación de los recursos esté traspasada al sector privado.

En las últimas tres décadas Chile ha seguido estas reglas en forma religiosa, en correspondencia con una etapa del capitalismo en que dichas normas han estado fijadas por organismos rectores de la economía internacional:  Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Organismos que no solo son de carácter normativo, sino que intervienen directamente en las economía internas de los países mediante presiones expresadas en las condiciones de financiamiento de los Estados y en la importante tarea de vigilancia para que se conduzcan las economías de acuerdo al llamado Consenso de Washington, celebrado en 1989, que señalaba entre otra medidas, el fin de los déficit en los presupuestos fiscales, un ordenamiento de los mismos, privatizaciones de empresas del Estado, liberalización de las tasas de intereses financieros (Chile ya lo había puesto en marcha desde  la década del setenta), reformas tributarias, pero especialmente la liberalización del comercio exterior que facilitara la instalación de una nueva división internacional del trabajo.

Esta nueva división del trabajo en el planeta ubicó a Chile en la posición de proveedor de materias primas. Se inició de este modo una nueva etapa conocida como neo-extractivista. Con ello se volvió a una situación similar a la que nuestro país mantuvo desde su fundación hasta ya entrado el siglo veinte. La diferencia estribó en que produce una sensación de bonanza económica, originada por un cambio en los términos de intercambio a raíz del desplazamiento de las cadenas de valoración al Asia. Ello ha mantenido precios interesantes, principalmente del cobre, que han implicado el mantenimiento de un flujo de divisas, lo que sumado a un criterio de vigilancia de los equilibrios macroeconómicos, permitió mantener un presupuesto fiscal reducido por muchos años.

Lo anterior se traduce en que Chile mantiene  niveles de gasto muy bajos respecto del P I B. De hecho, el 2011 representó un 21.1 %, lo que lo sitúa sólo por encima de países cómo Bangladesh, Camboya, República Centroafricana y en América a  República Dominicana y Guatemala que solo destinó un 13.7 % el año pasado, o Perú que gastó un 17.3 % del PIB. Por supuesto el contraste lo aportan países como Suecia con un 52.5 %, Austria con 49 % y Estados Unidos con un 38.9 % y el cercano Brasil que gastó el mismo año un 41 % de su Producto[1].

Al examinar estas cifras parece que la ortodoxia de aquel ya lejano consenso celebrado en la capital de los Estados Unidos esta quedando atrás y este propio país activa su economía por la vía del gasto, alimentándolo entre otras cosas con los ahorros que nuestro país coloca en ese mercado. Ahorro de cuyo logro los ministros de Hacienda de turno no ocultan su satisfacción cada vez que corresponde enviar la ley de presupuesto como una señal de ‘’responsabilidad y seriedad’’ en el manejo fiscal.

Es bueno discutir estos temas en el conjunto de la sociedad en forma simultánea a los debates que se dan en el parlamento en torno a la ley de presupuesto enviada cada año por el ejecutivo, porque se puede procurar la reorientación de recursos que la población efectivamente necesita, y además para ganar acuerdos sobre asuntos estructurales que no se contemplan en los proyectos de las cuentas públicas de cada año.

 

 

 



[1] wikipedia.org/wiki/Government_spending

 

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