Un gobierno democrático y de justicia social es posible.

Publicado en Sep 24, 2012 - 7:25pm [3.818 lecturas] .

Daniel Núñez, Sociólogo, miembro de la Comisión Política del PC.

Han transcurridos casi dos años desde la fecha en que el Partido Comunista de Chile celebró su XXIV Congreso, y desde entonces los acontecimientos políticos en el país se han sucedido a un ritmo vertiginoso. Si bien en el momento en que se realizó este evento, el presidente Piñera recién había completado su primer año en La Moneda y todavía conservaba altos niveles de apoyo, la situación cambió radicalmente en los meses venideros. A partir de enero del 2011 se generaron una sucesión de luchas sociales de diversa índole, que se prolongaron durante todo el año, y que tuvieron su punto culmine en las movilizaciones en defensa de la educación pública y contra el lucro que protagonizaron estudiantes, trabajadores de las universidades, académicos, profesores, padres y apoderados, entre otros sectores.

Esta oleada de movilizaciones generó una crisis política sin precedentes en el gobierno, que incluyó una sostenida caída en las encuestas y dos cambios sucesivos de gabinete. Sin embargo, la consecuencia más importante de todas no sé produce en las alturas del poder, sino que se genera entre la gente común y corriente, ya que como efecto directo de esta agudización de la lucha social, segmentos mayoritarios de la población manifiestan un cuestionamiento abierto a algunos de los principios fundantes del orden neoliberal imperante.

El despertar ciudadano que experimenta la sociedad chilena también está provocando un reordenamiento de los partidos y movimientos que hacen parte de la oposición. En el principal conglomerado opositor se agudizan las diferencias, entre quienes postulan la necesidad de superar a la Concertación constituyendo un nuevo referente, y aquellos sectores que asumen una posición conservadora reivindicando la vigencia de dicho conglomerado, como sucede con el llamado eje que conforman el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Este reordenamiento político tiene como telón de fondo la proximidad de las elecciones presidenciales y las expectativas de triunfo que genera un posible acuerdo en torno a un programa común y una candidatura única de la oposición.

En la conformación de este nuevo escenario político los comunistas y su política de Revolución Democrática han tenido un rol destacado. La mayor gravitación que alcanza el Partido Comunista dota de una renovada vigencia a los acuerdos que suscribimos en nuestro XXIV Congreso, en especial, a aquella tesis que apunta a la necesidad de poner fin a cuatro décadas de hegemonía ininterrumpida del gran capital, con la conquista de lo que hemos denominado como un gobierno de nuevo tipo. En el congreso acuñamos el término de “gobierno de nuevo tipo”, para explicitar la vocación de poder de nueva mayoría de chilenos y chilenas que se proponen avanzar decididamente en la ruptura del neoliberalismo, e impulsar desde el Estado y la sociedad civil, las transformaciones democráticas que las anteriores administraciones concertacionistas nunca quisieron emprender. En otras palabras, los comunistas aspiramos a instalar un gobierno democrático y de justicia social que marque el fin del actual ciclo de dominio del neoliberalismo.

Para una fuerza política como el Partido Comunista que brega por erradicar la explotación del hombre por el hombre y al sistema capitalista que la origina, la posibilidad de participar en un gobierno que se engendra y convive en medio de la institucionalidad burguesa es un tema muy serio. En este sentido aparecen como referencias históricas ineludibles las dos experiencias de gobierno que ha tenido el Partido Comunista en el siglo XX. No deja de ser curioso que cuando los comunistas hacen parte de alianzas políticas que triunfan en las urnas y acceden al poder ejecutivo, el país esté atravesando por coyunturas marcadas por una agudización de las contradicciones sociales, e incluso, esté en juego un giro radical en la estrategia de desarrollo del país. El triunfo del Frente Popular en 1938 alcanzó una significación histórica, en la medida en que permitió sentar las bases de lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, que predomino desde la década del cuarenta hasta fines del los setenta. Bajo el mandato de Pedro Aguirre Cerda –primer presidente del frente popular- se crea la famosa Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), se legitima la intervención del estado en decisiones económicas estrategias del país y se amplían en forma progresivamente los derechos tanto sociales como políticos de masas populares hasta entonces excluidas. La Unidad Popular es un caso diferente, pues aquí las pretensiones de avanzar en la construcción del socialismo se vieron truncadas por el golpe del estado, y lo que pudo haber sido un innovador proceso de articulación entre el socialismo y la democracia, devino en una tragedia de impensadas proporciones. Tras el golpe de estado, lo que se impondrá es una contra-revolución que barre a sangre y fuego con el estado desarrollista, instaurando una de las versiones más extremas del neoliberalismo que ha conocido América Latina.

Por ello resulta pertinente hipotetizar que esta pretensión del XXIV Congreso  de articular un gobierno democratizador, también se vincula a un momento muy particular en la vida nacional, pues hoy existe la oportunidad histórica de poner término a la hegemonía neoliberal e inaugurar una nueva etapa en el devenir del país. Curiosamente lo que para Chile sería un gran avance no tiene nada de novedoso para el subcontinente. Desde fines de los noventa en América Latina se ha abierto camino un ciclo de gobierno posneoliberales, y somos justamente nosotros los chilenos, quienes aún estamos distantes de los vientos de cambio que soplan en la región.

 

 

El posneoliberalismo Latinoamericano.

En América Latina la irrupción del neoliberalismo se vio favorecida por el estallido de la crisis de la deuda externa y la consiguiente depresión económica que azotó a la región en los ochenta, sin embargo va a ser en el decenio siguiente, en los noventa, el período donde el neoliberalismo logro imponerse a plenitud. Son presidentes como Carlos Andrés Pérez en Venezuela, Alberto Fujimori en Perú, Carlos Menen en Argentina y en Brasil Fernando Enrique Cardozo, entre otros mandatarios; los que expandirán políticas de libre-mercado, que anteriormente sólo se habían aplicado con disímiles resultados en Chile y Bolivia. Si la década del ochenta fue llamada por la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) como la “década perdida”, buscando reflejar el cataclismo económico y social que acarreó la crisis de la deuda externa, el balance del período de auge del neoliberalismo no es nada halagador. A pesar que los indicadores macroeconómicos van a mostrar una leve mejoría, los noventa es un década marcada por dramáticos contrastes sociales, donde crece en forma escandalosa la pobreza, se acrecienta la desigualdad y las democracias enfrentan severas crisis de representación, vaciándose de contenidos sustantivos al decir del sociólogo argentino Atilio Boron. Va a ser justamente esta agudización de las contradicciones sociales, lo que posibilitará el surgimiento de renovados movimientos sociales y pujantes organizaciones políticas que enarbolando un discurso crítico a las recetas neoliberales imperantes, triunfarán en las contiendas presidenciales de sus respectivas naciones.

La emergencia de estos gobiernos alternativos se inicio en 1998 con el triunfo de Hugo Chávez en Venezuela, luego prosiguió en Brasil con la victoria con Lula, y se propago por Bolivia, Ecuador, Uruguay y Argentina, alcanzando incluso al Paraguay del exobispo Fernando Lugo y en menor medida a Perú. Los ecos de este nuevo ciclo posneoliberal también se han hecho sentir en América Central, donde el sandinismo vuelve al poder con Daniel Ortega y el Frente Farabundo Martí (FMLN) triunfa en el Salvador. La situación de este último país centroamericano permite poner en evidencia un aspecto insoslayable dentro de la constelación de nuevos gobiernos, y que apunta a la diferente profundidad que alcanzan las transformaciones democráticas que se llevan a cabo, así  como a la difícil coexistencia de las coaliciones y partidos triunfantes con aspectos sustantivos de las antiguas estructuras de poder.

En algunos casos como sucede en Venezuela y Bolivia la confrontación con el gran capital y sus representantes locales se agudiza, llegando a desatarse intentonas golpistas por parte de los sectores más reaccionarios de la oposición. En estos países el proceso de transformación social adquiere un claro carácter antineoliberal, se radicaliza, e incluso asume una declarada perspectiva socialista. Ello contrasta con la situación de El Salvador, Brasil, Perú o Paraguay, donde las coaliciones que acceden al poder han debido efectuar importantes concesiones programáticas para asegurar su triunfo en las urnas, y una vez en control del poder ejecutivo, han sido incapaces o simplemente no han querido crear una correlación de fuerza a favor de las transformaciones estructurales. En estos últimos casos estamos en presencia de gobiernos que si bien se distancian de las políticas neoliberales clásicas, están lejos de guiarse por una estrategia de ruptura con el neoliberalismo.

A pesar de la heterogeneidad antes señalada, hay ciertos rasgos generales que identifican a estos procesos posneoliberales y que también permiten hacer la diferencia entre ellos. Un primer aspecto común es la apertura de mayores espacios de participación, lo cual ha permitido la ampliación de las fronteras de la ciudadanía, incorporando a cientos y miles de personas que se encontraban ausentes de la vida pública a los principales eventos políticos de sus respectivos países. Cuando esta ampliación de la ciudadanía ha sido más consistente, ella ha ido acompañada con cambios fundamentales en la institucionalidad política. Ejemplos paradigmáticos es la convocatoria a asambleas constituyentes en Bolivia, Venezuela y Ecuador, que redefinen las bases de sustentación de sus respectivos regímenes políticos, combinando los tradicionales mecanismos de la democracia representativa con innovadores formas de democracia participativa y directa. El otro aspecto clave se refiere al fortalecimiento del Estado, específicamente a las atribuciones que se le entregan para intervenir en la economía y limitar el ámbito de acción del mercado. Aquí destaca la implementación de políticas sociales de amplia cobertura que apoyan a los sectores más carenciados, como ocurre como el famoso plan hambre cero de Lula, o la asignación universal por hijo implementada por los Kirchner en Argentina. En ciertos países estas políticas han ido acompañadas con medidas que retornan al estado el control sobre recursos naturales estratégicos como el gas o el petróleo. Cuando se produce esta situación, y el estado ejerce  soberanía sobre recursos estratégicos para el desarrollo nacional, estamos en presencia de procesos donde se experimenta un fortalecimiento cualitativo de la soberanía nacional y se agudiza la confrontación con el capital trasnacional.

A pesar de estas diferencias entre uno y otro país, lo que es indudable es que una de las principales consecuencias políticas de éste ciclo de gobierno críticos al neoliberalismo, es que ellos han fortalecido los procesos de integración regional, limitando en forma significativa la influencia que goza Estados Unidos en la región, en especial en Sudamerica. Expresión de esta incipiente integración e independencia latinoamericana, es el  surgimiento de nuevas instituciones como la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), y el propio fortalecimiento de otros acuerdos como el Mercosur.

 

El gobierno de Nuevo Tipo, un gobierno en disputa.

Al momento de introducirse en Chile las políticas neoliberales, la dictadura pinochetista gozaba de un control casi total sobre la sociedad chilena, lo que se explica en gran medida por la brutal represión que ejerció este régimen sobre los partidos de oposición y las organizaciones sociales, especialmente sindicales. Entre otros factores, estas óptimas condiciones favorecieron durante los ochenta una prematura consolidación de las reformas de libre mercado y una exitosa maduración temprana del llamado ajuste  estructural. Todo lo cual que terminaría convirtiendo a Chile hacia fines del siglo XX en una auténtica sociedad de mercado. La consolidación que experimentó el neoliberalismo criollo durante la década del noventa, ha llevado a variados intelectuales y analistas políticos a comulgar con la idea que la hegemonía que goza el bloque en el poder[1] es un fenómeno estructural, que difícilmente se verá modificado en un corto o mediano plazo. Aunque la reciente oleada de luchas sociales y movilizaciones ciudadanas echa por tierra esta tesis en extremo pesimista y nos permiten postular la existencia de una crisis parcial en la hegemonía dominante; no se puede desconocer que el neoliberalismo chileno es un adversario que cuenta con portentosas trincheras y fortificaciones a las cuales recurrir en caso de amenaza. Entre estos respaldos destaca una derecha donde predominan los elementos pinochetistas vinculados a la UDI, y que gracias al sistema binominal ha mantenido importantes cuotas de poder electoral. También se cuentan los grandes grupos económicos nacionales que han diversificado sus áreas de negocios, y ampliado su esfera territorial de influencia ejecutando importantes inversiones en países vecinos como Perú, Argentina, Brasil y Colombia.

Son justamente estas fortalezas las que nos obligan a postular que una derrota del neoliberalismo será fruto de una convergencia entre actores  políticos y sociales de muy diverso signo. La expansión desenfrenada gran capital, y en especial, la desnacionalización del país a través de la penetración del capital extranjero no sólo golpea a la clase obrera y al pueblo, sino que también afecta a una masa extremadamente heterogénea y variopinta. Forman parte de ella una variada gama de mediano y pequeños productores -ya sean rurales o urbanos- que sobreviven en duras condiciones, así como sectores de capas medias asalariadas que se ven agraviados por las insultantes desigualdades. Todo este panorama genera condiciones para construir una amplia alianza inter-clasista, que avance en las transformaciones políticas y sociales postergadas, y desmonte esta verdadera dictadura del mercado a la que estamos sometidos los chilenos.

A diferencia de lo que fue la Unidad Popular, donde los comunistas privilegiamos una alianza en la cual la hegemonía de la clase obrera se imponían sin contrapeso. Para el período actual, lo fundamental es configurar una multifacética plataforma de salida al neoliberalismo, que ubique como el enemigo principal al capital transnacional y a los grandes grupos económicos locales. Por lo tanto el gobierno democrático y de justicia social al cual aspiramos, será un gobierno donde convergerán distintas clases, fracciones de clase y otras categorías sociales, existiendo en su seno una fuerte disputa por la hegemonía. En otras palabras, en un gobierno de nuevo tipo estarán representados distintos intereses de clase, que irán desde fracciones burguesas del capital nacional -que circunstancialmente entren el conflicto con el capital transnacional- hasta la clase trabajadora. Sin dejar de lado a una vasta gama de estratos y categorías sociales intermedias, muchas de ella de carácter popular, e incluyendo también a sectores de la pequeña burguesía comercial y productiva, más popularmente conocidos como PYMES (pequeñas y medianas empresas). Una de las situaciones más complejas que deberá enfrentar esta coalición de gobierno se refiere a la relación con el capital nacional. Estamos hablando de sectores capitalistas que si bien no adquieren la dimensión de un grupo económico, si tienen una presencia significativa en el mundo de los negocios. De los partidos de oposición quien mejor representa estos intereses es el PDC, pues dicho partido -a pesar de su consabida composición pluriclasista- mantiene un fuerte vínculo con capitales nativos estrechamente asociados a la agricultura de exportación, al rubro de la  construcción y a los servicios en general.

Al participar de un gobierno en disputa también se corre riesgos de sucumbir internamente, es decir, de carecer de la fuerza suficiente para generar una correlación favorable a los intereses populares, quedando empantanado dentro de una coalición sin voluntad de cambio. Actualmente los sectores más conservadores de la oposición están agrupados en una triada, donde convergen  tres corrientes distintas. Por un lado se encuentra la tecnocracia liberal –que está instalada transversalmente en los partidos de la concertación- y que fue el principal soporte político de las anteriores administraciones concertacionistas. Por otra parte está el capital nacional, representado políticamente por el sector más derechista de la Democracia Cristiana, y en tercer lugar, se ubica un actor emergente -aunque no menos relevante-, el actual núcleo de conducción del PS. En este grupo de dirigentes socialistas ha primado la idea que un futuro gobierno de Bachelet debe ser conducido con realismo y pragmatismo político, privilegiando acuerdos consensuales y desechando cualquier cambio traumático que pueda alejar a los votantes moderados.

El reciente episodio de posturas encontradas dentro de la oposición al momento de aprobar en el parlamento el mal llamado proyecto de reforma tributaria, nos recuerda en forma elocuente los riesgos que puede enfrentar un futuro gobierno de convergencia opositora. Al calor del debate, y en particular en las negociaciones con los ministros de Hacienda y Larroulet, el presidente del presidente del senado, el socialista Camilo Escalona se dio maña para revivir la funesta política de los consensos con la derecha y alinear a una parte de la concertación para votar a favor de este anodino ajuste tributario. Si dentro de la oposición se impone esta tendencia es probable que no tengamos un gobierno de nuevo tipo, sino algo más parecido a un quinto gobierno de la concertación. En definitiva se puede concluir que es condición para articular un proceso efectivo de transformaciones democráticas la superación de la concertación y la creación de nueva coalición política que tome distancia del neoliberalismo.

Es evidente que cualquier iniciativa política que busque la superación del orden de mercado afectará los intereses dominantes, generando severas resistencias. El poder económico, político y cultural que mantiene el gran capital es gigantesco y cuentan con variados recursos para boicotear un proceso de transformación social. En este sentido las acumulaciones electorales que se generen en espacios institucionales como municipios, gobiernos regionales y parlamento serán importantes, pero tanto o más significativa puede llegar a ser la expresión activa de la voluntad soberana de esas mayorías electorales. Se trata de crear, -a través de múltiples formas-,  una presión ciudadana a favor de los cambios democráticos que visibilice en forma contundente la voluntad de las grandes mayorías nacionales.

Para avanzar en la construcción de esta mayoría activa se requiere tejer una articulación de nuevo tipo entre la izquierda y el movimiento social, que supere las desconfianzas que se han instalado en algunas organizaciones sociales hacia el mundo político. En definitiva se trata de dar vida a una alianza que defina objetivos estratégicos comunes entre la izquierda y los movimientos sociales, que asegure el cumplimiento de las demandas sociales más emblemáticas y comprometa el concurso de dichos movimientos para crear las correlaciones de fuerzas necesarias para concretar esas sentidas reivindicaciones. En circunstancias particulares, esta relación puede llegar a expresarse a través de formas creativas de participación del movimiento social dentro del parlamento y del poder ejecutivo, lo cual sin duda también ayudaría a mejorar la correlación interna de fuerzas dentro de la coalición gobernante.

Es razonable preveer que un gobierno de convergencia entre actores tan diversos, y que además se desarrolla en un marco constitucional heredado de Pinochet, tendrá que avanzar en forma gradual. Pero también es posible preveer que la resistencia del gran capital y sus aliados puede llegar a provocar tensiones que bloqueen las reformas democráticas o  desaceleren el ritmo de las transformaciones, generando crisis sectoriales y parciales que pueden desembocar en saltos cualitativos en la superación  del neoliberalismo. Esto nos permita plantear otra opción, como es la ruptura democrática con la institucionalidad pinochetista. Bajo la dictadura pinochetista el neoliberalismo criollo fue refrendado a través de una poderosa fortificación institucional, que es la constitución política aprobada en el año 1980, y que se encuentran plenamente vigentes. Por tanto cualquier gobierno que se proponga seriamente la superación del orden neoliberal, debe ser capaz de generar una nueva carta magna basada en principios democráticos, y no en las definiciones ultra-liberales que orienta la actual constitución.

Los ejes programáticos para un gobierno democrático y de justicia social deben apuntar a combatir la desigualdad social. Para ello es necesario asegurar a través del servicio público el acceso a derechos inalienables para todo ser humano en materia de previsión, salud y educación. En el plano del medio-ambiente es necesaria una política que reguarde nuestros recursos naturales, ponga coto a la depredación de los mismos por parte de trasnacionales y grupos económicos locales, y asegure un control público sobre ciertos recursos imprescindibles como el cobre y el agua. Por último, y debido al peso que tienen los asalariados en nuestra economía así como a las altas tasas de ganancias del capital, es imprescindible un nuevo código del trabajo. Y podríamos seguir enumerando otras demandas, todas ellas muy justas. Pero debemos abrirnos a la posibilidad que en un primer momento este gobierno de nuevo tipo se estructure en torno a un programa mínimo, -que aunque no resuelva todas estas problemáticas-, de señales claras de un distanciamiento de las formulaciones neoliberales, exhibiendo por tanto un rumbo democratizador.

 



[1]                      La hegemonía dentro del bloque en el poder, la tiene el capital trasnacional quien opera aliado con los grupos económicos nacionales. También forman parte de este bloque en el poder la tecnocracia liberal que laboran al servicio del gran capital.

 

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  1. Manuel 16 octubre, 2012 at 15:07 - Reply

    mmm y los trabajadores? Las elecciones de la Cut y todo eso.
    El artículo está en lógica política bien desarrollado, con una dosis amplia de esperanza, más de la que yo esperaría ja,ja, soy más pesimista que el articulista.
    Sin embargo sigo la tesis de la fundación Sol, que las elecciones de la Cut eran más importantes que las presidenciales, y en ese sentido las movilizaciones sociales actuales son más “livianas” “etéreas”, si no cuentan con un sentido de clase, en el viejo sentido de la palabra. Digo una movilización de capas medias no va a provocar una crisis institucional ni mucho menos, pues se transforman en hechos mediáticos mezclados con manipulación y argumentos para un estado policial. Sólo la movilización de los trabajadores, de cualquier sector primario, secundario o terciario puede afectar finalmente el poder del capital; y la organización de los trabajadores puede influir de forma efectiva en la conducción política. Así la movilización de estudiantes o del medio ambiente son mas simpáticas pero menos trascendentes.
    A mayor riesgo, estimo que la la movilización del sector industrial, fue vital en la primera mitad del siglo xx, así como la sindicalización campesina y su movilización fue central para la segunda mitad del siglo XX, en esa lógica la primera mitad de siglo xxi puede tener como protagonistas a los trabajadores del sector terciario de la economía, quizás ocurrió en esta transición manera de paralelo con el siglo xx un pacto no escrito de desmovilizar a los trabajadores y obstaculizar la sindicalización, aceptando el multirut y la subcontratación, en ello el papel de la cut de Martinez jugó un papel no menor. No por nada las principales movilizaciones de trabajadores han sido lo subcontratados de la minería y las forestales.
    En definitiva un partido de los trabajadores no pude dejar fuera de su análisis la situación de los trabajadores.

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