Castill@ de Naipes: O los verdaderos límites del Desarrollo.

Publicado en Ago 29, 2012 - 2:24pm [1.984 lecturas] .

Si El Mercurio le dedica el titular de portada y cuatro páginas en Economía y Negocios a la paralización de la Central Termoeléctrica Castilla es porque es de suma importancia para los sectores industriales mineros de nuestro país.

En efecto, el fallo de la III  Sala de la Corte Suprema ha puesto en jaque mate al 25% de la energía proyectada al  2020 en Chile, pero mayormente está referida a los grandes proyectos mineros privados como Cerro Casale, Pascua Lama, Caspiche y Santo Domingo, varios de ellos de la región de Atacama. Estos proyectos están en serios problemas, porque sin energía no pueden funcionar.

Por Pablo Chacón, Encargado Área Medioambiental Ical

El fallo del tribunal ha sido unánime, pero ésto debe entenderse relacionado al proceso de construcción de las interpretaciones jurídicas que han primado, y que han sido elaboradas al calor de otros fallos, que van desde la detención  de las obras del parque eólico de Chiloé, donde se acogió un recurso de protección porque la instalación se realizaba en terrenos para rituales fúnebres de la comunidad indígena, la paralización del proyecto dela Central Cuervoy  hasta el caso de las dunas de Concón, donde la comunidad se opuso al cierre de acceso público a las dunas.

El fondo de la decisión de la Corte radica en que los proyectos o subproyectos de la central, que considera la construcción de un puerto y caminos para transportar el carbón importado a las canchas de acopio, no pueden ser evaluados por separado debido a que de esa forma esconden o disimulan impactos ambientales que no son vistos cuando se tramitan de esta manera. El proyecto en su conjunto, visto integralmente revela todos los impactos, o mejor dicho, daños que genera al medio ambiente y a la vida de las comunidades que habitan las zonas cercanas al proyecto.

Los actores industriales involucrados comienzan a mostrarse incómodos, preocupados y han reaccionado en conjunto, por lo menos en cuanto a la opinión que deslizan. El Consejo Minero, La Asociaciónde Generadoras, La Sofofa, La CPC coinciden en que el fallo abre nuevas interrogantes acerca de la tramitación de los demás grandes proyectos de generación energética tales como HidroAysén.

Chile necesita energía para desarrollarse. Eso es lo que se dice en las páginas del Mercurio, ¿eso es lo que todos sabemos, no?. Y ese desarrollo implica más energía, más minas, más cobre extraído, y un círculo y una cadena sin fin; supuestamente. Supuestamente también esto genera mucho empleo, y ese círculo es virtuoso. Sin embargo existen un sinnúmero de ejemplos de diversa índole, y en distintas latitudes y longitudes del mundo, donde la industria extractiva no necesariamente representa progreso y desarrollo para las comunidades y los territorios que viven en sus cercanías, sino que más bien externalidades negativas que van desde la degradación ambiental, la perdida del conocimiento de actividades tradicionales y su mantención como actividad productiva, condiciones laborales precarias y hasta la muerte (como el caso de los mineros de Sudáfrica los últimos días).Es más, nos olvidamos muchas veces que estamos viviendo en un contexto de crisis ambiental global, donde el cambio climático  ya impone limites extra al desarrollo que seguramente implicarán mayores problemas a las formas de generación energética y los proyectos industriales extractivos basados en formas convencionales. Muy por el contrario, en ese sentido vamos por un atolladero debido a que la escala que deben extraerse materias primas, estos proyectos hacen imposible que disminuya significativamente la energía requerida para llevarse a cabo. Se necesita más energía para satisfacer esa demanda; y sus fuentes energéticas proyectadas hacia el futuro de 20 años son carbón y petroleo.

En América Latina esos proyectos también generan tensiones, como el caso del TIPNIS  que tiene la construcción de una carretera que una Bolivia y Brasil pero que destruye zonas de protección y de comunidades amazónicas,  o el YASUNI que en Ecuador contiene una bolsa importante de petróleo subterráneo en territorios de comunidades indígenas. El caso de los afectados por la construcción de megarepresas en Brasil también representa un ejemplo de como poblaciones enteras han tenido que ser reubicadas geográficamente.

Las características de esta tensión son que en todas ellas el desarrollo propuesto no tiene absolutamente nada que ver con la pretensión de los habitantes que habitan esos territorios, y que todos estos proyectos generan externalidades ambientales significativas, alterando el medio ambiente más allá de los límites geográficos donde se emplazan.

No ahondaremos en todas las aristas de este debate pero lo más importante a nuestro juicio es que las comunidades y territorios, urbanos y rurales, tienen hoy en nuestro país una herramienta de lucha que funciona y que puede ayudar a complementar y consolidar estrategias de movilización exitosas.

Las comunidades organizadas y algunas organizaciones ambientalistas (como OLCA) han sido las grandes responsables de estos hechos. La judicialización, a parte del camino de las movilizaciones callejeras, es un elemento novedoso y que está tomando cuerpo y resultados en cuanto representa la estrategia de diversificación de formas de lucha necesaria para defender los derechos fundamentales de las comunidades y personas.

Es cierto que en nuestro país el derecho laboral, el derecho constitucional en esencia defiende y representa los intereses de los más poderosos, de los empleadores, estando claramente estipulado enla Constituciónque tiene como derecho favorito el derecho de propiedad. Sin embargo, no es menos cierto que la misma legalidad deja espacios suficiente para utilizarla y volverla en contra de intereses espurios en favor de las grandes mayorías del país.

Es altamente significativo el hecho de quela Juntade Vecinos del Totoral y cuatro pescadores que se negaron a negociar con la empresa, hayan posibilitado que las consideraciones jurídicas pudieran tener el peso específico suficiente para rechazar este proyecto. Por decirlo de otra manera, es parecido al hecho bíblico de la piedra que derribó a Goliat, así como un castillo de naipes.

El derecho de una comunidad a desarrollarse según sus consideraciones históricas, culturales y de autodeterminación es tanto o más importante que el derecho de una transnacional o de varias a colocar un proyecto energético, sobre todo cuando ese proyecto trastorna equilibrios ecosistémicos y degrada las condiciones para la vida.

Es obvio que para el Mercurio y para los grandes actores privados, así como para el gobierno de derecha e incluso algunos sectores de la concertación, ésto representa una aberración. Es de esperar que estén tramando alternativas para llevar a cabo sus objetivos, pues existen razones de miles millones de dólares que para ellos están en juego.

Hay que estar atentos.

 

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