Reflexiones a partir de los sucesos en Curuguaty

Publicado en Jun 19, 2012 - 4:20pm [1.923 lecturas] .

Por Luis Rojas Villagra – Economista de BASE Investigaciones Sociales

Lo ocurrido el viernes 15 de junio en una zona rural del distrito de , del fronterizo departamento de Canindejú, ha generado una enorme confusión en la gente, dada la manera sensacionalista e irresponsable como se ha manejado la información en la mayor parte de los medios de comunicación, y la rápida aparición de los pescadores de río revuelto, principalmente políticos, empresarios y periodistas, quiénes sin ningún tipo de análisis serio previo ya veían la manera de obtener algún tipo de rédito para sí o su organización a partir del trágico suceso.

Un hecho tan grave, donde han perdido la vida al menos 15 paraguayos, amerita una reflexión seria, con mucha información de por medio, con rigurosidad y responsabilidad, antes de emitir opiniones a los cuatro vientos, y más aún antes de declarar ya culpables y exigir castigos. Pero aquí todo ha funcionado al revés: lo primero fue declarar a los culpables, exigir sus castigos, y después ver la forma de armar un argumento que sustente dichas posturas.

Aventajados en esta cuestión del rédito político son los propios políticos, principalmente de la ANR, PLRA, PPQ y UNACE, en especial los congresistas y aquellos que están actualmente en campaña política, quiénes rápidamente sentenciaron la culpabilidad del Presidente Lugo y del Ministro del Interior, y la pertinencia de impulsar un juicio político a uno de ellos o incluso a ambos. Todos estos partidos políticos tienen intereses directos en el tema de la tierra y su problemática, dado que sus filas están nutridas de grandes y medianos estancieros, ganaderos, sojeros, empresarios inmobiliarios, etc., lo cual hace que la reacción haya sido mucho más violenta.

Periodistas y medios de comunicación empresariales rápidamente se alinearon al mismo discurso, construido a partir de los intereses de los grupos económicamente más poderosos del país, según el cual las únicas víctimas de estos hechos fueron los policías, y los únicos victimarios, los asesinos sin alma ni sentimientos, fueron los campesinos y/o carperos. Escuchando y viendo a los periodistas daba la impresión de que todos los muertos habían sido policías, aunque el balance final arrojaba casi el doble de muertos entre los campesinos.

En la misma línea discursiva se ubicaron los empresarios y sus gremios, siempre alertas para defender el orden (este orden tan injusto instalado en el Paraguay), condenando a los violentos campesinos y exigiendo el juicio político al Presidente. Plena coincidencia entre los empresarios y el principal vocero de la prensa comercial, ABC Color, que en su editorial del sábado sentenció: El Presidente Lugo es el responsable de esta lamentable tragedia; en el mismo diario a pocas páginas del editorial mencionado, el diario informaba que la UGP pide enjuiciar a Lugo por ser “corresponsable” de lo ocurrido. Esto ya no es novedad: los intereses de los grandes empresarios son los mismos que los de los mayores medios de comunicación, son socios en la defensa del statu quo, del orden establecido a lo largo de las últimas décadas, fundado en la enorme concentración de la tierra, fruto de un proceso de robo y estafa al pueblo paraguayo, raíz de la trágica desigualdad y exclusión que caracteriza a nuestro país.

Hay muchas cosas que incluir en el análisis de lo ocurrido: por ejemplo, el lugar del enfrentamiento, el departamento de Canindejú en la frontera con Brasil, la zona más castigada ambiental y socialmente por el avance de los agronegocios, en especial del cultivo mecanizado de soja; en la “propiedad” del político–empresario Blas N. Riquelme, congresista por muchos años por la ANR, quién hizo su fortuna al amparo del dictador Stroessner y los siguientes gobiernos colorados, acusado fundadamente de detentar tierras malhabidas otorgadas por el dictador, tierras en las que se dio el enfrentamiento; por otro lado, quiénes son los que saldrían ganando a partir de lo ocurrido, obviamente ni los campesinos ni los policías, pero si sectores con intereses vinculados, tanto políticos como económicos, a los grandes negocios que hoy se hacen en el Paraguay.

Han muerto policías y campesinos, todos paraguayos, casi todos hijos de familias pobres de nuestro país, todos víctimas de un sistema económico tremendamente injusto y excluyente. Se ha amplificado la condena solo de la muerte de los policías, y se ha justificado la muerte de los campesinos/carperos, los primeros tenían familias y sueños, los segundos armas y antecedentes penales, unos eran los buenos y los otros los malos. Mirada más simplista e interesada es imposible.

El problema en el fondo de esta actitud es que los unos, los policías, representan al orden, a la seguridad, a la garantía de que la propiedad seguirá en manos de quiénes está hoy. Los otros, los campesinos, representan la amenaza, la posibilidad de que las cosas cambien en el futuro, representan el peligro a la propiedad, en especial de aquellos propietarios fraudulentos, ilegítimos, que hoy gozan una buena vida en la abundancia, y harán todo lo posible por que esto no cambie.

Un episodio tan trágico como el ocurrido, nos exige tener una mirada mucho más amplia y profunda, antes de asumir posturas y exigir acciones consecuentes.

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