Masacre en Curuguaty, ¿La tierra para quién?

Publicado en Jun 19, 2012 - 6:34pm [3.308 lecturas] .

Durante el fin de semana  continuó la búsqueda de fallecidos y heridos en la masacre ocurrida el pasado viernes 15 en la estancia Morombí en Curuguaty, departamento de Canindejú en Paraguay. En el rastreo se encontraron a otros 2 campesinos muertos que se suman a los 17 difuntos ya encontrados: 11 campesinos y 6 efectivos policiales.

La hacienda tomada por los campesinos, donde se encontraban acampando en demanda de tierras para trabajar y subsistir, se encuentra hace 45 años en litigio entre el Estado Paraguayo y el conocido político y empresario Blas N. Riquelme,cuya falta de títulos confirma que estaba invadiendo la estancia.

La principal actividad económica del departamento es la agricultura, siendo sus principales cultivos la soja, mandioca, maíz, algodón, caña de azúcar, trigo, café, arroz, yerba mate, entre otros. La fertilidad del lugar y sus recursos han generado el interés de diferentes sectores sociales, donde el sistema latifundista ha triunfado en desmedro de los pequeños agricultores de la zona.

Las organizaciones campesinas, declaradas en sesión permanente en la ciudad de la tragedia, realizaron un llamado a las autoridades nacionales “para garantizar la vida de los campesinos heridos que aún siguen en los montes y los desaparecidos y evitar así que más familias paraguayas queden enlutadas ante los hechos de grave violencia acontecidos en el lugar”.

Por otro lado solicitaron la presencia de una “comitiva interinstitucional”, así como representantes del gobierno para lograr “una tregua en las operaciones de policías y militares y lograr la entrega pacífica de los heridos y el retiro de los fallecidos que reclaman los familiares de los ocupantes”.

En el comunicado también denunciaron “detenciones arbitrarias” de personas “que no tienen nada que ver con la ocupación, quienes son detenidos por auxiliar a heridos o por el simple hecho de ser familiares de los ocupantes de las tierras. Además de que los detenidos fueron torturados y muchos se encuentran sin acta de detención en la comisaría de Curuguaty.

A continuación el comunicado de prensa de los familiares de desaparecidos y fallecidos en conjunto con organizaciones campesinas.

“Familiares de las víctimas de la masacre revelan en encuentro con la Coordinadora por la recuperación de las Tierras malhabidas y organizaciones sociales locales, que sus familiares fueron ejecutados en la masacre:

En el transcurso de la tarde del domingo 17 de junio del corriente se realizó un encuentro entre una delegación de la Coordinadora Nacional por la recuperación de las Tierras Malhabidas y Organizaciones Sociales y Populares de Canindeyú con los Familiares de los campesinos/as víctimas de la masacre ocurrida el pasado viernes en la
estancia Morombi.

Durante el encuentro se reconfirmó que la masacre no fue ocasionada por los campesinos que reclamaban las tierras malhabidas, sino por un tercer grupo infiltrado, con el objetivo de generar una crisis política que efectivamente culminó en el nombramiento como Ministro del Interior del exfiscal Rubén Candia Amarilla con oscuros antecedentes de persecución a la lucha social. Quien anunció como primera medida la eliminación del Protocolo para la actuación de la Policía y la Fiscalía que permitía al menos un dialogo previo ante los desalojos, implementado de esta manera la ejecución directa, como ocurrió según testimonios de los familiares y las evidencias de tortura y ejecución halladas en los fallecidos.

Posteriormente, los familiares y la comitiva de organizaciones locales y nacionales, se reunieron además con el Jefe de Gabinete Miguel López Perito y la Ministra de Salud Esperanza Martínez; exigiendo la inmediata constitución de una Comisión interinstitucional conformada por el Gobierno, Familiares, Organizaciones Sociales de la zona y Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales, encargada
de llevar a cabo un Plan de Acción Comunitario que contemple:

1. Las garantías para culminar la búsqueda de heridos y fallecidos en la zona de la masacre.
2. El esclarecimiento de los hechos ocurridos y la aplicación de la justicia a los verdaderos responsables materiales e intelectuales de la masacre.
3. Resarcimiento material y moral a las víctimas y sus familiares.
4. Libertad a aquellas personas que no estuvieron en los enfrentamientos y/o fueron detenidos e imputados sin justificación, cuyo número asciende a 46.
5. Garantizar el debido proceso a los detenidos con prisión preventiva acusados de diversos delitos sin pruebas contundentes, inclusivo algunos siendo menores de edad, como el caso de Raquel Villalba Ortiz (16) que cargando con niña de 3 meses, la han derivado a la policía de Cnel. Oviedo, luego al Policlínico de esta ciudad, y pretenden
encarcelarla en Asunción.
6. El cese del amedrentamiento de la fiscalía y la policía a los familiares, vecinos y dirigentes campesinos.
7. La recuperación de las tierras malhabidas en manos de Blas N. Riquelme conocido por su connivencia con la dictadura Stronista, para la creación de un asentamiento modelo que lleve a una solución definitiva del conflicto por la tierra que es la causa real del conflicto”.

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