Río Cuervo: Desregulación ambiental y energética

Publicado en May 29, 2012 - 6:11pm [2.808 lecturas] .

Por Felipe Zavala Jara

Ingeniero Ambiental de ICAL

Últimamente la agenda noticiosa ha estado ocupada por el asunto energético, centrándose en el uso de dicho recurso y a qué intereses responde dicho proceso. Ha quedado claro que este tema dejó de ser exclusivo de técnicos y especialistas y  hoy en día es la sociedad civil la que está motivada a resolver la problemática energética desde la perspectiva de sustentabilidad y el desarrollo de toda la sociedad.

La gente siempre ha comprendido que no se concibe un país sin energía y que ésta está ligada profundamente con lo que le suceda al medio ambiente, pero también ha comprendido que toda decisión en este ámbito debe ser en base a una política energética que de relevancia en igual nivel de condiciones a lo técnico, lo político, lo ambiental y social. En definitiva, la ciudadanía ha planteado la definición de la matriz energética bajo una mirada de estrategia nacional, que permita dar respuesta a interrogantes tales como de dónde extraer la energía, qué cantidad de energía necesitamos para Chile, cómo la distribuimos y cuánto cobramos por ella, entre otras.

Hemos sido testigo de lo relevante que resulta ser la participación ciudadana en la ejecución de un proyecto productivo y energético; por ejemplo, las Centrales Termoeléctricas (no importando el tipo de combustible), son cada vez más rechazadas por los habitantes,  no tan sólo por quienes viven en el sector de emplazamiento, sino que de la comunidad en general, e igual situación sucede con las grandes centrales hidroeléctricas.

Esta situación ha quedado demostrada con el poder de la movilización social que ha sido capaz de poner en jaque los intereses de grandes poderes económicos nacionales y foráneos a partir de la lucha por la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos de vivir en ambientes que otorguen seguridad y calidad de vida. Se ha puesto en el centro, el derecho a la soberanía y la propiedad sobre el territorio y sus recursos en manos de la mayoría de los chilenos y chilenas.

Ejemplo de ello son las luchas en rechazo a mega proyectos hidroeléctricos y termoeléctricos como el de HidroAysén, Barrancones y Hacienda Castilla, con el cuestionamiento a la institucionalidad y legislación ambiental existente, la exigencia de participación ciudadana en la toma de decisiones de proyectos que generan externalidades negativas y traspasan los impactos al medio ambiente y a la calidad de vida de las personas que viven en el área de influencia de un proyecto. Con ello, se deja de manifiesto el rechazo al por qué, para qué y quién produce la energía, en definitiva, se cuestiona el lucro en base a las riquezas naturales que son de todos los habitantes del territorio nacional.

La ciudadanía, por la vía de los hechos, ha echado a andar la contradicción de rentabilidad privada versus rentabilidad social. En ello, queda claro que nuestro pueblo entiende la necesidad de contar con energía para poner en marcha el país, para iluminar y desarrollar las actividades diarias en nuestros hogares, para transportarnos y llegar a nuestras fuentes laborales o de estudio, para comunicarnos, en fin, para el desarrollo de nuestras actividades diarias, pero, ¿a qué costo debemos producir la energía que requiere el país? ¿Cuál es el requerimiento real de energía que necesita Chile? ¿Quiénes son los principales consumidores? ¿Quiénes son los que más pagan por el uso de la energía eléctrica?

Un sin fin de preguntas que a diario aparecen en el subconsciente y que el modelo responde a favor de éste, haciéndonos creer responsables de que si no se construye este o este otro proyecto eléctrico, la “ampolletita” en nuestros hogares no encenderá más, ese chantaje burdo y pueril, ya no es estrategia para mantener el modelo de crecimiento neoliberal en Chile, ya que tenemos a una sociedad avanzada en acción conciente y con capacidad de análisis respecto a los monstruos del apagón.

Sin ningún problema podemos decir que Chile cuenta con un potencial instalado suficiente para resolver los requerimientos energéticos que hoy necesita el país, cerca de 14.000 MW. Al año 2012 existen 23.197 MWp en base a proyectos que se encuentran en etapa de construcción, aprobados y en evaluación en el SEIA (Fuente: http://www.centralenergia.cl/proyectos/estadisticas-proyectos/).

Por otra parte, podemos decir que el consumo de energía a nivel residencial no supera el 18% del consumo, siendo éste el sector que más paga por KW producido. Pero además, se deduce de ello, que la energía en su mayoría es producida para los sectores comercial e industrial, dónde la minería utiliza alrededor del 30%. Lo anterior ayuda a responder alguna de las preguntas y la gente puede evaluar la real necesidad de producir más energía y a qué intereses este mercado responde.

Ahora bien, lo sucedido con la Central Hidroeléctrica Río Cuervo en la región de Aysén no escapa a los problemas generados por los sectores económicos en nuestro país y la producción de energía a bajo coste, transfiriendo los impactos al medio ambiente, a la economía local y nacional, basado en un “plan estratégico” definido por el mercado y sus intereses privados y no por el desarrollo sustentable nacional.

El Proyecto Río Cuervo ingresó el 2 de Enero de 2007 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), fue presentado ante la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Aysén por la empresa trasnacional Energía Austral LTDA (filial de las australianas de energía Origin Energy con un 51% y Xstrata Copper con 49%, quien desarrolla además los proyectos energéticos en la misma región de las centrales hidroeléctricas Blanco y Cóndor) y tiene como objetivo generar energía eléctrica a partir de los caudales descargados desde el Lago Meullín al río Cuervo a partir del tipo embalse y con una central hidroeléctrica de 600 MW de capacidad instalada, cuya generación media anual será superior a 3.900 GWh.

Según la empresa, la energía eléctrica generada sería inyectada al Sistema Interconectado Central (SIC), situación que justifica mayormente el desarrollo del proyecto Transelec, cuya línea de transmisión eléctrica desde Aysén a la Metropolitana (más de 2.000 Km de línea), pretende transportar la energía del proyecto HidroAysén al centro del país, y junto a ello, todos los proyectos eléctricos que están en carpeta desde dicha región al norte.

La inversión proyectada es aproximadamente de US$ 600 millones que permitirán ejecutar obras civiles tales como las presas del tipo enrocado con pantalla de hormigón que formará el embalse de 13.166 ha (equivalente a la comuna de Maipú cuya superficie es de 13.720 hás); vertedero de evacuación desde el embalse al cauce del río Cuervo aguas abajo de la presa en caso de crecidas extraordinarias; obras de toma, túnel de aducción, chimenea de equilibrio y tuberías de presión para captación y transporte del caudal desde el sector de presas al de máquinas y turbinas; caverna de transformadores soterrados para 4 turbinas de 150 MWp y 4 transformadores de potencia; túneles de acceso, de cables, de aducción, de descarga, etc.; infraestructura de apoyo temporal para campamentos, faenas, plantas de áridos, de hormigón, escombreras y cantera; entre otras. Obras de ingeniería que a todo ingeniero nos hace alucinar y que mirado por partes, son atractivas, pero si evaluamos los impactos en conjunto con las variables ambientales, se transforma en un proyecto complejo cuyas externalidades negativas serán altamente impactantes.

En ello, entra el proceso de evaluación y las miradas someras de la autoridad ambiental respecto a las observaciones realizadas por los servicios respectivos en la evaluación, siendo no menor la observación inconforme del SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y Minería) en relación al requerimiento de un estudio que la empresa no entregó debido a que el proyecto se emplaza sobre una falla geológica, y que hoy la corte de apelaciones a fallado en contra de la resolución tomada por la Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Aysén, cuya responsabilidad política corresponde a la Intendenta regional -como presidenta de dicha comisión- al no considerar el legajo de observaciones y recomendaciones de no calificar el proyecto debido a la falta de antecedente e incumplimientos ambientales, es decir, se trataba de un proyecto que no estaba en condiciones siquiera de ser discutido y mucho menos, aprobado.

Debido a todo lo expuesto anteriormente, resulta fundamental sumarse a la demanda ciudadana, de algunos servicios públicos y de autoridades política de rechazar un proyecto que debido al lugar de emplazamiento se torna peligroso por la falla tectónica existente, además de los impactos ambientales que de por si conlleva, como así también, la solicitud de renuncia de la Intendenta regional por incompetente y atentar con la seguridad de los habitantes de la región de Aysén.

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