La muerte de un joven trabajador temporero por intoxicación.

Publicado en Ene 22, 2012 - 4:45pm [3.292 lecturas] .

Katia Molina Ponce, Socióloga, Encargada Area Laboral

La inclusión de los jóvenes en el mundo del trabajo se realiza de modo incierto y precario. Es así que los riesgos que ellos asumen se relacionan directamente con la falta de conocimiento de sus derechos, dejando en cuestión la institucionalidad del mundo laboral y los principios sobre el cual descansa.

El destino del joven trabajador Luís Eduardo Figueroa (20 años), quien muriera intoxicado por las emanaciones de amoniaco junto a otros 163 compañeros y compañeras, es una prueba extrema de la incertidumbre laboral que asume riesgos por desconocimiento de derechos.

La terrible situación de estos trabajadores de un packing de la empresa agroindustrial “Los Nobles” de Codegua, Región de O’Higgins, evidencia la realidad que viven a diario los trabajadores en el modelo agroexportador, que es el paradigma neoliberal donde el derecho a un trabajo seguro no existe.

Al referirnos a la seguridad en el trabajo, evocamos también el caso de los 33 mineros de la mina San José, que junto con visibilizar los problemas de  seguridad, impulsó declaraciones de la autoridad y compromisos por una normativa para el desarrollo del trabajo en condiciones  de seguridad.

No obstante esa tragedia, no se consiguió avanzar en el elemento clave de la fiscalización de las empresas. Si se quiere mejorar en seguridad y relaciones laborales, el rol  fiscalizador de la Inspección del Trabajo debe fortalecerse, pero ha sucedido todo lo contrario. La institucionalidad laboral inhibe su papel,  inmoviliza la fiscalización y resguarda los intereses  del capital. Los fiscalizadores ya no hacen su papel y permiten la derogación de lo derechos de los trabajadores.

También, debemos indicar que el sector de los trabajadores temporeros exhibe un índice sostenido de intoxicaciones. De acuerdo a la Organización Mundial de la salud OMS, cada año se producen en el mundo tres millones de intoxicaciones severas y a consecuencia de ellas mueren 355.000 personas. El 99% de esas muertes ocurren en los países del sur. En 2010 se registraron más de 379 intoxicaciones agudas por plaguicidas en Chile.

En el caso de los trabajadores temporeros, que son aproximadamente 800.000, según INE 2010, ellos son un grupo de trabajadores que vive en condiciones de mayor precariedad, a lo que se suma su exposición al uso descontrolado de agrotóxicos, tanto en sus efectos inmediatos como las quemaduras, así como las de más largo plazo. Cabe señalar que muchas de estas sustancias están prohibidas en los países desarrollados.

El joven trabajador siniestrado, además, pertenecía al sector de trabajadores jóvenes, que son los más afectados por el desempleo, tasa que en los últimos 10 años es tres veces la del desempleo adulto, según un informe difundido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este informe señala que 11,5% de los jóvenes no estudia, no trabaja, ni busca empleo, y el aumento del desempleo se debe a la falta de oportunidades y de políticas coordinadas de forma integral.

El vínculo entre desempleo juvenil y exclusión social es determinante, porque para muchos jóvenes estar sin trabajo significa no tener la oportunidad de salir de la pobreza. Además, los jóvenes tienen más probabilidad de encontrar trabajo temporal, a tiempo parcial, eventual, en la economía informal y sin protección social, es decir trabajo precario. Ese era el tipo de trabajo que tenía Luís Eduardo Figueroa.

Por otra parte, la organización sindical de los trabajadores agrícolas temporales es muy baja. Se pueden agrupar, pero por ley están excluidos del derecho de negociación colectiva, imposibilitando la defensa de mejores condiciones laborales. Además, la dispersión y transitoriedad del empleo repercute en los niveles muy bajos de sindicalización, lo que explica los atropellos sostenidos a  los trabajadores. Lo anterior implica que “los principales garantes de la seguridad y salud son los propios trabajadores y sus organizaciones en cada centro de trabajo”, y si no están organizadas menos posibilidades tienen de enfrentar las malas condiciones laborales.

En este sentido, la normativa jurídica que se intenta impulsar con el Estatuto del Temporero, seguirá profundizando la flexibilidad laboral y de esta forma se mantendrá la falta de derechos de estos trabajadores.

Estos y otros antecedentes complejizan la situación, pero lo fundamental es no naturalizar estos hechos. No debemos acostumbrarnos a que esto ocurra, no debemos permitir que los jóvenes inicien su incorporación al mundo del trabajo en las peores condiciones y sin conocimiento de sus derechos fundamentales como trabajadores. Requerimos nuevos marcos laborales, una nueva constitución, un nuevo Estado, y para ello necesitamos más  organización de los trabajadores.

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