Está difícil una “conversación” entre trabajadores y empleadores.

Publicado en Ene 13, 2012 - 1:10pm [2.142 lecturas] .

Katia Molina Ponce, Socióloga, Encargada Area Laboral

Katia Molina

Encargada del Área Laboral de ICAL

Una de las inquietudes de la ministra del trabajo -fiel representante de la derecha gobernante y de la elite del poder-, es la modernización de lo que ella llama “la conversación entre trabajadores y empleadores”, sustituyendo el término “negociación” por “conversación”. Es evidente que la utilización de ese concepto entraña una definición específica de sindicalismo, cuya aspiración es anular el conflicto.

El objetivo sería lograr que el sindicalismo sea “moderno y colabore”, retomando con ello el concepto del “sindicalismo moderno” que fuera impulsado por la Concertación en la transición democrática. El predicamento de este nuevo sindicalismo es que sea moderado, responsable, no contestatario y eficaz, con una amplia capacidad  de gestión, una nueva clase dirigente, con la fuerza y legitimidad simbólica de su tradición histórica, pero dejando de lado la tradición clasista y popular y acentuando, en cambio, un nuevo rol como actor nacional.

Esta “conversación” entre trabajadores y empleadores, finalmente invisibiliza toda la problemática de los derechos colectivos de los trabajadores chilenos, cuyos pilares centrales son la negociación colectiva, la huelga y el derecho a sindicalización.

Con ello pasan a segundo plano las violaciones a los convenios internacionales, como el Convenio 98, referido a derecho de sindicación y negociación colectiva, y el Convenio 87 sobre libertad sindical y la protección del derecho a sindicación de la OIT. Tan violentados han sido, que en diciembre recién pasado se publicó en la prensa una lista de 75 empresas que son multadas por la Corte de Apelaciones de Santiago por prácticas antisindicales.

Respecto a esto último, la no participación sindical es avalada por las prácticas antisindicales, especialmente orientada a obstaculizar la afiliación sindical, lo que implica una erosión del ejercicio del derecho fundamental de la libertad sindical. Según la Encuesta Nacional Laboral, ENCLA 2008, 47% de los trabajadores no se sindicalizan por temor a sufrir represalias en sus trabajos y 18.2% no le ven utilidad al sindicato, hecho que cuestiona profundamente la democracia en que vivimos.

O sea, estamos muy distantes de los indicadores de los países OCDE con los que permanentemente se establece comparación.

En cuanto a la negociación colectiva, el déficit que presenta Chile en el ámbito es significativo, y se arrastra por décadas. Según datos de la Dirección del Trabajo, las Negociaciones colectivas se comportan del siguiente modo: en 1993  negocian  255.226 trabajadores, en 2007 negocian 232.667 trabajadores y en 2009 lo hacen 227.282 trabajadores (ENCLA 2008). Es decir, decrece paulatinamente el número de trabajadores/as que utilizan los instrumentos colectivos, lo que implica que los trabajadores en la inmensa mayoría de las empresas del país no negocian colectivamente, ni tienen derecho a huelga. Cabe señalar que la negociación colectiva está restringida al ámbito de la gran empresa y la negociación se desarrolla sobre todo en empresas que cuentan con sindicato, y cuando éste no existe, los trabajadores, a pesar de que pueden utilizar los instrumentos colectivos, no lo hacen.

Las negociaciones colectivas y el reconocimiento efectivo del derecho a huelga siguen como deuda de la sociedad de derechos que debemos construir. Porque no se puede hablar de negociación colectiva sin referirse al  fortalecimiento de la organización sindical, porque no se puede negociar sin tener poder negociador, y eso implica contar con organizaciones sindicales fuertes, y todo esto se aparta del “sindicalismo moderno”

Entonces, cuando la ministra habla de la modernización de la “conversación”, ¿a qué se refiere? Al parecer tiene mucho que ver con la utopía neoliberal de plena libertad, y por lo tanto de impulsar cambios al actual Código del Trabajo, los que se realizarían bajo la noción de avanzar en mayor flexibilidad, es decir, para contrarrestar “los factores estructurales que limitan el dinamismo del mercado laboral” y las trabas del emprendimiento. Lo cierto es que para ello se requiere adecuar  la normativa jurídica que limita la flexibilidad deseada.

La Coalición por el Cambio ha insistido frente a esta problemática, pues su diagnóstico es que para mejorar la productividad de las empresas se requiere eliminar las distorsiones, restituyéndole  la dirección al mercado.

Adaptar el Código del Trabajo a los actuales desafíos del capitalismo parece no está dando el ancho para la super-explotación que se viene, y eso que éste hunde sus raíces en el Plan Laboral de José Piñera de 1979, que arrasa con los derechos colectivos de los trabajadores y  sus organizaciones sindicales

Efectivamente, Chile adeuda un marco laboral diferente, pero no en el sentido devastador del neoliberalismo. Debemos avanzar entonces en establecer un nuevo marco de relaciones laborales para la construcción de un nuevo modelo de desarrollo: nuevas relaciones laborales que restituyan los derechos a los trabajadores, que considere  el derecho al trabajo, a una jornada laboral uniforme, al descanso diario, semanal y anual, a una remuneración justa, a la seguridad en el trabajo, a la estabilidad laboral con efectiva protección contra el despido, sin justa causa, calificación judicial del despido y despido indemnizado. Además, lograr una negociación colectiva por áreas de la producción, sean nacionales o transnacionales, entre otros derechos, en los cuales la sociedad chilena debe profundizar  para lograr enfrentar la desigualdad estructural que se hace parte de nuestra  cotidianidad.

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