El Renacer de los movimientos sociales y el jaque a la institucionalidad neoliberal.

Publicado en Sep 15, 2011 - 1:46pm [2.194 lecturas] .

Claudio Rodriguez

Por Claudio Rodríguez Díaz. ICAL.

El tema que hoy concita la atención a nivel latinoamericano para los movimientos progresistas y populares, sin lugar a duda, es la movilización social en Chile, como reflejo de la repercusión que han logrado fundamentalmente las movilizaciones estudiantiles de los últimos meses. La memoria de la construcción política de los sectores oprimidos del continente encuentra en nuestro país un espacio especial. Chile, cuna de procesos revolucionarios y contrarrevolucionarios genera una inquietud particular, ajena y a veces sorprendente, a las nuevas –y no tan nuevas- generaciones crecidas más bien en el desencanto de la transición pactada. Aquella marcada, esencialmente, por la continuidad del modelo dictatorial. Aquella cuyos candados autoritarios aún parecen difíciles de romper.

La evolución del movimiento estudiantil ha cobrado una fuerza inusitada y abre la reflexión desde distintas aristas que confluyen a preguntas urgentes a dotar de contenido teórico y político, y de las que se desprende un debate de vital importancia para el devenir democrático y de los sectores populares en el país. ¿Qué gatilló tal nivel de adhesión por parte de la ciudadanía a las demandas educativas y qué factores explican ello? ¿Qué proyecciones tiene el movimiento social hoy en los procesos de transformación social que requiere Chile?

El proceso de movilización del presente año da cuenta de diversos factores que lo condicionan y permiten su desarrollo, al punto de poder pensar en un nuevo ciclo político en cuyo seno el rol de los movimientos sociales pueda cobrar un espacio estratégico para una mejor democracia y perspectivas de cambios con horizonte emancipatorio. Dicho ello, es necesario identificar algunos factores que  parecen relevantes.

En primer término, es necesario considerar que asistimos a un nuevo contexto sociopolítico, marcado por la confluencia de nuevos movimientos sociales –como el movimiento ambiental o de aquellos que luchan por los derechos sexuales y reproductivos- con aquellos de corte más tradicional, como el de los estudiantes, profesores y trabajadores. La particularidad del movimiento estudiantil está marcada por el apoyo concitado tanto en la ciudadanía como en nuevos y viejos actores que han transitado en estos 20 años post dictatoriales. En este sentido, la transversalidad de la adhesión ciudadana al movimiento estudiantil refleja la articulación de una demanda concreta y sentida socialmente, junto con la percepción de la falta de mecanismos democráticos e institucionales mediante los cuales se pueda canalizar la problemática social.

Asistimos así a la confluencia de distintos actores que han caminado por la vereda de la exclusión social en el período de transición a la democracia, marcado en lo esencial por el pacto de las élites políticas, que bajo el manto de la gobernabilidad buscaron conducir un proceso de transición en armonía social, excluyendo para ello a los actores y movimientos sociales y asignando a la ciudadanía un carácter pasivo. La cohesión social del período se caracteriza, entre otros, por el consumo como mecanismo central de integración social y la apertura de tímidos espacios de participación, fundamentalmente de carácter funcional e instrumental, a lo sumo consultiva, no protagónica, ni sustantiva o vinculante.

En segundo lugar, el movimiento da cuenta de una explosión y movilización social que logra dar un salto cualitativo pues, junto con articular a diversos actores, pone en el centro del debate la crítica al lucro como mecanismo dinamizador y articulador del paradigma educativo en cuestión. Digamos que ataca el núcleo del modelo, el cual asigna a los privados y al mercado un rol protagónico en el cumplimiento de un derecho esencial, que lo reduce a una mercancía, consagrando de esta forma a la libre competencia como ente regulador de la educación y como asegurador de la calidad de dicho servicio. En ello radica la negativa de los sectores neoliberales por entrar en el debate que hoy propone la mayoría del país. La posibilidad del “efecto dominó” que ello podría generar en otros sectores sociales, como salud o previsión social, provoca aversión en los defensores de la mal denominada libertad.

Una tercera consideración es que la fuerza del movimiento se explica también porque logra sintetizar los aprendizajes tácticos y estratégicos de las distintas movilizaciones, fundamentalmente de la última década, y que encuentran en el gobierno de derecha un escenario más propicio para su despliegue. Por ello se explica la negativa a bajar la movilización como condición al diálogo, más allá de la continua campaña de los medios y el gobierno por criminalizar los movimientos sociales a la vez de recriminar su supuesta intransigencia. Cobra así la movilización permanente mayor relevancia como espacio de resistencia contrahegemónica, orientada a aplacar las ansias privatizadoras del gobierno para profundizar el modelo y legitimarlo culturalmente, como señalaba el propio Pablo Longueira, actual ministro de economía.

Asistimos, entonces, a una escalada de movilizaciones que encuentran su origen en las primeras manifestaciones contra los tratados de libre comercio y logra un primer impulso con la llamada “Revolución Pinguina”, el año 2006. Una mirada rápida a dichos procesos nos muestra la multiplicidad de demandas que han encontrado en la movilización social su espacio de defensa y legitimación. Desde las acciones de las comunidades Mapuche y los trabajadores subcontratistas del cobre, en el período de la Concertación, a la fuerza que han adquirido las recientes movilizaciones del movimiento ambiental, en la defensa de la Patagonia y contra Hidroaysén y las demandas de los movimientos de mujeres y derechos sexuales en el presente año. Ello  complementado por distintas protestas de carácter ciudadano, que ponen en el centro el tema de la descentralización y la desigualdad, como encontramos en Dichato, agotados por la ineficiencia y poca participación ciudadana  en el proceso de Reconstrucción; hasta aquellas que demandan mayor justicia en la redistribución de los recursos nacionales, como en la región de Magallanes  y recientemente en Calama, en la lucha por el derecho a que un porcentaje de las ventas del cobre mejore las condiciones de vida de sus habitantes y permita el desarrollo en la zona.

Por lo propio, la conjunción de movilizaciones da cuenta de la posibilidad –al menos incipiente- de confluencia de actores y movimientos con lógicas políticas y organizativas distintas. Ello remite y cuestiona la representatividad no solo de los tradicionales partidos políticos, como habitualmente se señala, sino estaría dando cuenta de un desgaste del modelo democrático institucional, lo cual tiene connotaciones mucho más profundas. En el seno del movimiento estudiantil –así como el medioambiental u otros movimientos ciudadanos incluso de carácter local- se visualiza el reciclaje de nuevas formas de participación, organización y acción social, que desafía a los actores políticos presentes en dicho seno a recrear las formas de conducción y organización. En este sentido, las demandas educativas contienen una expresión de los actores excluidos de la transición, cuestionando a la vez el modelo representativo y excluyente gestado en dicho período, y encontrando nuevas formas de articulación en el espacio político de diversos actores y movimientos sociales que instalan junto a la demanda educativa, demandas por mayor calidad de la democracia y, en buena medida, por la indignación frente a la desigualdad y brecha social generada con la continuidad del modelo neoliberal en la post dictadura.

Así, se manifiesta un agotamiento del modelo de libre competencia, promotor de la desigualdad social, legitimado desde una institucionalidad democrática que hoy entra en mayoritario cuestionamiento. Estos factores, entre otros, dan cuenta de lo que se puede denominar término del pacto sociopolítico que posibilitó la transición chilena a la democracia. Probablemente –esperamos- asistimos a la génesis de una nueva arquitectura política, que requerirá la integración de los movimientos sociales como actores del escenario democrático nacional. La tensión entre democracia y neoliberalismo encuentra así un espacio para avances a favor de la primera. El ejercicio democrático de las recientes movilizaciones permite pensar en la legitimidad del conflicto y la participación como paradigma relacional del nuevo escenario democrático, dejando tras de si la política de los consensos, escenario primordial para acuerdos cupulares que marcaron la transición chilena.  Ello posibilita, en un futuro más próximo al pensado hasta hace unos meses atrás, la concreción de cambios de fondo al modelo de desarrollo, lo cual requiere a su vez de un nuevo proyecto ético político y una nueva forma de socialismo para el país. La actual coyuntura permite pensar en algunos cambios  que apunten en dirección de una democracia participativa, con espacios de protagonismo a los actores sociales y haga plausible una primera fase de cambios en sentido democrático popular.

Hoy aparecen con mayor nivel de legitimidad social la posibilidad de caminar hacia dicho proyecto. La movilización estudiantil y las múltiples movilizaciones sociales generan un escenario que permite  pensar en la urgencia de reformas al sistema político, como el fin al binominalismo o la instauración del plebiscito y/u otros mecanismos de democracia directa.  También, para enfrentar la profunda desigualdad que impera en nuestro país, la consecución de una reforma tributaria a las grandes empresas, que permita financiar la educación, y garantice otros derechos esenciales, como salud o vivienda. De igual forma, la renacionalización del cobre y, sobre todo, una nueva Constitución Política que de soporte a una nueva institucionalidad democrática, y sea fruto y expresión de la soberanía popular y no de la imposición dictatorial ni de la negociación de las élites. Esta nueva arquitectura política debe recoger la experiencia de una larga transición, fundamentalmente continuista, poco inclusiva y que hoy pareciera, con su término, y al calor de los movimientos sociales y el sentir ciudadano, abrir espacios para los avances democráticos de fondo que el país requiere.

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