Ley 20.500 sobre participación en la gestión pública.

Publicado en May 10, 2011 - 6:17pm [3.138 lecturas] .

Claudio Rodríguez Díaz.

Área Desarrollo Local y Participación

Claudio Rodríguez, Encargado del Area Desarrollo Local y Participación

Entre gallos y medianoche el pasado 6 de febrero, se dio curso a la publicación de la ley 20.500, que trata sobre las asociaciones y participación ciudadana en el control de la gestión pública.

La ley, desde dos dimensiones, establece nuevas normativas para facilitar la asociatividad de la comunidad y procurar un marco que posibilite la participación de las organizaciones y asociaciones en la gestión pública.

En términos generales, la ley representa un avance en ambas materias, aunque no asegura por sí la participación sustantiva de la sociedad civil, con correlato en una efectiva democratización para el país y el ámbito público en particular.

Destaca como aspecto importante de la Ley, el reconocimiento del rol del Estado en la promoción y apoyo a la asociatividad a través de la constitución del Consejo Nacional para el  fortalecimiento de organizaciones sin fines de lucro. Este administra el Fondo para el Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, mecanismo que asegura recursos públicos para iniciativas de asociatividad y participación ciudadana la sociedad civil.

La norma reconoce al voluntariado como forma de participación y facilita el procedimiento de obtención de personería jurídica y reformas estatutarias a organizaciones territoriales y funcionales, así como el derecho de éstas a asociarse regional y nacionalmente.

Esto abre un espacio institucional de interlocución que venía realizándose por la vía de los hechos por algunas organizaciones, como la Femuc. De igual forma, reconoce nuevas formas de organización social y su derecho a recibir fondos públicos, como el caso de organizaciones sin personalidad jurídica que podrán recibir fondos mediante la representación legal de una persona.

Desde la participación ciudadana, se puede señalar que se abre potencialmente un espacio de incidencia para las organizaciones de la sociedad civil en la gestión pública, sus políticas y planes, y se reconoce la participación como un derecho.

En ella se obliga a ministerios, municipios, servicios públicos y entidades regionales, entidades del Estado a dictar reglamentos de participación antes de la plena vigencia de la ley, en febrero del año próximo.

En el caso de los ministerios, se crean los Consejos Consultivos de la Sociedad Civil. Ello implica que los distintos servicios tienen la obligación de promover la participación que considere la consulta a la ciudadanía en materias de planificación y gestión, así como dar cuentas públicas de su gestión.

En el caso de los municipios, se crea la figura de los Consejos Comunales de la Sociedad Civil, que reemplazan a los actuales Consejos Económicos y Sociales -CESCOS- como espacio de participación para el desarrollo a nivel local.

Son avances, sin duda.

No obstante, esta Ley refleja las propias limitaciones de las políticas sociales en materia de participación de los últimos dos lustros.

Se trata de una forma de participación entendida más bien como el acceso a la información, en que la consulta es su expresión máxima.

Dicha visión, junto con limitar el alcance de la participación da cuenta de una matriz funcional predominante de instrumentalización.

Diríamos que es una participación caracterizada como de “baja intensidad”. Es decir, es una participación que no siempre incide en la toma de decisiones, ni en el diseño, ni implementación y evaluación de la gestión de políticas.

Todo lo cual revela una tensión entre los procesos de deliberación y decisión ciudadana, versus el carácter representativo y de relaciones clientelares que se han propiciado desde el espacio y políticas públicas entre Estado y ciudadanía en las últimas décadas.

Para ejemplificar. Los Consejos Comunales de la nueva ley son de carácter consultivo, tal como fueron concebidos los CESCOS. De esta forma, se busca un marco institucional para velar por la participación, aunque de alcance limitado. No toca el peso del alcalde, en tanto éste preside el Cesco, ni del municipio, órgano de  cual depende el Reglamento de Participación.

Por otra parte, se realza el rol de “interés público” de las organizaciones comunitarias y se crea un Fondo a escala nacional y regional que es administrado por un Consejo –a nacional y regional- para su fomento y fortalecimiento.

No obstante que dicho mecanismo representa un avance para el desarrollo de la sociedad civil, es importante estar atento al resguardo de la autonomía de estos espacios, tanto a nivel nacional como regional y local. Porque, si bien se abre un espacio a la sociedad civil, el contrapeso del gobierno y de intendentes o alcaldes sigue siendo fuerte.

Ello cimienta un tipo de participación tutelada, como ha ocurrido mayoritariamente en el caso de los CESCOS en los municipios y en múltiples redes sectoriales y temáticas que abundan en el espacio social, que se ahogan por la fragmentación y atomización de las organizaciones y el tejido social.

Entonces, esta nueva dimensión de potencial incidencia ayudará a profundizar espacios democráticos. Sin embargo, no hay que llamarse a engaños, porque el cuerpo legal en sí no supera la fragmentación social que se ha profundizado en los últimos 20 años, a la par de los valores promovidos por el neoliberalismo.

La ley no promueve una forma de participación sustantiva de la sociedad civil que favorezca la reconstrucción del tejido social. De hecho, se reconoce la conformación de confederaciones y federaciones vecinales y funcionales, coexistiendo varias a la vez. Tampoco modifica que a nivel barrial las juntas de vecinos puedan coexistir en un mismo territorio.

El resultado es que no se establece una contraparte sólida y única desde la sociedad civil con real poder de representación, y por tanto de influencia. En definitiva, el peso de la matriz neoliberal de participación sigue en gran parte vigente, expresando un claro oscuro en su supuesto fomento.

No obstante lo anterior, se da una coyuntura que es importante aprovechar, porque el inmovilismo será caldo de cultivo para que esta ley sea letra muerta.

Para ello es necesario impulsar un proceso de movilización social y ciudadana amplia que converja hacia el fortalecimiento de los espacios de democratización que esta ley no asegura per se.

Por ejemplo, a nivel comunal, con la convocatoria a  plebiscitos comunales, o en la  fiscalización y co-gestión de programas por parte del nuevo Consejo Comunal, la promoción de presupuestos participativos, o la actualización de las ordenanzas de participación ciudadana en el municipio que permitan arribar a Consejos Comunales que realmente den espacio a la diversidad de actores territoriales.

También a nivel regional o nacional, en los respectivos servicios públicos, con el establecimiento de Mesas Ciudadanas que den seguimiento a la implementación participativa de los reglamentos ministeriales y de los servicios, que sean antesala de Consejos Consultivos lo más autónomos posibles respecto del actual gobierno.

En definitiva, la posibilidad de ejercer influencia en el gobierno local así como en la gestión de políticas locales y sectoriales, se requiere del despliegue y articulación de la ciudadanía para favorecer y posibilitar espacios reales de toma de decisiones para los actores sociales.

La oportunidad de tensionar los espacios de representatividad desde la lógica participativa, sin duda aportará a democratizar nuestra sociedad y a generar sujetos sociales que puedan transformarla, por lo que aprovechar la coyuntura que abre la implementación de la ley 20.500 puede ser un aporte en dicho sentido.

1 Comment so far. Feel free to join this conversation.

  1. Daniela Collao 30 octubre, 2011 at 17:13 - Reply

    Hola, excelente actividad, quisiera contactarme con Claudio Rodriguez, para extenderle una invitación a un seminario local en Quinta Normal. Espero me responda. Atte. Daniela Collao danielac087@@hotmail:disqus .com

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