Llamado a informarse de la nueva Ley sobre participación ciudadana

Publicado en Abr 11, 2011 - 10:25am [1.893 lecturas] .

Claudio Rodríguez, Francisco Estévez, Carlos Sanzzi

Desde febrero de este año, una nueva Ley está rigiendo para las organizaciones sociales, la que cambia sus estructuras y avanza en el resguardo del derecho ciudadano a participar en las decisiones que se toman en los temas públicos.

Se trata de la Ley 20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, respecto de la cual se deben dictar varios reglamentos que la hagan operativa. Esta nueva norma fija  un período de sólo seis meses a contar del 16 de febrero para que los ministerios y servicios públicos adapten sus normativas internas estableciendo las modalidades específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones.

Preocupados por el bajo nivel de información que existe en torno a esta Ley, es que el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL) realizó el jueves 7 de abril un Foro informativo para analizar los alcances de las herramientas que entrega para el empoderamiento civil, y que pueden significar cambios importantes en la cultura e institucionalidad política en nuestro país.

Al encuentro organizado por ICAL, llegaron más de 70 dirigentes sociales de diversas comunas de la Región Metropolitana y estuvo conducido por Claudio Rodríguez, encargado del Área de Desarrollo Local de la entidad, y por dos ex funcionarios del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, el ex director y el ex subdirector de la División de Organizaciones Sociales,  Francisco Estévez, y Carlos Sanzzi, respectivamente, y este último  miembro del Círculo de Políticas Participativas.

En una jornada de dos horas, que comenzó a las 19 horas, se pasó revista a los principales contenidos de la Ley, sus implicancias y desafíos para las organizaciones de base. El público asistente participó en la ronda final de preguntas e intervenciones.

Qué dice la ley.-

En términos generales, esta Ley profundiza la libertad de asociación, promueve la organización social y avanza en la regulación del derecho que tienen las personas a participar en la gestión pública, sus políticas y planes.

De los progresos más llamativos en materias de asociación, en el Foro se resaltó la simplificación de los trámites para constituir una corporación o fundación, es decir, que la Ley rompe con la burocracia que existía para acceder a una personalidad jurídica.

Se evaluó positivamente que se traspasa al Registro Civil e Identificación la inscripción de personas jurídicas sin fines de lucro, lo que antes estaba radicado en el Ministerio de Justicia. Es decir, la constitución de estas instituciones sale de la esfera política y pasa a un organismo técnico.

Una de las reformas trascendentales vistas en el debate, que modifica el Código Civil, es que expande la definición de organización de interés público. Esto significa que a las organizaciones sociales se les reconoce su quehacer en función del bien público, estatus que antes tenían sólo las autoridades.

También se reconoce de forma legal la figura del voluntariado y se establecen derechos y obligaciones entre la organización y los voluntarios.

Se institucionaliza en la Ley de Presupuesto la creación de un Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público, en cuya composición está representada también la sociedad civil.

Respecto a la organización de las juntas de vecinos, se indicó que tendrán reconocimiento jurídico las uniones comunales vecinales y de organizaciones comunitarias funcionales, las que podrán agruparse en federaciones y confederaciones de carácter provincial, regional o nacional.

En cuanto a la participación ciudadana, los participantes del Foro coincidieron en que se trata del reconocimiento de un derecho. No obstante, para Claudio Rodríguez de ICAL, sería una “participación de baja intensidad”, apenas un avance parcial referido al acceso a información y a las cuentas públicas.

Participación en la gestión pública.-

Del contenido de la Ley, se relevó la modificación de la Ley de Bases de Administración del Estado, en que las organizaciones sociales tienen derecho a participar en los procesos de discusión, ejecución y seguimiento de políticas públicas.

Para ello se crean los Consejos de la Sociedad Civil, para todo estamento y servicio público, que son de carácter consultivo e informativo. A nivel comunal, estos Consejos reemplazan a los CESCO, cargos que serán elegidos por elección democrática y representativa. Esto significa que ya no serán nombrados por los alcaldes como venía ocurriendo.

En cuanto al procedimiento de elección de estos consejeros a nivel nacional, el Coordinador del Área de Desarrollo Local de ICAL, remarcó la necesidad de que “la gente haga un seguimiento a la forma en que ejercerá este derecho de mayoría”, dado el peso que el gobierno deja para sí en la conformación de esos Consejos.

De un total de 11 consejeros, seis son elegidos por las organizaciones sociales, tres son a autoridades del poder central y dos son designados por el Presidente de la República, quien también nombra al presidente del Consejo Nacional.

En todo caso, el representante de ICAL refirió que a nivel regional se reproduce el “claro-oscuro” de la nueva norma. De un total de 9 consejeros, cinco son elegidos por las organizaciones sociales de cada región, dos son autoridades de gobierno y dos miembros, con acuerdo del consejo regional, los elige el Intendente, quien designa al presidente del Consejo Regional.

En síntesis, esta nueva institución de los Consejos de la Sociedad Civil preserva una serie de derechos a los ciudadanos que si son conocidas por las organizaciones puede llegar a ser un importante espacio de discusión de las políticas públicas sectoriales y de fiscalización real a nivel comunal.

Los expositores alertaron que durante este primer semestre se producirán las Ordenanzas Comunales de Participación Ciudadana, por lo que es requisito velar porque sea un proceso transparente y democrático.

En este sentido, el ex director de la D.O.S, Francisco Estévez, enunció dos propuestas al auditorio. Primero, llamó a constituir en un plazo de dos semanas una mesa ciudadana ampliada para la elaboración participativa de los reglamentos de la Ley y 20.500, y a partir de esa mesa, la elaboración de un Manual de la Ley para que las personas sepan qué hacer en cada caso, en especial cuando tengan que enfrentar a un consejo nacional, comunal, etc.-

Dirigentes sociales

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